Luis M.

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    “La corrupción supone un perjuicio grave para la economía y la sociedad en su conjunto. Muchos países del mundo padecen una arraigada corrupción que frena el desarrollo económico, socava la democracia y daña la justicia social y el Estado de Derecho. Los Estados miembros de la UE no son inmunes a esta realidad. La corrupción varía en su naturaleza y alcance de un país a otro, pero afecta a todos los Estados miembros. Compromete la buena gobernanza, la correcta gestión de los fondos públicos y la competitividad de los mercados. En casos extremos, mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones y los procesos democráticos.

    El presente informe analiza la corrupción en los Estados miembros de la UE y las medidas adoptadas para prevenirla y luchar contra ella. Su objetivo es abrir un debate entre la Comisión, los Estados miembros, el Parlamento Europeo y otras partes interesadas con el objeto de contribuir a la lucha contra la corrupción y determinar cómo puede ayudar en este empeño la dimensión europea.

    Los Estados miembros de la UE disponen de la mayoría de los instrumentos jurídicos e instituciones necesarios para prevenir y luchar contra la corrupción. Sin embargo, los resultados no son satisfactorios en toda la UE. Las normas contra la corrupción no siempre se aplican enérgicamente, los problemas sistémicos no se abordan con la suficiente eficacia y las instituciones pertinentes no siempre tienen suficiente capacidad para hacer cumplir las normas. Las intenciones declaradas siguen estando demasiado alejadas de los resultados concretos, y a menudo parece faltar una verdadera voluntad política para erradicar la corrupción.

    Para garantizar la contribución de la UE, la Comisión adoptó en junio de 2011 una Comunicación sobre la lucha contra la corrupción en la UE que establece la elaboración de un Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE para supervisar y evaluar los esfuerzos de los Estados miembros en este ámbito, con vistas a reforzar el compromiso político de abordar eficazmente la corrupción. El informe se publica ahora por primera vez; se publicarán nuevos informes cada dos años.

    De conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales, el presente informe define la corrupción en sentido amplio como cualquier «abuso de poder para obtener réditos privados». Abarca, pues, los actos específicos de corrupción y las medidas que los Estados miembros adoptan para prevenir o sancionar específicamente los actos de corrupción definidos en la legislación, y también menciona una serie de ámbitos y medidas que influyen en el riesgo de corrupción y la capacidad para luchar contra ella.

    El informe se centra en cuestiones clave seleccionadas, de especial relevancia para cada
    Estado miembro. En él se describen las buenas prácticas, así como las deficiencias, y se indican las medidas que permitirán a los Estados miembros hacer frente a la corrupción de manera más eficaz. La Comisión reconoce que la mayoría de estas cuestiones son de exclusiva competencia nacional. Conviene, sin embargo, al interés común de la Unión Europea que todos los Estados miembros dispongan de políticas de lucha contra la corrupción eficaces y que la UE apoye a los Estados miembros en esta labor. Por lo tanto, el informe procura promover altos estándares de lucha contra la corrupción en toda la UE. Al poner de relieve los problemas, así como las buenas prácticas, de la UE, el informe otorga credibilidad a los esfuerzos de la UE por fomentar las normas contra la corrupción en otros lugares.

    La corrupción es un fenómeno complejo, con una dimensión económica, social, política y cultural, que no puede erradicarse fácilmente. Una respuesta política eficaz no puede consistir en una serie de medidas estereotipadas; no existe una solución universal. Por ello, el informe examina la corrupción en el contexto nacional de cada Estado miembro, y sugiere cómo se pueden tratar en ese contexto las cuestiones más pertinentes para cada Estado miembro” [INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO, Bruselas, 3.2.2014, COM(2014) 38].

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    La finalidad de la Convención es:
    1. Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción.
    2. Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción.
    3. Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

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    España firmó la Convención el 16 de septiembre de 2005 y la ratificó con un instrumento de ratificación el 9 de junio de 2006, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 19 de junio de 2006. España depositó su instrumento de ratificación ante el Secretario-General el 19 de junio de 2006.

    Informe sobre el examen del país del Reino de España

    http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/Espa%C3%B1a%20Info%20Espa%C3%B1a%20s-aplicac%20Conv.NN.%20UU.%20contr%20corrupci%C3%B3n.pdf

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    LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS INCUMPLEN MAYORITARIAMENTE LA NORMATIVA LEGAL SOBRE CONTRATOS

    Después de un primer análisis en el que se evidenció el escaso cumplimiento de la obligación legal de publicación de contratos por parte de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Parlamentos, el segundo análisis realizado por Transparencia Internacional España muestra asimismo un bajo nivel de cumplimiento por parte de Diputaciones Provinciales y Universidades públicas.

