Ana Gonzalez

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    Se reclama la consideración de los bienes paleontológicos no relacionados con la acción antrópica como integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León y, por ello, proponen sean afectados por todas las normas y acciones que el anteproyecto señala para los bienes culturales.

    No hay duda de que los restos paleontológicos forman parte del Patrimonio Natural y no del Patrimonio Cultural, así lo recoge la normativa Estatal, tanto, la extinta Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y la vigente Ley 33/2015, de 21 por la que se modifica la anterior.

    Por su parte la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español establece al definir el patrimonio arqueológico (art. 40) que "Forman parte, asimismo, de este patrimonio (el arqueológico), los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y sus antecedentes." Por tanto delimita claramente, en su ámbito normativo aspectos…

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    Se cuestiona la posible invasión de competencias del voluntariado en sectores profesionales o en competencias de la propia administración.

    El anteproyecto de Ley establece la acción del voluntariado para la gestión y/o difusión de los bienes, sin que ello afecte a las tareas ni de los profesionales de la conservación y/o restauración ni a las acciones de cautela y supervisión que detenta la administración. Toda acción sobre un bien o actividad cultural corresponde a sus propietarios o portadores que bien pueden ceder la iniciativa de la gestión a asociaciones, colectivos o voluntarios, como incluso a administraciones, sin que ello supongo o condiciones el incumplimiento de las normas de actuación y las autorizaciones, en su caso, correspondientes.

    La ley trata de ampliar la participación ciudadana y, en buena, parte ésta puede canalizarse a través del voluntariado.

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    El voluntariado en temas de protección, conservación y difusión del patrimonio cultural tiene muchos riesgos no sólo de competencia desleal sino de intrusismo de personas sin la formación adecuada o competencia profesional adecuada. No soy partidaria de abrir esta puerta, pero de hacerlo se debería concretar mucho el ámbito de actuación de los voluntarios, y su cometido debería estar pautado-controlado y tutelado, reflejando estos puntos en la ley.

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    Se solicita concreción en el apartado tercero del artículo 36 sobre la titulación del técnico con competencia para intervenir en el patrimonio cultural, específicamente del titulado oficial de conservador-restaurador.

    El anteproyecto define la necesidad de que las actividades reguladas en el anteproyecto sean dirigidas por técnico competente en la materia de afección, esto es: arquitectura, arqueología, conservación, etc. Será en el posterior Reglamento, si así se considera, donde puedan concretarse determinadas actividades y profesiones cualificadas para acometerlas, así como definir el contenido de los requisitos, proyectos o memorias que exige el anteproyecto de Ley.

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    Se solicita concreción en el apartado tercero del artículo 36 sobre la titulación del técnico con competencia para intervenir en el patrimonio cultural, específicamente del titulado oficial de conservador-restaurador.

    El anteproyecto define la necesidad de que las actividades reguladas en el anteproyecto sean dirigidas por técnico competente en la materia de afección, esto es: arquitectura, arqueología, conservación, etc. Será en el posterior Reglamento, si así se considera, donde puedan concretarse determinadas actividades y profesiones cualificadas para acometerlas, así como definir el contenido de los requisitos, proyectos o memorias que exige el anteproyecto de Ley.

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    Además de añadir explícitamente "con titulación oficial en conservación-restauración" debería establecerse algún mecanismo de control para que esto se cumpla y, de no cumplirse, se sancione. Todos estos intrusismos de personas sin "competencia profesional" que se meten a restaurar de todo, porque el propietario o responsable les deja, producen unos daños irreversibles que sólo se conocen en el mejor de los casos cuando ya se han producido. Sin mencionar que en la mayoría de los casos se queda sin sancionar, produciendo un "gracioso" titular en los medios de comunicación.

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    Se solicita concreción en el apartado tercero del artículo 36 sobre la titulación del técnico con competencia para intervenir en el patrimonio cultural, específicamente del titulado oficial de conservador-restaurador.

    El anteproyecto define la necesidad de que las actividades reguladas en el anteproyecto sean dirigidas por técnico competente en la materia de afección, esto es: arquitectura, arqueología, conservación, etc. Será en el posterior Reglamento, si así se considera, donde puedan concretarse determinadas actividades y profesiones cualificadas para acometerlas, así como definir el contenido de los requisitos, proyectos o memorias que exige el anteproyecto de Ley.

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    Completamente de acuerdo.
    Se debe determinar de manera explicita quién es el técnico competente: el restaurador.
    Así mismo, se debe determinar que el restaurador es quien debe dirigir las intervenciones de los bienes culturales, en general, no solo BIC o inventariados.
    También se debería concretar que es el restaurador quien debe intervenir los bienes culturales, en general, no solo BIC e inventariados.
    Y en relación a un comentario sobre la definición de bienes inmuebles, hay otra propuesta bastante votada: "Bienes muebles e inmuebles, una definición inapropiada". Debería definirse mejor, pues hay una clara diferencia entre la definición del Código Civil, a que se hace referencia, y las cartas internacionales que suscribe España, lo que da lugar a intervenciones muy dispares en la práctica, por lo que dictan unos, dictan otros y lo que dicta el sentido común.
    Ésta es la ocasión para mejorar este aspecto, por favor, no la dejéis pasar.

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    Una de las principales finalidades que establece el Anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural es precisamente garantizar la investigación del patrimonio cultural (artículo 2.1), creando además un Centro de Investigación e Innovación (Título VI) cuya principal acción será la de promover proyectos de investigación.

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    El anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León tiene como uno de sus pilares básicos el deber de conservación de los bienes culturales, que corresponde a los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales. Este deber tendrá su correspondiente desarrollo reglamentario, momento en el que se podrán establecer las medidas necesarias para su concreción, pues no parece una cuestión que deba ser objeto de regulación en una norma con rango de ley.

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    Debemos indicar que, por el principio de jerarquía normativa, una norma con rango de Ley no puede apartarse de una norma con rango de Ley Orgánica, debiendo tener en cuenta a todos los efectos la definición que el Código Civil otorga a los bienes muebles e inmuebles.

    Por otra parte, se ha de señalar que ni el Código Civil ni el Anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural ni la “Ley de Función Pública”, que usted menciona, disponen que sean los arquitectos los únicos competentes para intervenir en bienes culturales inmuebles.

    El anteproyecto de ley establece la necesidad de que sea técnico competente en la materia el responsable de las actuaciones. Además, se aplicará lo propuesto para las sugerencias 1 y 4 de este mismo documento porque inciden en los mismos aspectos

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