Luis M.

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    No tendría porque ser así si la Administración ejerce sus funciones de inspección con rigor y a la mínima irregularidad cierra el taller.
    De todas maneras, si no te gusta el modelo privado, podemos ir al otro extremo y que hagan públicas (que gestione directamente la Administración) la estaciones de ITV.
    Lo de las concesiones administrativas son auténticos monopolios que no benefician en nada ni al ciudadano ni a la Administración, única y exclusivamente benefician a la empresa concesionaria.

    Y, en cualquier caso, se utilice un modelo u otro, lo que hay que hacer en Castilla y León es regular el precio máximo que debe tener el servicio y que, en ningún caso, debería exceder del precio medio a nivel nacional (y eso siendo muy generosos, porque, si tenemos en cuenta el peso de CyL en la economía nacional, tendría que estar muy por debajo de la media).
    Lo que no se puede es estar a la cabeza de las tarifas de la ITV con sueldos tercermundistas.

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    No me compares los reconocimientos médicos con lo de la ITV.
    Además, cuando pasa eso que dices tú es porque la Administración no ejerce ningún tipo de control o lo hace mal.
    Si la Administración está todo el día encima (tanto de los centros de reconocimiento como de las estaciones de la ITV) y, cada vez que detecte una irregularidad, sancionara severamente, te digo yo que eso no pasaba. Pero no hay ningún tipo de interés en hacerlo. A saber el motivo.
    Y el precio de estos servicios debería estar regulado, al menos, estableciendo un precio máximo.

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    La más barata en gasolina es Andalucía (26,19 euros para vehículos de menos de 1.600 cc).
    Y la más barata en diésel es Extremadura (28,39 euros).
    Ambas con gestión pública de las estaciones de la ITV, sin empresa concesionaria de por medio.

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    "Pasar la ITV al coche o a la moto no tiene el mismo precio en todas las comunidades autónomas. La asociación de consumidores Facua ha analizado el precio de las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), un control obligatorio. El informe que han presentado este lunes confirma que "hay diferencias de hasta el 74,4% en los turismos con motores de gasolina y del 98,8% en los diésel, en función de la comunidad autónoma en la que se realice".

    Según Facua, "el precio medio de la ITV en las diecisiete comunidades autónomas en la actualidad es de 35,44 euros para los turismos de gasolina y de 42,11 euros para los equipados con motor diésel".

    La ITV más cara para los gasolina

    Euskadi es la comunidad con la tarifa de ITV más alta para turismos de gasolina, 44,48 euros. En segundo lugar, Cantabria, con 41,95 euros. La tercera, la Comunidad de Madrid, donde la media de las estaciones encuestadas, que fijan las tarifas sin regulación autonómica, es de 40,37 euros.

    La ITV más barata para los gasolina

    Las comunidades que registran las tarifas más económicas para las inspecciones de turismos de gasolina son Andalucía (26,19 euros para los vehículos de menos de 1.600 centímetros cúbicos y 35,40 euros en el resto), Murcia (26,40 euros en la única estación explotada directamente por el Gobierno autonómico, en la localidad de Alcantarilla) y Extremadura (28,39 euros en las estaciones bajo control directo de la Administración).

    La ITV más cara para los diésel

    En cuanto a las tarifas de las ITV para turismos diésel, la Comunidad de Madrid es la más cara, 56,44 euros de media. Le siguen los 48,73 euros que supone en las ITV privadas en la Región de Murcia (frente a los 35,00 euros en la única de gestión pública). En tercer lugar, los 48,35 euros que cuesta en Mallorca (en Baleares las tarifas son aprobadas por cada consell insular).

    La ITV más barata para los diésel

    En cuanto a las tarifas más bajas para las ITV de los turismos diésel, son las de las estaciones públicas de Extremadura (28,39 euros), Navarra (29,40 euros) y las de Andalucía para turismos de menos de 1.600 cc. (30,79 euros).

    La ITV para motocicletas

    La tarifa media de las tarifas para pasar la ITV de una motocicleta en las diecisiete comunidades autónomas de 20,11 euros. Las más caras están en la Comunidad de Madrid, donde el precio medio de las estaciones comparadas por Facua -tienen las tarifas liberalizadas- es de nada menos que 35,96 euros. En el otro extremo, Canarias, donde supone 14,27 euros. La diferencia alcanza el 152,0%.

    ¿Dónde sube más la ITV?

    El análisis de las ITV realizado por FACUA este año refleja que la Comunidad Valenciana es la que ha experimentado más cambios. De hecho, es la comunidad con la mayor subida (un 7,1%) para las inspecciones de los vehículos de gasolina y con la mayor bajada (un 9,3%) para las de diésel.

    Aragón, Euskadi y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han experimentado incrementos del 2,3% en todas las tarifas analizadas (gasolina, diésel y motocicletas).

    ¿Dónde sube menos la ITV?

    Los precios han bajado en Cantabria (un 2%), Comunidad de Madrid (un 0,1% en turismos de gasolina y un 0,5% en vehículos diésel y motocicletas) y Región de Murcia. En este último caso, se ha producido un descenso del 2,1% en las estaciones privadas, mientras que en la única de gestión pública ha bajado el 2,2% en la tarifa para turismos de gasolina y el 6,4% en los de diésel".

    "¿Dónde es más caro y más barato pasar la ITV?" - Cadena SER - hace 2 días

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    Está claro que donde sale más barato pasar la ITV es en aquellas CCAA donde está gestionada por una empresa pública.

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    “De esta forma, se pueden distinguir dos regímenes distintos, uno general para todos los altos cargos y otro limitado para los altos cargos de los organismos reguladores.

    A) Régimen general

    En este supuesto, la limitación para el ejercicio de actividades privadas recae sobre los altos cargos que hayan participado en decisiones que hayan afectado a la entidad a la que pretendan incorporarse.

    La Ley 3/2015 ha ampliado este ámbito y ha incluido a las entidades que pertenezcan al mismo grupo societario. Una extensión que debe valorarse positivamente pues de otra manera resultaba enormemente sencillo eludir esta limitación. Con todo, existen vacíos con esta previsión que ha resaltado Betancor cuando manifiesta que <<el ámbito subjetivo de la prohibición ya plantea problemas iniciales. ¿Qué sucede con las entidades vinculadas o dependientes de las empresas que no forman parte del grupo societario? ¿Qué sucede con las fundaciones de las empresas? En puridad no forman parte del grupo societario. No forman parte porque no son “sociedades” que comparten el mismo titular. Así, un alto cargo podría sortear la prohibición si presta servicios para una de estas fundaciones. Igualmente sucedería con las asociaciones empresariales. En ambos casos, no serían entidades “afectadas” por el ejercicio de sus funciones. Cabría la posibilidad de incluir a las asociaciones empresariales por una suerte de afectación indirecta, pero no habría duda de que dicha afectación no se produciría en el caso de las fundaciones>>. Pero es mucho más transcendente, siguiendo al mismo autor, que la prohibición se refiera a prestar servicios en dichas entidades. <<¿Qué sucede si el alto cargo pasa a trabajar para un despacho de abogados que, a su vez, presta servicios a empresas sometidas a regulación? ¿O si lo hace para un lobista? No estaría sujeto a restricción alguna. La intermediación de un tercero que sí podría prestar servicios a la empresa podría romper la prohibición. Es un fallo muy relevante que cuestiona, una vez más, la eficacia de la prohibición>>.
    Al margen de estas relevantes cuestiones debemos señalar que la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado tenía un ámbito aparentemente más amplio en la medida que prohibía que los ex altos cargos pudieran <<desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado>> -art. 8.1 -, mientras que la Ley 3/2015 lo restringe a la prestación de servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que el cargo hubiera participado”.