    En el primer análisis, realizado en Enero 2016 por Transparencia Internacional España en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública respecto a los 110 grandes Ayuntamientos españoles, las 17 Comunidades Autónomas y los 19 Parlamentos (Congreso, Senado y 17 Parlamentos autonómicos) se pone de manifiesto que tres de cada cuatro Ayuntamientos no cumplen con la obligación legal (Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado) de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público; tampoco cumplen esta obligación tres de cada cuatro Parlamentos (26% de cumplimiento), siendo, por otra parte, sólo tres Comunidades Autónomas de las 17 totales (el 18%) las que cumplen con el mencionado mandato legal. Resulta significativo en este contexto que Ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia incumplan esta normativa legal.

    En el segundo análisis (realizado en Febrero 2016) del nivel de cumplimiento legal de 45 Diputaciones Provinciales, y de 51 Universidades públicas, se pone de manifiesto que casi seis de cada diez Diputaciones no cumplen con la citada obligación legal de publicar sus licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público, siendo este nivel de cumplimiento mayor en el caso de las Universidades públicas, colectivo en el que el 59% de estas instituciones cumple la mencionada obligación legal.

    Transparencia Internacional España insta a que todas las instituciones públicas cumplan en el menor breve plazo posible esta obligación legal, de cara a que la información general y detallada de los contratos y licitaciones que llevan a cabo los miles de entidades públicas españolas se encuentre centralizada a nivel nacional y a disposición de todos los ciudadanos y empresas de este país, de cara a un aumento de la transparencia y la prevención de la corrupción, y posibilitándose además un mayor cumplimiento de las reglas de la competencia, y por tanto, de la eficiencia económica global.

    https://transparencia.org.es/las-instituciones-publicas-incumplen-mayoritariamente-la-normativa-legal-sobre-contratos/

    TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

    https://transparencia.org.es/

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    ¿Cómo se puede presentar una denuncia ante la Agencia? La persona que quiera presentar una denuncia puede hacerlo a través de las siguientes vías:

    • Por Internet, mediante el Buzón de denuncias que tiene a su disposición en la página web de la Agencia Valenciana Antifraude. Este es el medio idóneo y más adecuado si quiere presentar una denuncia anónima, al ser un canal seguro de admisión de las comunicaciones, que permite el anonimato durante todo el proceso, la bidireccionalidad de las comunicaciones y que puede ocultar la identificación de su dispositivo (dirección IP) conectado a la red. En breve el buzón de denuncias estará operativo.

    • Mediante escrito de denuncia presentado en el registro general de la Agencia, sito en su sede (C/Navellos, 14 primera planta, puerta 3, C.P. 46003, de València), de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. También puede hacer llegar su escrito de denuncia por correo certificado a la sede de la Agencia anteriormente citada.

    • Alternativamente, mediante correo electrónico (investigacio@antifraucv.es) o correo ordinario dirigido a la Agencia (C/Navellos, 14 primera planta, puerta 3, C.P. 46003, València)

    La Agencia informará a la persona denunciante de la recepción de su denuncia, acusando recibo de la misma. No obstante, la investigación que se lleve a cabo tendrá carácter reservado.

    Ante cualquier duda que tenga la Agencia sobre la denuncia presentada se contactará con la persona denunciante.

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    ¿Con qué mecanismos cuenta la Agencia para combatir el fraude en las administraciones valencianas? Con personal experto, que goza de la condición de autoridad pública para el ejercicio de sus funciones. Todas las administraciones y entidades públicas sujetas al ámbito de actuación de la Agencia, sus autoridades y personal, tienen el deber de colaborar con celeridad y diligencia, bajo posibilidad de imposición de las sanciones correspondientes en caso de no hacerlo.

    ¿Cómo se financia la Agencia? La Agencia dispone de una partida económica independiente en los presupuestos generales de Les Corts, que queda incluida en las cuentas públicas de la Generalitat Valenciana.

    ¿La Agencia puede proteger a las personas denunciantes? Sí. La Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, otorga a la Agencia la potestad de proteger a las personas físicas o jurídicas que alerten o denuncien malas prácticas o corrupción. Para ello, dicha Ley establece el estatuto de la persona denunciante, por el que las personas que alertan prácticas corruptas reciben de forma inmediata el amparo de la Agencia y su asesoría legal en relación con los hechos denunciados, teniendo garantizada la confidencialidad de su identidad. La Agencia vela para que estas personas no sufran, ni durante la investigación ni después de ella, ningún tipo de aislamiento, persecución o empeoramiento de las condiciones laborales o profesionales, ni ningún tipo de medida que implique cualquier forma de perjuicio o discriminación.

