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    La Comunidad de Castilla y León pretende elaborar una nueva norma autonómica sobre Función Pública en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, regulando aquellos aspectos en los que el legislador básico así lo posibilita. La tipología de personal al servicio de las Administraciones Públicas es legislación básica, y por ende, materia común y uniforme para todas ellas. La naturaleza y funciones de cada tipo de personal se encuentra regulada en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, sin que corresponda al legislador autonómico su modificación o eliminación.

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    La Comunidad de Castilla y León pretende elaborar una nueva norma autonómica sobre Función Pública en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, regulando aquellos aspectos en los que el legislador básico así lo posibilita, pero evitando reiterar cuestiones ya reguladas en la legislación básica cuya aplicación resulta directa sin necesidad de ulterior desarrollo por la Comunidad Autónoma. Se agradece la sugerencia, pero resulta innecesario, además de técnicamente incorrecto, reiterar el contenido de preceptos básicos en la ley autonómica. El art. 76 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula dicha clasificación, no permite desarrollo legislativo por las Comunidades Autónomas.

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    Entendemos que es conveniente abordar una valoración técnica y organizativa de las características y número de puestos de trabajo que pueden ser provistos por tal sistema, si bien dicha es en el ámbito de la tramitación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo, previa negociación con los representantes de los empleados públicos, donde debe acometerse dicha cuestión. El anteproyecto normativo se limita a desarrollar el precepto básico del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público en estos particulares, reconociendo este sistema de provisión definitiva de puestos como el adecuado para proveer los puestos de mayor responsabilidad y complejidad, previa convocatoria pública y tras la apreciación discrecional que no arbitraria por el órgano competente sobre la idoneidad profesional de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para su desempeño.

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    La implantación de la evaluación del desempeño, así como sus utilidades y posibles efectos en los diversos ámbitos de la gestión de personas constituyen una obligación para las administraciones públicas establecidas desde el año 2007 con la aprobación del Estatuto Básico del empleado público. La regulación de la misma, como se indica en el actual texto refundido del EBEP, ha de responder necesariamente a los criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.

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    La Comunidad de Castilla y León pretende elaborar una nueva norma autonómica sobre Función Pública en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, regulando aquellos aspectos en los que el legislador básico así lo posibilita, pero evitando reiterar cuestiones ya reguladas en la legislación básica cuya aplicación resulta directa sin necesidad de ulterior desarrollo por la comunidad. Los límites temporales quedarán definidos en la norma por remisión a la regulación estatal básica en la materia.
    En la selección de personal temporal al servicio de la Administración en ningún caso se adjudican puestos de trabajo ni a personal funcionario ni a personal laboral sin haber superado el correspondiente proceso selectivo para el ingreso en los respectivos Cuerpos, escalas o Competencias funcionales.

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    Agradecednos la puntualización y en la tramitación del proyecto normativo se revisará la coherencia y corrección de cada precepto, incluida la del art. 18.
    En relación al contenido previsto en el artículo 19, se estará a la nueva redacción del artículo 10 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. El nuevo precepto estatal básico establece una regulación completa sobre la naturaleza de dicho personal, los supuestos tasados para su nombramiento y las causas y consecuencias del cese, mientras que la normativa en materia de altos cargos y la legislación presupuestaria contemplan previsiones adicionales en relación a incumplimientos o irregularidades en el desempeño del cargo.

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    El artículo 149.1.18 de la CE reserva al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios. El Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público es el resultado del ejercicio de dicha competencia, y en su desarrollo la Comunidad de Castilla y León pretende elaborar una nueva norma autonómica sobre Función Pública, regulando aquellos aspectos en los que el legislador básico así lo posibilita, y evitando reiterar cuestiones ya reguladas en la legislación básica cuya aplicación resulta directa sin necesidad de ulterior desarrollo por la Comunidad Autónoma.
    Se agradecen las aportaciones sobre técnica normativa o erratas de redacción; ambas serán tenidas en consideración en la tramitación del texto.

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    Ah! Y se me olvidaba, hay que retener talento (que lo tenemos y a raudales) y hacer que el que ha emigrado vuelva para quedarse.

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