    “Situación de los altos cargos tras el cese” - 13/07/2017

    José María Pérez Monguió. Profesor titular de Derecho administrativo en la Universidad de Cádiz.
    El artículo se publicó en el número 45 de la Revista General de Derecho Administrativo (Iustel, mayo 2017).

    http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507602

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    “El plazo en el que los altos cargos tienen limitaciones para el ejercicio de actividades profesionales en el ámbito privado es y será una cuestión no ajena a la disparidad de criterios entre los que creen que la mejor opción se encuentra en extender el máximo la limitación de la actividad privada que pueda tener cierta vinculación con el desempeño del alto cargo, de aquellos otros que estiman más adecuadas las fórmulas que reducen al mínimo tiempo las limitaciones tras el cese. Un tiempo de espera que como manifiesta el Informe Nolan <<no son castigos sino un modo de mantener la confianza pública>>. Es decir, persiguen evitar no sólo el abuso o uso de información privilegiada y de contactos, sino también del daño que causa la imagen de los ex altos cargos haciendo uso del fenómeno de las puertas giratorias. Sin embargo, la limitación temporal exclusivamente evita la <<incorporación durante un tiempo>>, pues transcurrido el mismo el hecho será inevitable. Por tanto, quizá haya que buscar nuevos instrumentos para evitar la corrupción en este campo aunque el camino es complejo, pues las puertas giratorias no solo se encuentran entre los altos cargos al cesar y al incorporarse posteriormente al sector empresarial sino también, no lo olvidemos, en el sector empresarial que emplea esta técnica para ubicar a su personal en altos cargos de la Administración, para que posteriormente regrese a la empresa en un movimiento giratorio de 360 grados”.

    “Situación de los altos cargos tras el cese” - 13/07/2017

    José María Pérez Monguió. Profesor titular de Derecho administrativo en la Universidad de Cádiz.
    El artículo se publicó en el número 45 de la Revista General de Derecho Administrativo (Iustel, mayo 2017).

    http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507602

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    “En este sentido, como apuntó el Informe del Tribunal de Cuentas núm. 1.152, de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y el régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal, ejercicio 2012-2014, la Oficina de Conflictos no valoró los supuestos de posible conflicto de interés cuando el ex alto cargo inició <<una actividad, aunque fuese privada, en una empresa de nueva creación (ya que uno de los criterios de la LCI para declarar el conflicto de intereses era que la empresa en la que el alto cargo fuera a prestar sus servicios hubiese tenido alguna relación con la entidad en la que desempeñó el cargo)>>. Sin embargo, este Tribunal consideró, con buen criterio, que, en estos casos, también se pueden producir conflictos de intereses y se debería tramitar un procedimiento para su valoración que, en algunos casos, vendría exigido por la normativa propia de las distintas entidades. Esta previsión no se ha incorporado a la nueva Ley 3/2015, hecho del que se pueden derivar problemas significativos en la medida que se ha contemplado una visión simple de las puertas giratorias en la que únicamente se recoge la cautela de evitar que los ex altos cargos puedan incorporarse a empresas o entidades que se vieron afectadas por sus decisiones. Sin embargo, no se preocupa ni ocupa de la posibilidad de que el ex alto cargo se incorpore a una nueva empresa o realice actividad profesional con el fin de “emplear” sus contactos y conocimientos recientes para su beneficio, en una situación que claramente debería estar en el marco del conflicto de intereses.

    También resulta necesario referirse a la prohibición absoluta que el artículo 15.5 de la Ley 3/2015 impone a todos los altos cargos que hayan participado en decisiones que hayan afectado a las empresas o entidades, durante el periodo de dos años tras el cese, de celebrar por sí mismos o a través de entidades participadas por ellos directa o indirectamente en más del diez por ciento, contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con la Administración Pública en las que hubieran prestado servicios, directamente o mediante empresas contratistas o subcontratistas, siempre que guarden relación directa con las funciones que ejercía el alto cargo.
    Esta previsión supone una atemperación en el rigor de la limitación que se encontraba en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado -art. 8.3 -que como dejó de relieve el Consejo de Estado en el Dictamen al Anteproyecto <<la citada Ley se extiende a determinados tipos de contratos a celebrar con cualquier Administración Pública) y que consiste en reducir la limitación a determinados contratos celebrados con la Administración Pública en la que el alto cargo hubiera prestado servicios, y siempre que el contrato guarde relación directa con las funciones que ejercía el alto cargo, lo que también supone reducir el ámbito objetivo de aplicación de la limitación en el ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese respecto del actualmente vigente>>.

    En este sentido, Betancor denomina este régimen como <<puerta de doble giro>> de la Administración al sector privado y de este a la Administración. El primer giro, en virtud de un contrato de empleo y el segundo, de un contrato de prestación de servicios que pretende evitar que el alto cargo se beneficie de sus contactos para obtener contratos con la misma Administración donde desempeñó su función.

    Con todo, pese a las posibles mejoras y avances de la Ley 3/2015 en relación a las incompatibilidades de los altos cargos tras el cese, lo cierto es que la norma continúa en una misma dimensión tradicional de las puertas giratorias. Una dimensión que pretende evitar que aquellos puedan <<favorecer>> a empresas privadas, en términos generales, durante el desempeño de su cargo con el fin de lograr una vía de incorporación tras el cese, como un mecanismo de pago por los servicios o favores prestados. Sin embargo, existe otra dimensión muy significativa e igualmente peligrosa que podría pasar absolutamente desapercibida que consiste en <<reclutar>> al cesado en empresas, generalmente con unas remuneraciones muy significativas, en sectores en los que el alto cargo tuvo responsabilidades durante el desempeño del cargo, pero de los que adolecía de ninguna experiencia con anterioridad“.

    “Situación de los altos cargos tras el cese” - 13/07/2017
    José María Pérez Monguió. Profesor titular de Derecho administrativo en la Universidad de Cádiz.
    http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507602

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    “El cese de los altos cargos es una parte esencial del régimen jurídico de los mismos en cuanto que establece las pautas y controles que permiten el regreso a la “vida privada” sin que existan o se produzcan situaciones no deseables, como el caso de las cuestionadas puertas giratorias, régimen de influencias o de enriquecimiento no justificado. Por estos motivos y otros muchos, a lo largo de las distintas leyes estatales que se han ido promulgado desde el inicio de la democracia, el régimen de los cargos tras el cese ha ido cobrando una mayor dimensión y depurándose hasta el día de hoy.
    De esta manera, al margen de la obligación de realizar durante dos años las declaraciones de actividades y de bienes y derechos, se ha establecido, como novedad en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, el examen de la situación patrimonial de los altos cargos, que tiene como objeto detectar posibles irregularidades que denoten sobre todo un aumento patrimonial que no pueda justificarse al amparo de los emolumentos recibidos durante el tiempo que se mantuvo su nombramiento.
    Una parte importante de la regulación se ocupa de las limitaciones al ejercicio de actividades privadas tras el cese con el propósito de evitar las llamadas puertas giratorias, estableciéndose un plazo de dos años en el que existen limitaciones y controles, entre los que se encuentra la “autorización” por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses, como requisito previo e insustituible al desempeño de la nueva actividad.
    Pese a que el sistema articulado por la nueva Ley supone un avance en cuanto a los controles del enriquecimiento patrimonial de los altos cargos y de las declaraciones de actividades y de bienes y derechos, no estamos convencidos de que haya sucedido lo mismo en el régimen de la reincorporación de los altos cargos a la vida privada, pese a que se haya depurado y mejorado con respecto a la derogada Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, pues quizá se requiera un cambio de concepción del sistema”.

