Luis M.

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    No es necesario un 50% exacto entre mujeres y hombres. En algunos casos habrá más mujeres capacitadas que hombres, y en otros al revés, pero que de 11 miembros de la Junta 8 sean hombres... menuda desproporción.
    Eso sí, a ver para cuándo una Presidenta de la Junta.

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    Hasta las jefaturas de Sección la paridad se va manteniendo (incluso puede que haya más mujeres que hombres) pero de jefaturas de Servicio para arriba...

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    Lo que yo conozco es que hay más mujeres que hombres en los distintos departamentos de la Administración autonómica. Y me atrevería a decir que en la mayoría de Cuerpos, Escalas, Especialidades o Categorías profesionales, pasa otro tanto de lo mismo.
    En la selección y provisión de los puestos de trabajo debe primar, entre otros, el principio de igualdad (en todos los sentidos).
    Y los sueldos son iguales, con independencia del sexo. En la Administración lo que importa es el Cuerpo o la Categoría profesional de pertenencia y, sobre todo, la antigüedad, a la hora de ganar más.
    Donde puede haber más desigualdad, en materia de sueldos (y otras cosas), es entre los altos cargos y puestos de dirección, ocupados más por hombres que por mujeres, y en estos puestos se gana mucho más.
    Que se preocupen más de lo que pasa en el sector privado, que ahí sí que hay desigualdad.

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    A mí que no me cuenten milongas, que digan, sobre el total de empleados públicos (incluidos personal sanitario y docente), qué número de hombres y de mujeres hay en su conjunto.
    Y luego que lo especifiquen para cada Cuerpo, Escala, Especialidad o Categoría profesional

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    En cualquier caso, la cuestión fundamental que puede afectar la viabilidad de las denuncias es la imposición de requisitos estrictos para su admisión. Resulta del todo excesivo que se solicite al denunciante que la denuncia se sostenga en documentos o hechos contrastados como condición previa para su admisión. En muchas ocasiones, los indicios de delito pueden surgir de presunciones que requieren de investigación para su determinación y son imposibles de sostener mediante documentos o informaciones comprobadas. Por tanto, sería recomendable no imponer condicionantes estrictos que limiten o afecten la realización de posibles denuncias.

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    Se considera negativo o insuficiente que se provea al denunciante solo de asesoramiento jurídico y no de representación legal. Es preciso que se garantice al denunciante la debida representación jurídica, por ejemplo para el caso en que a partir de su denuncia se deriven procedimientos judiciales que le afecten.

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    Se entienden asimismo adecuadas las medidas que garantizan la concesión de un traslado provisional a otro puesto de trabajo garantizando categoría profesional entre otras cuestiones, así como también la concesión de un período de excedencia por tiempo determinado con derecho al mantenimiento de retribución. En la misma línea, la posibilidad de que la Agencia adopte medidas cautelares para proteger al denunciante, su libertad, sus bienes o sus familiares, parece también muy apropiada para el contexto actual en el que muchas personas que han denunciado corrupción se han visto sin amparo alguno, teniendo que acudir a otros trabajos para poder subsistir.

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    Una medida positiva sería el que se ofrezca al denunciante la posibilidad de solicitar medidas de protección contra actuaciones que vulneren sus derechos y que puedan ser adoptadas a causa de la denuncia presentada. En este sentido, debería dotarse a la Agencia de la potestad para acordar la suspensión de posibles decisiones, acuerdos o resoluciones que causen perjuicio o menoscabo al denunciante, resultaría una medida muy adecuada, ya que seguramente hará desistir a superiores y resto de funcionarios o trabajadores que puedan tener intención de tomar represalias contra el denunciante.

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    La sociedad civil es la única que puede frenar la corrupción, pero para ello hay que movilizarse, exigir responsabilidades, reclamar protección y dotar a la Justicia de los medios adecuados para investigar este tipo de casos de tanta importancia para el bienestar de un país. Las nuevas generaciones deberían ser educadas para que sean intolerables con la corrupción e inculcarles que este tipo de prácticas impiden el desarrollo de un país, y una manera de que esto no ocurra es la prevención y para poder prevenir la corrupción es mediante la existencia de ‘alertadores’ que la denuncien.

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    El no tener asesoramiento legal es un importante hándicap al que se enfrentan los denunciantes cuando por fin deciden denunciar, y una vez iniciado el procedimiento penal el problema continúa. El coste de la defensa legal para un denunciante es continuo, el encontrar trabajo una vez que se ha denunciado y el caso ha salido a información pública resulta ser dramático y todo ello puede llegar a ser asumible si no te han quedado secuelas psicológicas, ya que muchos denunciantes entran en una profunda depresión.

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    Una Ley de estas características será muy positiva, siempre y cuando se enmienden ciertos conceptos, el garantizar el derecho a la confidencialidad, recibir información sobre la situación administrativa de la denuncia, el asesoramiento legal, la indemnidad del puesto de trabajo o recibir una indemnización justa por daños, es crucial pero no solo para los denunciantes que trabajan en el sector público, sino que se debería hacer extensivo al sector privado, ya que existen muchas personas que trabajan en empresas privadas y que ven que se cometen irregularidades, si esta Ley fuera únicamente proteccionista a los empleados públicos dejaría fuera a una gran parte de la ciudadanía que seguramente no optaría por denunciar.

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    El anteproyecto que nos ocupa pasa de puntillas por la regulación del fraude y la corrupción en el sector privado, que es el que tiene más relevancia en este tipo de actuaciones. Se centra de manera casi exclusiva en el sector público.
    Asimismo, debería estar más trabajada la protección de los denunciantes que no procedan de la Administración Pública.
    Tampoco se regulan las denuncias anónimas y la posibilidad de efectuar las mismas.

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    "La corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública" (Ludwig von Mises).

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    Como dijo Voltaire: "El último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia".

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    Si la relevancia social o la importancia de los hecho que hubieran motivado la actuación lo requiere, la persona titular de la Agencia deberá presentar a la comisión parlamentaria correspondiente, a iniciativa propia o a petición de las Cortes, el informe o los informes que correspondan.

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    Las medidas que se adopten, derivadas de las recomendaciones, se deben comunicar a la persona titular de la Agencia dentro del plazo que se hubiese señalado en el informe y que no podrá exceder de 3 meses...

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