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    Fuera todas las libres designaciones.
    Se trata de otro de los muchos mamoneos con los que cuentan nuestros políticos para hacer y deshacer a su antojo.

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    La Comunidad de Castilla y León pretende elaborar una nueva norma autonómica sobre Función Pública en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, regulando aquellos aspectos en los que el legislador básico así lo posibilita, pero evitando reiterar cuestiones ya reguladas en la legislación básica cuya aplicación resulta directa sin necesidad de ulterior desarrollo por la Comunidad Autónoma. Los principios rectores de la función pública autonómica son, como no podía ser de otra forma, los establecidos con carácter básico en el texto refundido del Empleado Público, a los cuales se remite expresamente la norma autonómica.

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    La aprobación y modificación de las Relaciones de Puestos de trabajo debe seguir un procedimiento ágil y sencillo que logre adaptar dichas relaciones a las necesidades cambiantes de la organización, por lo que se estima más conveniente residenciar tal competencia en el titular de la Consejería competente en materia de Función Pública, previa negociación.

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    La 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León ya incorporó en los artículos 64 y 66 de la vigente Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León esa nueva regulación así como la previsión del desarrollo reglamentario. El citado reglamento está sujeto a los límites formales y materiales, en especial al de legalidad y reserva normativa, así como al control de los tribunales de justicia.

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    Entendemos que el principio de transparencia en la actuación de los tribunales calificadores para acceso a la función pública es una transmutación al proceso selectivo de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, de forma que se posibilite que todos los aspirantes se encuentren en las mismas condiciones. La regulación contenida en el anteproyecto normativo en estos particulares es suficiente para asegurar tal principio. Son las bases de cada convocatoria las que, en atención a las características del respectivo proceso selectivo, establecen la puntuación necesaria para superar cada ejercicio y en su caso, de resultar preciso, habilitan al tribunal calificador para establecer criterios de valoración.

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    La Comunidad de Castilla y León pretende elaborar una nueva norma autonómica sobre Función Pública en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, regulando aquellos aspectos en los que el legislador básico así lo posibilita, pero evitando reiterar cuestiones ya reguladas en la legislación básica cuya aplicación resulta directa sin necesidad de ulterior desarrollo por la Comunidad Autónoma. Respecto al resto de aportaciones, se analizará su viabilidad.

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    La Comunidad de Castilla y León pretende elaborar una nueva norma autonómica sobre Función Pública en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, regulando aquellos aspectos en los que el legislador básico así lo posibilita, pero evitando reiterar cuestiones ya reguladas en la legislación básica cuya aplicación resulta directa sin necesidad de ulterior desarrollo por la Comunidad Autónoma. Las cuestiones apuntadas en la portación son materia ya regulada en la legislación básica.

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    La regulación del personal directivo profesional se inserta en el modelo de empleo público diseñado por nuestra Constitución y constituye un aspecto esencial para la modernización de las Administraciones Públicas. Así lo entendió el legislador estatal básico configurándolo en el EBEP como una clase más de empleado público. Con el desarrollo autonómico que se prevé en el anteproyecto normativo se logra la clara diferenciación de la función política de la función directiva profesional.

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    La Comunidad de Castilla y León pretende elaborar una nueva norma autonómica sobre Función Pública en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, regulando aquellos aspectos en los que el legislador básico así lo posibilita. No es el caso de las pagas extraordinarias, que a tenor de lo dispuesto en dicha normativa, son dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, con la excepción de las previstas en los apartados c y d del artículo 24 del citado texto refundido.

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    Su aportación será objeto de estudio y consideración. Entendemos que, como regla general, los puestos de trabajo deben quedar adscritos a un determinado Cuerpo o Escala, sin perjuicio de que será, en cada caso, la especificidades de titulación requerida, la complejidad de las funciones y el resultado de la negociación con los representantes del personal lo que determine finalmente en las respectivas relaciones de puestos de trabajo Cuerpo, escala o especialidad de adscripción de cada puesto.

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    Nunca he entendido cómo es posible que un mismo puesto de trabajo pueda estar adscrito a más de un Subgrupo (antes llamado Grupo), si para acceder a cada Subgrupo se exigen titulaciones diferentes y pruebas de acceso distintas. Supongo que los sindicatos tendrán buena culpa de ello (como de tantas otras cosas).

    Además, desde mi punto de vista, esto podría constituir un delito de malversación de fondos públicos. En el momento en el que un mismo puesto de trabajo pueda ser desempeñado por un trabajador de un determinado Subgrupo que tiene un sueldo X y, al mismo tiempo, por otro trabajador de otro determinado Subgrupo que tiene un sueldo X+1, la Administración tiene la obligación de mirar por los recursos públicos disponibles y emplear al que tenga un menor sueldo. Todo lo que no sea así es ir en contra del interés de la Hacienda Pública.

    Por tanto, y ya que se han metido en el fregado de dedicar un artículo a los puestos de trabajo, esta cuestión debería quedar perfectamente regulada en el artículo 77 del nuevo anteproyecto de ley.

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    Se ha valorado como actuación de interés público y en beneficio de los destinatarios de la norma acometer en esta legislatura el desarrollo legislativo del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, actuación normativa que resulta imprescindible habida cuenta de que la actual Ley 7/2005, de 24 de mayo de la Función Pública de Castilla y León data de una época anterior al dictado de la Ley del citado Estatuto aprobado en 2007 y que, a su vez, fue objeto de sucesivas modificaciones e incorporaciones de preceptos dispersos en diferentes normas, finalmente refundidas y armonizadas en el Real Decreto Legislativo de 2015, y que, a su vez, se ha visto modificado de nuevo en los últimos años. Dado su carácter de norma básica, la ley autonómica se ha visto precisada de diferentes modificaciones parciales para su adaptación a los cambios operados en la materia por el legislador estatal.
    La…

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