    “Situación de los altos cargos tras el cese” - 13/07/2017

    José María Pérez Monguió. Profesor titular de Derecho administrativo en la Universidad de Cádiz.
    El artículo se publicó en el número 45 de la Revista General de Derecho Administrativo (Iustel, mayo 2017).

    http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507602

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    “Una de las cuestiones necesarias para la profesionalización de la dirección pública es la de objetivar las causas de cese de los mismos, reconduciendo la discrecionalidad del cese a tipos tasados previos. Este cese debe ser motivado, con arreglo a un procedimiento formalizado, que permita un trámite de audiencia al interesado y cuya notificación sea personal y no pública, salvo que la naturaleza del cese o a petición del interesado lo exija.

    Entre las causas que han de regularse estarían las de cumplimiento del mandato, renuncia, incapacidad sobrevenida, condena en sentencia firme por delito doloso o el incumplimiento de las funciones asignadas.

    La posibilidad de destitución de los directivos por el Consejo de Ministros en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones, a propuesta de la autoridad administrativa independiente, constituye un elemento destinado a garantizar un comportamiento íntegro, así como una completa rendición de cuentas de los objetivos alcanzados en el marco del programa de gobierno.

    La apreciación del incumplimiento de las funciones debería sustanciarse, bien en la sanción de destitución aplicable en los supuestos de falta grave o muy grave del régimen disciplinario en materia de buen gobierno, conflicto de intereses o régimen económico‐presupuestario, o bien en un rendimiento insuficiente apreciable mediante criterios objetivos y mediante un procedimiento apropiado.

    La destitución debería ser acordada por el Consejo de Ministros, previa iniciación, instrucción y elevación de la propuesta de destitución por la autoridad administrativa independiente, ya sea en el curso del oportuno procedimiento sancionador, ya a resultas del procedimiento por rendimiento insuficiente.

    Por lo tanto se propone se regule un régimen de causas objetivas de cese. Sin pretender ser exhaustivos, se propone, a título informativo, las siguientes causas:

    El personal directivo cesa en un puesto de tal naturaleza por las siguientes causas:

    a) Las generales previstas en la normativa de función pública, en cuanto sean de aplicación a las específicas características de la condición de personal directivo público.
    b) La existencia de una evaluación negativa de su gestión, en los términos que de dicho concepto establezcan las normas que desarrollen la evaluación de los directivos.
    c) La pérdida de la condición para ostentar puestos de carácter directivo.
    d) La extinción del puesto directivo en cuestión, con motivo de una reforma o reconfiguración organizativa.
    e) La expiración de su periodo de mandato,
    f) A petición propia,
    g) Por separación acordada por el Consejo de Ministros, previa incoación del correspondiente procedimiento por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la imposición de sanción por falta grave o muy grave, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso”.

    EL ESTATUTO DEL DIRECTIVO PÚBLICO – FEDECA - Cuerpos Superiores de la Administración - Septiembre 2018

    https://www.fedeca.es/sites/default/files/ESTATUTO%20DIRECTIVO%20PU%CC%81BLICO-Sept%202018%20%281%29.pdf

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    Por otro lado, lo razonable sería que si se produce una denegación de compatibilidad durante el plazo de los cinco años tras el cese, para los casos en que no existe prestación compensatoria o incluso cuando se ha agotado, se estableciese alguna medida de prestación compensatoria de naturaleza económica.

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    Durante el periodo de los cinco años siguientes a su cese o despido, los altos cargos deberían comunicar a la Comisión de Ética Pública (u otro órgano independiente creado al efecto), con carácter previo a su inicio, las actividades privadas que pretendan desarrollar.

    La Comisión de Ética Pública (u otro órgano independiente creado al efecto) deberá pronunciarse en el plazo de siete días desde la comunicación anterior sobre la compatibilidad de la actividad a realizar. Transcurrido dicho plazo, sin que exista pronunciamiento expreso, habrá de entenderse denegada la autorización para el desarrollo de las actividades privadas comunicadas.

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    Dentro de las limitaciones derivadas del cese que contiene la normativa actual (Ley 3/2016), el plazo de los dos años siguientes al cese debería ampliarse a 5 años.

    La prohibición para prestar servicios en entidades privadas durante el plazo anteriormente señalado debería extenderse a los altos cargos que tras su cese se incorporen a la entidad privada en la que hubieran prestado servicios antes de su nombramiento.

    Resulta especialmente preocupante aquellos altos cargos que acceden a tal condición desde la empresa privada, ejercen en departamentos públicos relacionados directa o indirectamente con sus empresas y que tras el cese vuelven a esas mismas empresas o a otras participadas por estas (por supuesto, en cargos de responsabilidad).

    También deberían ser objeto de especial seguimiento y control aquellos funcionarios que sean jueces, abogados, fiscales, inspectores varios, miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etc. que sean nombrados altos cargos y que cuando vuelvan a su puesto de trabajo tengan que juzgar o investigar a antiguos compañeros ex-altos cargos, o al partido político de turno; y que aunque se abstengan de actuar/resolver pudieran ejercer cierta 'presión' o 'influencia' sobre otros compañeros que tengan que hacerlo.

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    “La actuación de los directivos públicos proyecta la imagen de la institución ante la sociedad.
    Para que esta imagen permita fortalecer la confianza ciudadana en la administración, resulta esencial someter la actuación de los directivos públicos a un código de conducta que asegure el cumplimiento de los principios de integridad, ejemplaridad, respeto, honestidad, objetividad en la toma de decisiones, profesionalidad, y eficiencia en la gestión.

    Además existe actualmente cierta dispersión en cuando a los principios, derechos y deberes que deben regir la actuación de los directivos públicos (Ley de Transparencia y Buen Gobierno,
    EBEP, Ley del Alto Cargo, régimen de incompatibilidades….) por lo que se propone se compilen en el Estatuto del Directivo Público su código de comportamiento.

    Sin pretender ser exhaustivos, se propone, a título informativo, lo siguiente.

    Los principios que guiarán la acción de los directivos públicos son:

    - El respeto a la dignidad de la persona.
    - El respeto a la Constitución y la promoción de las instituciones del Estado social y democrático de Derecho.
    - La búsqueda permanente del interés general.
    - La imparcialidad y la objetividad.

    El personal directivo profesional, cuando ocupe un puesto de trabajo de tal naturaleza, tendrá los siguientes derechos:

    - Al desempeño efectivo de las funciones.
    - A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón de servicio.
    - A participar en la consecución de objetivos.
    - A la defensa jurídica.
    - Al respeto de su intimidad.
    - A la no discriminación.
    - A la libertad de expresión.
    - A la seguridad social y salud.
    - A las vacaciones”.