    ¿Están los funcionarios y funcionarias de las diferentes administraciones públicas obligados a colaborar con la Agencia? Sí. El personal al servicio de las entidades públicas, los cargos públicos y los particulares, que impidan o dificulten el ejercicio de las funciones de la Agencia o que se nieguen a facilitarle informes, documentos o expedientes que les hayan sido requeridos, incurrirán en las responsabilidades que la legislación vigente establece. La falta de colaboración puede dar lugar a la existencia de una infracción leve, grave o muy grave, sancionada en la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.

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    ¿Puede actuar la Agencia sobre un caso que se haya denunciado en un juzgado? Cuando la Agencia tiene noticia de algún delito lo comunica inmediatamente al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, proporcionándole la colaboración necesaria.

    ¿Qué personal tiene la Agencia? Todo el personal de la Agencia es funcionario de carrera procedente de las diferentes administraciones públicas por mandato legal. No existe personal eventual ni contratado laboral. Los procedimientos de provisión de puestos son los establecidos por la Ley de función pública valenciana.

    ¿Cuál es el cometido de la Agencia? Son funciones de la Agencia la prevención, la alerta y la investigación de posibles casos de uso o destino irregular de fondos públicos que comporten un uso o abuso en beneficio privado o cualquier otro aprovechamiento contrario al ordenamiento jurídico, así como de conductas opuestas a la integridad o contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al derecho; también la investigación de acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción, e instar la incoación de los procedimientos correspondientes para la depuración de responsabilidades.
    Igualmente, corresponde a la Agencia el estudio y análisis previo de riesgos y la evaluación de la eficacia de los instrumentos jurídicos y de las medidas existentes en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, con el fin de garantizar los máximos niveles de integridad, eficiencia y transparencia, especialmente en los procedimientos de contratación pública, concesiones públicas, subvenciones, urbanismo, y selección y provisión en el empleo público para garantizar el respeto a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

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    ¿Cuál es su ámbito competencial? La administración de la Generalitat (el Consell, su Presidencia y las Consellerias) y su sector público instrumental; las entidades integrantes de la administración local de la Comunitat Valenciana y su sector público vinculado o dependiente; Les Corts Valencianes, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu, con relación a su actividad administrativa y presupuestaria; las universidades públicas valencianas y su sector público dependiente; las corporaciones de derecho público, en cuanto a las actividades sujetas a derecho administrativo; las asociaciones constituidas por las administraciones públicas, los organismos y las entidades públicas; contratistas y subcontratistas y concesionarios de servicios públicos; perceptores de ayudas o subvenciones públicas; los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales; y cualquier entidad, independientemente de su tipología o forma jurídica, financiada mayoritariamente por las administraciones públicas o sujeta a su dominio efectivo.

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    ¿Cuándo nace la Agencia? La Agencia nace con la entrada en vigor de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, aprobada por Les Corts. En julio de 2017, se iniciaron sus actividades.

    ¿Por qué se crea Agencia? Por la necesidad de crear por parte de los Estados órganos independientes y especializados para luchar contra el fraude y la corrupción en las administraciones e instituciones valencianas, de acuerdo con lo exigido en la Resolución 58/4 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 31 de octubre de 2003, por la que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y determinada normativa emanada por la Unión Europea. También para el impulso de la integridad y la ética pública, además del fomento de una cultura de buenas prácticas y de rechazo del fraude.

    ¿Hay otros organismos de este tipo? La Unión Europea creó su propia oficina anticorrupción, la OLAF, en 1999. En Italia, Portugal, Francia y en otros muchos países disponen de agencias nacionales. En España, en el ámbito autonómico existen oficinas en Cataluña (desde 2008), Galicia, Comunitat Valenciana, Baleares y Aragón. En el ámbito municipal, existen oficinas en el Ayuntamiento de Barcelona y en el Ayuntamiento de Madrid.

    ¿Qué naturaleza jurídica tiene la Agencia? La Agencia Valenciana Antifraude es una entidad pública, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

    ¿De qué conselleria depende? La Agencia Valenciana Antifraude es una institución independiente de todas las administraciones, por lo que no depende de ninguna Conselleria.

    ¿Ante quién rinde cuentas? Ante Les Corts y la ciudadanía.

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    Ah! Y supresión de todos los aforamientos. Y todos son todos.
    Y publicación de las relaciones de puestos de trabajo de forma clara, concisa y bien estructurada. Y donde se vean bien.
    Por último, recordar que la Ley debería ser más ambiciosa y afectar no solo al sector público sino también al privado y, por supuesto, a los partidos políticos, sindicatos y patronal/es. Así como a las corporaciones de Derecho Público.

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