    EL ESTATUTO DEL DIRECTIVO PÚBLICO – FEDECA - Cuerpos Superiores de la Administración - Septiembre 2018

    https://www.fedeca.es/sites/default/files/ESTATUTO%20DIRECTIVO%20PU%CC%81BLICO-Sept%202018%20%281%29.pdf

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    El Código Ético y de Austeridad debería ser revisado y aprobado por las Cortes de Castilla y León (mediante ley). En ningún caso debería tener nada que ver la Junta y la Administración autonómica con la elaboración y aprobación de este Código.

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    “Los candidatos al proceso de selección de directivos públicos han de identificar cuáles son los planes de actuación que proponen en el área de su responsabilidad y cómo se vinculan a las prioridades de la acción de Gobierno y a las disponibilidades presupuestarias (carta de mandato). El Ministro proponente dispondría asimismo de la potestad de examinar los programas de actuación presentados por los candidatos en el curso del procedimiento de selección, que han de estar vinculados a los ejes de la acción del programa de gobierno.

    Este elemento es esencial, ya que no se trata de desvincular la actuación de los directivos públicos de la dirección política que la Constitución encomienda al Gobierno. Las políticas públicas no tienen mero carácter técnico o neutral, sino que comportan la realización de un diagnóstico diferenciado de los problemas de política pública y la priorización política de unos objetivos sobre otros.

    A lo largo de su gestión, el personal directivo será evaluado con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que le hayan sido fijados, tal y como señala la exposición de motivos del EBEP.

    Para asegurar el cumplimiento de los objetivos, el personal directivo debería someterse a una periódica evaluación del desempeño, así como a una rendición de cuentas articulada en torno a un contrato programa.

    Por otra parte, un componente esencial de sus retribuciones debería estar ligado a esta evaluación del desempeño. El control de los resultados de gestión resulta asimismo determinante para garantizar una posible prórroga, así como la permanencia en el puesto, ya que pueden ser cesados en caso de rendimiento insuficiente.

    En consecuencia, se propone que se regule un sistema de evaluación de la gestión de los directivos públicos, con incidencia directa en las retribuciones y en la permanencia en el puesto.

    Sin pretender ser exhaustivos, se propone, a título informativo, el siguiente posible procedimiento:

    El personal directivo estará sujeto en el desempeño de su puesto de trabajo directivo a la evaluación del desempeño de su actividad como tal. Esta evaluación tiene por objeto determinar el comportamiento del directivo público y profesional en relación con los siguientes contenidos:

    a) Planificación y gestión de proyectos.
    b) Gestión de recursos.
    c) Dirección de personas.

    A este respecto, la Administración General del Estado publicará los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente.

    Corresponde al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas del personal directivo, en especial, las derivadas de su carta de mandato”.

    EL ESTATUTO DEL DIRECTIVO PÚBLICO – FEDECA - Cuerpos Superiores de la Administración - Septiembre 2018

    https://www.fedeca.es/sites/default/files/ESTATUTO%20DIRECTIVO%20PU%CC%81BLICO-Sept%202018%20%281%29.pdf

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    “Una democracia y una economía sólidas solo pueden basarse en la meritocracia; en las elites que lo son por el mérito, la inteligencia, la capacidad y el esfuerzo. Lo demás no es democrático”.

    Esther Vera i García

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    Debería incluirse un título específico en la nueva norma destinado al régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades, que debería regular, al menos, los siguientes aspectos:

    Definición de conflicto de intereses.
    Sistema de alerta para la detección temprana de conflictos de intereses.
    Dedicación exclusiva al cargo.
    Limitaciones patrimoniales en participaciones societarias.
    Limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese.
    Declaración de actividades.
    Declaración de bienes y derechos.
    Control y gestión de valores y activos financieros.

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    “Para acabar con la excesiva rotación en estos puestos clave, normalmente ligados al cambio de titularidad de los órganos superiores que los nombran, resulta necesario garantizar la estabilidad del puesto mediante la fijación de un período de permanencia superior al del mandato del órgano que procede a la designación.

    Cinco años puede ser un período de permanencia adecuado, superior al de una legislatura, y que posibilita un adecuado traspaso de funciones entre equipos directivos. Es decir, como decíamos al principio de este documento, se trata de lograr la necesaria estabilidad en el modelo y en los propios directivos.

    El período de nombramiento podría además ser objeto de una prórroga, siempre que la debida evaluación del rendimiento resulte satisfactoria. Para ello es necesaria una evaluación previa de su rendimiento con arreglo al compromiso adquirido en la carta de misión correspondiente.
    Ello no significaría una renovación automática, ya que corresponderá al órgano de designación decidir si renueva o procede a una nueva convocatoria del puesto. Igualmente se podría prever un periodo de prueba de unos meses posteriores al primer nombramiento.

    Por consiguiente, se proponen periodos predeterminados de nombramiento respecto de los directivos públicos”.

    EL ESTATUTO DEL DIRECTIVO PÚBLICO – FEDECA - Cuerpos Superiores de la Administración - Septiembre 2018

    https://www.fedeca.es/sites/default/files/ESTATUTO%20DIRECTIVO%20PU%CC%81BLICO-Sept%202018%20%281%29.pdf

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    “Respecto de los directivos del sector público institucional estatal sin condición de administración (empresas públicas,…) se propone que, a diferencia de los directivos de la AGE, en sentido estricto, corresponda al mismo órgano la selección y el nombramiento. No obstante, previamente al nombramiento sería necesario que se acreditase, de forma genérica y sin perjuicio de las pruebas específicas que para el desarrollo del puesto directivo concreto se requieran, que quienes se pretende nombrar en puestos directivos, cumplen con las condiciones establecidas como requisitos previos y honorabilidad antes desarrollados. Igualmente que suscriba una planificación estratégica de su mandato, que pueda ser evaluable.

    Sin pretender ser exhaustivos, se propone, a título informativo, el siguiente posible procedimiento:

    La designación de directivos del sector publico institucional para un puesto directivo se ajustará a los principios de mérito y capacidad, así como a criterios de idoneidad, competencia profesional y experiencia, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

    Previamente a su nombramiento, el órgano competente para proponer el nombramiento, remitirá a la autoridad administrativa independiente los datos de la persona que se pretende designar, para que se acredite que cumple con los requisitos previos exigidos para todo directivo público.

    El directivo público deberá, además, suscribir una declaración responsable en la que manifestará, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos de idoneidad para ser nombrado, especialmente la ausencia de causas que impidan la honorabilidad requerida y la veracidad de los datos suministrados en el proceso de selección, que dispone, cuando sea susceptible de ello, de la documentación que así lo acredita, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo que ocupe el puesto.

    Igualmente el directivo público debe suscribir y hacer pública una carta de mandato, previamente a su aprobación por el órgano competente para proponer el nombramiento, en el detalle los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos de su cargo, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución”.

    EL ESTATUTO DEL DIRECTIVO PÚBLICO – FEDECA - Cuerpos Superiores de la Administración - Septiembre 2018

    https://www.fedeca.es/sites/default/files/ESTATUTO%20DIRECTIVO%20PU%CC%81BLICO-Sept%202018%20%281%29.pdf

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    “La confianza predicable de la relación entre el directivo público y los equipos de gobierno ha de vincularse a la elección por el Consejo de Ministros, en el caso de los directivos de mayor nivel, o de la autoridad de designación, en el resto de los casos, de uno de los candidatos de la terna seleccionada por la autoridad administrativa independiente encargada de la selección.

    En este sentido, no se priva al Gobierno de su competencia para decidir los nombramientos, que resulta inseparable de sus potestades de dirección política, ni del carácter electivo de los nombramientos, ya que la intervención del organismo de selección se concibe como un apoyo destinado a garantizar la idoneidad de los candidatos que resulten finalmente designados.

    ............................................

    Sin pretender ser exhaustivos, se propone, a título informativo, el siguiente procedimiento:

    La propuesta de nombramiento que eleve el órgano competente deberá incluir a alguno de los candidatos considerados aptos por la autoridad administrativa independiente encargada de la selección.

    El directivo público deberá suscribir una declaración responsable en la que manifestará, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos de idoneidad para ser nombrado, especialmente la ausencia de causas que impidan la honorabilidad requerida y la veracidad de los datos suministrados en el proceso de selección, que dispone, cuando sea susceptible de ello, de la documentación que así lo acredita, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo que ocupe el puesto.

    Igualmente el directivo público debe suscribir y hacer pública una carta de mandato, previamente a su aprobación por el órgano competente para proponer el nombramiento, en el detalle los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos de su cargo, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución”.

    EL ESTATUTO DEL DIRECTIVO PÚBLICO – FEDECA - Cuerpos Superiores de la Administración - Septiembre 2018

    https://www.fedeca.es/sites/default/files/ESTATUTO%20DIRECTIVO%20PU%CC%81BLICO-Sept%202018%20%281%29.pdf

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    “Una de las claves del éxito en la selección de los directivos públicos en el derecho comparado es la atribución a una autoridad distinta del órgano de designación de la competencia para acreditar el mérito y capacidad de los candidatos. Esta autoridad estaría especializada en este cometido, realizándola de forma centralizada con arreglo a los principios de idoneidad, publicidad y concurrencia.

    …………………….

    La selección de los directivos públicos atenderá a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad. Por tanto, solo quienes reúnan tales características, es decir, ser idóneos para el desempeño de un puesto directivo por ser merecedores de ello en atención a su capacidad, podrán ser designados para un específico puesto directivo.

    La regulación debe prever un procedimiento público, transparente y competitivo de selección, previa identificación del perfil del puesto que se pretende cubrir mediante convocatoria pública, y que puede desenvolverse a lo largo de varias fases.

    Sin pretender ser exhaustivos, se propone, a título informativo, el siguiente posible procedimiento:

    La designación de directivos para un puesto directivo se ajustará a los principios de mérito y capacidad, así como a criterios de idoneidad, competencia profesional y experiencia, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

    El procedimiento se iniciará por el órgano competente para proponer el nombramiento, mediante convocatoria remitida a la autoridad administrativa independiente encargada de la selección, en la que se indicará la titulación académica exigible, la experiencia y conocimientos requeridos, las competencias directivas, así como cuantos criterios se consideren relevantes en función de las características del puesto convocado. Deberá especificarse la puntuación atribuida a cada uno de estos requisitos y la mínima total necesaria para, en su caso, ser propuesto como candidato. La convocatoria contendrá asimismo una indicación de la misión del órgano del que el alto cargo finalmente designado sea titular.

    Una vez informada favorablemente por la autoridad administrativa independiente encargada de la selección, se procederá, por el órgano competente para proponer el nombramiento, a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y en el Portal de Transparencia.

    El procedimiento de selección se encomendará entonces a un jurado de la autoridad administrativa independiente encargada de la selección, constituido al efecto y cuya composición será publicada de la misma forma que la convocatoria. El jurado podrá solicitar el asesoramiento de expertos cuando lo estime conveniente.

    Finalizado el procedimiento de selección, la autoridad administrativa independiente encargada de la selección elevará, al órgano competente para proponer el nombramiento, la relación de candidatos considerados aptos por haber superado la puntuación mínima requerida en la convocatoria, en número no inferior a tres, así como la puntuación obtenida por cada uno de ellos, que será publicada en el Portal de Transparencia. En caso de que ningún candidato haya obtenido la puntuación mínima, se deberá proceder a una nueva convocatoria.

    El plazo del procedimiento de selección no podrá exceder de los 45 días”.

    EL ESTATUTO DEL DIRECTIVO PÚBLICO – FEDECA - Cuerpos Superiores de la Administración - Septiembre 2018

    https://www.fedeca.es/sites/default/files/ESTATUTO%20DIRECTIVO%20PU%CC%81BLICO-Sept%202018%20%281%29.pdf

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    “Es necesaria la regulación de aquellos aspectos previos que acrediten, de forma genérica y previa, y sin perjuicio de las pruebas específicas que para el desarrollo del puesto directivo concreto se requieran, a quienes pueden desempeñar puestos directivos.

    En todo caso, el nombramiento de los directivos públicos deberá realizarse entre funcionarios públicos del subgrupo A1, sin excepciones, reforzando esta reserva en los textos legales en que sea pertinente y reafirmando lo dispuesto en el artículo 103.2 de la Constitución.

    Sin pretender ser exhaustivos, a título informativo, se hace la siguiente propuesta.

    Para acceder a la condición de directivo serán requisitos:

    - Pertenecer a un cuerpo o escala del Sub‐Grupo A1 en cualquier Administración pública
    - Contar con al menos 8 años de antigüedad, cuatro de ellos en puestos de responsabilidad, acreditados documentalmente y mediante evaluación del desempeño de carácter positivo. En caso de no existir dichas evaluaciones, se podrán acreditar mediante entrevistas estructuradas.

    El nombramiento de los directivos públicos deberá hacerse entre personas idóneas. Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación (como itinerarios formativos de especialización, como los) y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar.

    Respecto a la formación, ya prevista en la Ley del alto cargo, se propone una cartera común de formación del directivo público, requisito previo para poder concursar a un puesto de esa naturaleza, que garantice un conocimiento previo del directivo de determinados aspectos trasversales a cualquier función directiva (planificación ética, buen gobierno,…) la cual podrá ser completada durante su mandato con otros cursos específicos más relacionados con su área de actuación, cuyo no curso impediría una prórroga en el mandato de dicho puesto.

    ……………..

    La honorabilidad debe concurrir en el directivo público durante el ejercicio de sus funciones. La falta de honorabilidad sobrevenida debería ser causa de cese a estos efectos y será considerada como un incumplimiento grave de sus obligaciones del cargo declarado a través del correspondiente procedimiento”.

    EL ESTATUTO DEL DIRECTIVO PÚBLICO – FEDECA - Cuerpos Superiores de la Administración - Septiembre 2018

    https://www.fedeca.es/sites/default/files/ESTATUTO%20DIRECTIVO%20PU%CC%81BLICO-Sept%202018%20%281%29.pdf

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    “La OCDE, por su parte, utiliza habitualmente los siguientes indicadores para determinar si una administración dispone de un sistema de dirección pública profesional:

    1. Existencia de una carrera separada para los directivos públicos.
    2. Promoción de la movilidad de los directivos públicos.
    3. Reclutamiento a través de un procedimiento centralizado.
    4. Existencia de un periodo de nombramiento de los directivos públicos.
    5. Vinculación de la actuación de los directivos públicos al cumplimiento de objetivos.
    6. Posibilidad de cese de directivos públicos en caso de rendimiento insuficiente.

    De los distintos modelos comparados actuales, se podrían destacar, por su proximidad al modelo español demandado o por su novedad exitosa, los siguientes elementos:

    - Francia. Reserva funcionarial, antigüedad y duración del mandato.
    ...............
    - El Senior Civil Service británico. Gestión separada de los puestos de alta dirección, separación entre la selección y la designación y un sistema de evaluación.
    ...............
    - Portugal. El éxito de la CReSAP. En Portugal la dura crisis financiera, iniciada en 2008, derivó en un rescate comunitario de la República lusa, con sus consecuentes duras medidas dirigidas por la troika. Una de las consecuencias de esas reformas derivadas del Memorándum de Entendimiento impuesto por los ministros del Eurogrupo y del Ecofin, fue un replanteamiento de la forma de selección y nombramiento de los directivos públicos portugueses, dado que se percibía en ellos un insoportable nivel endogámico y clientelar.

    Se crea en 2011 la Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (CReSAP), es una entidad independiente cuya misión es la de reclutar y seleccionar los candidatos de la dirección superior de la Administración estatal portuguesa y de los puestos directivos de las empresas públicas, con arreglo a los criterios de mérito, equidad y transparencia.

    La CReSAP formula, una vez finalizado el proceso de selección, una propuesta con tres candidatos al órgano de designación. El candidato finalmente nombrado dispone de un período de desempeño de 5 años. A la designación se acompaña la carta de missao, que constituye un verdadero compromiso de gestión en la que se definen los objetivos, debidamente cuantificados y calendarizados, que el candidato designado debe aceptar.

    Respecto a los dirigentes de las empresas públicas el sistema es distinto, ya que la CReSAP no selecciona, sino que su papel se ciñe a evaluar, de forma no vinculante, la idoneidad del candidato presentado por el órgano de designación al perfil del puesto convocado”.

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    “De una parte, la imparcialidad que la Constitución exige como garantía del régimen de función pública se ve comprometida por la existencia de un determinismo del poder político sobre los cuadros profesionales, de forma inicial o sobrevenida. Precisamente el estrato que asume mayores responsabilidades directivas y que debería proteger con garantías de imparcialidad y profesionalidad reforzadas, es el que sufre el fenómeno de colonización política.

    La amenaza de la destitución se cierne con cada cambio de gobierno, el conocido como spoil system, que se apoya en los nombramientos, por cada nuevo gobierno, vía libre designación o formas de adscripción temporales, de los puestos considerado directivos. Suele criticarse la denominada «politización de la función pública» por tratarse de un sistema en el que los nombramientos no se realizan sobre la base del mérito (aunque esto el sistema ya lo filtró con el acceso a la función pública), sino que atiende mayoritariamente a criterios de confianza política y/o personal a lo largo de la carrera profesional.

    La confianza se sostiene sobre una relación de lealtad personal, que permite asumir a quien la otorgó la responsabilidad política, mientras que en la relación de función pública el acceso se produce por mérito y el desempeño se fundamenta en la aplicación de la legalidad.

    La contrapartida se presenta en forma de «funcionarización de la política», esto es, bajo la posibilidad de que los funcionarios que han accedido a estos puestos directivos puedan continuar su carrera directamente bajo las estructuras del partido hasta alcanzar los puestos políticos de mayor responsabilidad, quebrando de ese modo de forma definitiva la apariencia de neutralidad de la Administración.

    Esta situación genera efectos disfuncionales:

    - Ausencia de planificación.
    - Reducida autonomía.
    - Debilidad institucional y riesgos de captura de los profesionales.
    - Acusado deterioro de la confianza ciudadana en el gobierno y la administración.

    España recibe una baja valoración de la imparcialidad de los funcionarios públicos. En el Informe sobre Competitividad Global 2017 elaborado por el Foro Económico Mundial, España se sitúa en el puesto número 83 de los 137 países analizados. Este resultado se corrobora si se toman como referencia los indicadores de efectividad gubernamental elaborados por el Banco Mundial, en los que puede observarse cómo España ocupa el puesto número 12 de la UE‐28”.

    EL ESTATUTO DEL DIRECTIVO PÚBLICO – FEDECA - Cuerpos Superiores de la Administración - Septiembre 2018

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    “Antes de proponer un modelo de directivo público nuevo, destacaremos modelos comparados exitosos que pueden servir de referencia para los elementos clave de este nuevo sistema, como la separación entre selección y designación, la existencia de un periodo de mandato distinto al político o la evaluación del desempeño.

    Tras ello se defenderá la necesidad de establecer un Estatuto de dirección pública profesional en la AGE que permitiría fortalecer la neutralidad política de los altos funcionarios, delimitar las fronteras entre la política y la administración y favorecer la rendición de cuentas en los puestos de alta dirección, a fin de alcanzar una mayor sostenibilidad de los objetivos de las políticas públicas a largo plazo.

    Es preciso subrayar que la mera aprobación de un estatuto no es suficiente después de más de una década de vacío legal. Debe producirse simultáneamente un cambio cultural en los ámbitos político y administrativo. En el primer caso, para que la clase política confíe en un cuerpo de funcionarios profesionales del máximo nivel para impulsar sus políticas. Y, en segundo lugar, para que la función pública directiva lleve hasta sus últimas consecuencias el mandato constitucional de neutralidad y objetividad.

    Y esto lleva al valor de la estabilidad como uno de los valores que debe desprenderse de la regulación: cualquier sistema democrático y más de corte federal como el español, precisa de un directivo público en el que todos confíen”.

    EL ESTATUTO DEL DIRECTIVO PÚBLICO – FEDECA - Cuerpos Superiores de la Administración - Septiembre 2018

    https://www.fedeca.es/sites/default/files/ESTATUTO%20DIRECTIVO%20PU%CC%81BLICO-Sept%202018%20%281%29.pdf

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    Sería conveniente separar la fase de selección de todos los altos cargos, que no sean titulares de los órganos superiores de la Junta (Presidente, Vicepresidente/s y Consejeros), de su nombramiento.

    Debería crearse un órgano políticamente independiente (comisión de valoración) encargado de realizar la selección de los altos cargos de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

    Todo empleado público que cumpla con los requisitos para desempeñar un determinado puesto de alto cargo debería poder presentar una solicitud para dicho puesto, que sería evaluada por la comisión de valoración (acompañada de la elaboración de memorias y/o la celebración de
    entrevistas que deberán especificarse necesariamente en la convocatoria).

    La comisión valorará a todos los aspirantes que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria y propondrán a los 3 ó 4 candidatos con mejor puntuación, dejando la decisión del nombramiento a la Junta de Castilla y León.

    Para hacer esto habría que modificar seguramente alguna que otra norma, como la Ley 3/2001, retirando la propuesta que realiza el Consejero correspondiente respecto de los titulares de sus órganos directivos, dejando esa propuesta en manos de la comisión de valoración.

    Lo ideal sería que esto fuera acompañado de la eliminación, o reducción a la mínima expresión, de los puestos de libre designación (aunque esto no afecte a la norma aquí debatida).

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    También resulta significativo que para los empleados públicos que sean nombrados altos cargos se establezca una preferencia para los que pertenezcan a Cuerpos del Subgrupo A1 (licenciados, ingenieros, arquitectos,...) pero no existe la misma preferencia para quienes no ostenten la consideración de empleados públicos.

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    El alto cargo deberá suscribir una declaración responsable en la que manifestará, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo, especialmente la ausencia de causas que impidan la honorabilidad requerida y la veracidad de los datos suministrados, que dispone, cuando sea susceptible de ello, de la documentación que así lo acredita, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo que ocupe el puesto.

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    Artículo 2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado:

    1. El nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas y de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica. Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo.
    ………………………..

    3. El currículum vítae de los altos cargos se publicará, tras su nombramiento, en el portal web del órgano, organismo o entidad en el que preste sus servicios.

    4. En la valoración de la formación se tendrán en cuenta los conocimientos académicos adquiridos y en la valoración de la experiencia se prestará especial atención a la naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos desempeñados, que guarden relación con el contenido y funciones del puesto para el que se le nombra.
    …………………………

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    Deberían establecerse modelos normalizados (de uso obligatorio) para la presentación de las declaraciones por parte de los altos cargos.
    A estos se podrán acompañar los elementos/documentos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano competente. Amén de los certificados preceptivos.

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    Artículo 10 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo. Obligación de formación:

    1. Los altos cargos deben conocer las obligaciones que conlleva el ejercicio de sus funciones. La Oficina de Conflictos de Intereses comunicará al alto cargo sus obligaciones tras su toma de posesión.

    2. La Oficina de Conflictos de Intereses podrá proponer a los centros de formación iniciativas formativas para los altos cargos en materia de conflictos de intereses y buen gobierno.

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    Artículo 9 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo:

    Quienes ejerzan un alto cargo tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública a los efectos del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

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    Artículo 8 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo:

    1. Quienes ejerzan un alto cargo gestionarán los recursos humanos, económicos y materiales siguiendo los principios de eficiencia y sostenibilidad.

    2. La utilización de vehículos oficiales por quienes ejerzan un alto cargo estará vinculada con las obligaciones de desplazamiento derivadas del desempeño de sus funciones. Reglamentariamente se desarrollarán los criterios de utilización de estos vehículos.

    La prestación de otros servicios que, en su caso, puedan ser llevados a cabo por vehículos oficiales deberá realizarse atendiendo a la naturaleza del cargo desempeñado y a las necesidades de seguridad y de acuerdo al principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos.

    El crédito presupuestario de los gastos de representación y atenciones protocolarias sólo podrá utilizarse para sufragar actos de esta naturaleza en el desempeño de las funciones del alto cargo, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, siempre que dichos gastos redunden en beneficio o utilidad de la Administración y no existan para ellos créditos específicos en otros conceptos. No podrá abonarse con cargo a ellos ningún tipo de retribución, en metálico o en especie, para el alto cargo.

    Cuando se incurra en los gastos mencionados en el párrafo anterior, deberá atenderse a los límites que se hayan fijado, que en ningún caso podrán ser objeto de ampliación. Asimismo, deberán ser debidamente justificados y acreditar su necesidad para el desempeño de las funciones inherentes al ejercicio del alto cargo.

    La Administración no pondrá a disposición del alto cargo tarjetas de crédito con el objeto de que sean utilizadas como medio de pago de sus gastos de representación. Excepcionalmente, cuando el alto cargo desarrolle sus funciones en el extranjero y previa acreditación de las circunstancias extraordinarias que lo hagan imprescindible, podrá autorizarse su utilización, sometida al correspondiente control administrativo.

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    Artículo 5 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo:

    3. El ejercicio de un alto cargo no generará derecho a percibir pensión alguna o complementaria de pensión distintas de las previstas en el sistema de Seguridad Social o de Clases Pasivas. El límite máximo de las pensiones a percibir por los altos cargos estará sujeto a los mismos límites fijados para las pensiones públicas.

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    Artículo 4 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo:

    1. Las retribuciones de los altos cargos serán públicas en los términos previstos por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y se fijarán de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso y dentro de los límites previstos en el presupuesto que les resulte aplicable.

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    Artículo 3 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo:

    1. El ejercicio del alto cargo queda sometido a la observancia, además de a las disposiciones de buen gobierno recogidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, especialmente a los siguientes principios:

    a) Interés general: servirán con objetividad a los intereses generales.

    b) Integridad: actuarán con la debida diligencia y sin incurrir en riesgo de conflictos de intereses.

    c) Objetividad: adoptarán sus decisiones al margen de cualquier factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares, o cualesquiera otras que puedan estar en colisión con este principio.

    d) Transparencia y responsabilidad: adoptarán sus decisiones de forma transparente y serán responsables de las consecuencias derivadas de su adopción.

    e) Austeridad: gestionarán los recursos públicos con eficiencia y racionalizando el gasto.

    2. Los principios enunciados en el apartado anterior informarán la normativa aplicable al ejercicio de las funciones y la actividad de los altos cargos. Servirán asimismo de criterios interpretativos a la hora de aplicar las disposiciones sancionadoras. Su desarrollo y las responsabilidades inherentes a su eventual incumplimiento se regularán por las normas vigentes sobre buen gobierno en su correspondiente ámbito de aplicación.

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    Retorno a la actividad desarrollada con anterioridad:

    Desde la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado se reconoce la particularidad de los altos cargos que con anterioridad a ocupar el puesto público hubieran ejercido actividad profesional en empresas privadas cuales quieran reincorporarse no incurrirán en incompatibilidad -art. 8.2 -. Sin embargo, esta máxima no es absoluta pues está sujeta a dos exigencias:

    a) Que la actividad que vayan a desarrollar en las mismas se dé en puestos de trabajo que no estén directamente relacionados con las competencias del cargo ocupado.

    b) Que no puedan adoptar decisiones que afecten a aquél.

    La fórmula de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado ha sido repetida por el artículo 15.4 de la Ley 3/2015 y como entonces podría pensarse que da como resultado un régimen más laxo para los supuestos en los que los altos cargos se reincorporan a su actividad previa en la medida que exclusivamente se exige que el puesto de trabajo, no la actividad desarrollada por la entidad, no esté <<directamente>> relacionado con las competencias que desempeñó el ex alto cargo. Mientras que las nuevas actividades requieren una vinculación directa entre la actuación del ex alto cargo y la entidad privada en términos generales.

    Por tanto, la distinción entre ambos supuestos reside en que en los casos de reingreso el punto de mira se centra en que la actividad a desarrollar no esté directamente vinculada a las competencias del cargo ocupado, mientras que en los supuestos de incorporación a una nueva actividad lo verdaderamente relevante es que el cargo no haya participado en decisiones que hayan afectado a la entidad.

    Un caso particular, y no por ello poco común, pues la mayoría de los altos cargos proceden de la función pública, se encuentra en los supuestos de reingreso en la función pública, para lo cual no existe problema ni límite alguno. Sin embargo, en los supuestos en que los mismos tuviesen reconocida la compatibilidad para prestar servicios retribuidos de carácter privado, estarán sujetos a las previsiones relativas a las limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese -art. 15.8 -.

    “Situación de los altos cargos tras el cese” - 13/07/2017

    José María Pérez Monguió. Profesor titular de Derecho administrativo en la Universidad de Cádiz.
    El artículo se publicó en el número 45 de la Revista General de Derecho Administrativo (Iustel, mayo 2017).

    http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507602

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    "Ciertamente la contratación centralizada es un excelente instrumento de eficiencia e integridad. Pero no puede ser configurada como un fin en sí mismo, y debe repensarse su ámbito de aplicación, pues su centralización en todo los contratos puede ocasionar una no deseada distorsión del mercado y una perdida de oportunidades de las PYMEs, lo que podría, incluso, generar mayor ineficiencia. Por ello, junto a una correcta estrategia de compra centralizada a nivel estatal, autonómico y local, en tanto no se solapan y se complementan de forma eficaz, hay que impulsar medidas de compra conjunta –estable o esporádica- que sin alterar el marco competencial permiten altas dosis de eficiencia. Igualmente deben desarrollarse sistemas de cooperación –vertical y horizontal- respetando los principios de igualdad de trato y concurrencia. Lo que, en concreto, va a obligar a repensar el sistema de medios propios cuya concreta articulación en España ha ido más allá de lo debido (el Informe 65/07, de 29 de enero de 2009 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ya advirtió de que en estos casos era necesario el requisito de la idoneidad del ente para recibir y prestar el encargo afirmando: “Habrá que añadir un último requisito, como es la idoneidad para ejecutar la encomienda de gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos necesarios para ejecutar la encomienda.”)

    Tampoco se dice nada sobre los umbrales de la contratación -verdadero “caballo de Troya” de la corrupción- que exigen una revisión en profundidad tanto para la elección de procedimiento (contrato menor y procedimiento negociado sin publicidad) como a efectos de control mediante recurso especial, lo que exige unificar el modelo de justicia administrativa al margen del importe (como desde hace años insiste el Consejo de Estado y la doctrina científica, entre otros, José M. Baño o José A. Moreno). Sin una nueva arquitectura en esta cuestión no se dará efectividad al principio de integridad y se anulará el impacto de eficiencia de las otras medidas".

    "El informe CORA y la contratación pública: una visión crítica" - 03/07/2013
    Jose María Gimeno Feliu. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza.

    http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.109/relcategoria.121/relmenu.3/chk.dff5ee225dc5053dcffa35ee13103a48

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    No sé por qué me da que esto de la contratación centralizada es una manera (otra más) de sortear la Ley de Contratos del Sector Público, con la disculpa del ahorro, las economías de escala, la eficiencia de la gestión...

    En este país la contratación pública es una 'merienda de negros' (con perdón). Donde al final siempre salen beneficiados los mismos (aquellos próximos a la cúpula del poder económico/político, estatal, autonómico y/o local).

    Hasta que no llegue la Unión Europea, se canse de nosotros, y nos fiscalice cada euro gastado en contratación pública...

    A la hora de elaborar esta normativa, en materia de contratación centralizada, deberíamos hacer caso a las recomendaciones de la UE y de otros organismos internacionales independientes y con gran experiencia en la materia.

    Máxima transparencia y lucha sin cuartel contra la corrupción. Ahí es donde está el verdadero ahorro y se demuestra la buena gestión de los fondos públicos.

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    No solo hay que buscar el ahorro económico (que está muy bien) sino el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma y que los fondos públicos (en la medida de lo posible) sirvan para el desarrollo de todas las provincias y se queden en la Comunidad. Se debería primar la competencia entre empresas, primero, de cada provincia y, después, a nivel autonómico pero hay que procurar que el dinero se quede en la Comunidad (y lo más repartido posible) para que se cree riqueza, puestos de trabajo, empresas y también que se paguen más impuestos, cerrando un círculo virtuoso.

    Todo ello, como ya he dicho, con la máxima transparencia y control.

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    “Uno de los cambios legislativos más radicales de los últimos tiempos para los Estados miembros de la Unión Europea, está a punto de convertirse en realidad. Se trata de la conocida como Directiva de protección de los denunciantes de corrupción, que recibirá dentro de diez días su aprobación definitiva por el comité de ministros de la UE, en concreto el próximo lunes 16 de septiembre de 2019. El instrumento de denuncias anónimas está ya plenamente operativo.

    La Directiva de Protección de Denunciantes de la UE tendrá que ser transpuesta por los Estados miembros dentro de los dos años posteriores a su adopción, lo que supone un plazo que finalizará en septiembre de 2021. Para ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el Juez Presencia “la Directiva introducirá un cambio tan radical en la interpretación y aplicación de las leyes vigentes, casi tan importante como el que supuso la perspectiva de género en los ordenamientos jurídicos de los estados miembros de la Unión Europea”.

    Como señala Fernando Presencia, “el cambio va a ser brutal” sobre todo en la manera de actuar frente a los denunciantes de corrupción. Para septiembre de 2021, todas las organizaciones con 250 o más empleados (incluida la administración pública) deben proporcionar un canal seguro para que los empleados y otras personas puedan formular denuncias anónimas. “Lo que se pretende con la Directiva es evitar que los denunciantes de corrupción sean represaliados” apunta el magistrado, para quien resulta insostenible la situación actual en los juzgados donde “los denunciantes ven archivadas sus denuncias por corrupción, sobre todo cuando el denunciado es un compañero (un juez o un fiscal). El sistema es tan perverso que en estos casos, después de archivar la denuncia, te condenan por calumnias por no haber probado la denuncia. Es de locos”.

    La total ausencia en España de una normativa integral de protección de los denunciantes de corrupción y la inminente publicación de la Directiva sobre la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, aconseja la adaptación urgente de los mecanismos tradicionales de quejas y denuncias en la administración pública, y en particular en la administración de justicia bajo la competencia del Consejo General del Poder Judicial, para lo que ACODAP propone la reforma del Reglamento 1/1998, del Consejo General del Poder Judicial, de tramitación de quejas y denuncias relativas al funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, a fin de regular un «instrumento de denuncias anónimas dependiente de los juzgados decanos en todos los partidos judiciales de España…”.

    DIARIO 16 – Por Roberta Biancarelli - 05/09/2019

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    La Directiva de Protección de Denunciantes de la UE tendrá que ser transpuesta por los Estados miembros dentro de los dos años posteriores a su adopción, lo que supone un plazo que finalizará en septiembre de 2021.

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    Bravo por vuestra aportación. Se puede decir más alto pero no más claro.

    Seguid por este (buen) camino.

    La única precisión que me gustaría hacer es que siempre se ponen demasiadas esperanzas en el Procurador del Común, se exalta en demasía su figura y (bajo mi propia experiencia) en numerosos casos dicha institución hace suyos los argumentos de la Junta (y de la Administración) de Castilla y León, así que desconozco realmente el grado de independencia que pueda tener del poder político.

    Lo verdaderamente complicado de estas normas, bajo mi punto de vista, a parte de la protección de los denunciantes, es encontrar un órgano verdaderamente independiente dentro (o fuera) de la Administración que se haga cargo de las denuncias.

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    “Por último, resulta necesario que se armonice la legislación existente en torno a las denuncias anónimas, brindando la posibilidad al denunciante de realizar denuncias tanto confidenciales como anónimas a través de canales seguros”.

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