Alejandro Valderas Alonso

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    El Centro de Investigación e Innovación del Patrimonio Cultural de Castilla y León regulado el Titulo VI de la Ley nace con el objetivo de planificar y coordinar las acciones de investigación e innovación en la intervención, conservación y valorización del Patrimonio Cultural de Castilla. No es objeto del anteproyecto detallar todas las actividades de los órganos gestores.

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    El artículo 69.2 establece la necesidad de que la Administración competente en Patrimonio Cultural participe en la fase inicial de cualquier proyecto o actuación que incida en el territorio, ya sea promovido por la Consejería de Fomento, Agricultura o cualquier otra, con la única finalidad de prevenir impactos irreparables en los bienes culturales.
    Respecto de lo manifestado en relación con el artículo 74, debemos informar que el diagnóstico de la afección sobre el Patrimonio Cultural debe ser realizado por el promotor del citado proyecto, obra o actividad, ya sea una administración o un particular.

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    El artículo 67 del anteproyecto de Ley asigna niveles de protección en virtud del reconocimiento de los valores de cada camino o ruta.
    En cuanto a la Vía de la Plata, no se estima contradicción. Es un Bien de Interés Cultural que tiene una doble vertiente: está protegido singularmente como Conjunto Histórico fundamentalmente por su carácter de vía romana articuladora del territorio hispano, y por otro, manifiesta un gran valor inmaterial por su carácter de Camino Histórico de peregrinación.
    Por otro lado, es verdad que existen órganos de cooperación con otras Comunidades Autónomas para la gestión de los Caminos a Santiago, pero su protección desde el punto de vista legal corresponde a cada una de ellas, por su competencia exclusiva en materia de patrimonio cultural.

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    El Anteproyecto regula la figura de la expropiación forzosa en materia de patrimonio cultural, esto es, con carácter sectorial y siempre por causa de interés social o utilidad pública. Así, la adquisición de los inmuebles necesarios para la instalación, ampliación o mejora de archivos, bibliotecas y centros museísticos de titularidad pública, será con carácter excepcional y en cualquier caso por causa de utilidad pública.

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    El Anteproyecto regula la figura de la expropiación forzosa en materia de patrimonio cultural, esto es, con carácter sectorial y siempre por causa de interés social o utilidad pública. Así, la adquisición de los inmuebles necesarios para la instalación, ampliación o mejora de archivos, bibliotecas y centros museísticos de titularidad pública, será con carácter excepcional y en cualquier caso por causa de utilidad pública.

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    Por su parte, el artículo 35.2 d) establece la obligación de notificar a la Consejería competente en materia de patrimonio cultural toda transmisión de un bien mueble declarado de interés cultural o inventariado.
    En cuanto al control por parte de la Administración autonómica del traslado de un bien mueble inventariado a otra CCAA, se realizará a través de la autorización. El artículo 40.1 dispone expresamente que “cualquier modificación, restauración, traslado, reproducción o alteración de un bien mueble declarado de interés cultural o inventariado requerirá autorización previa de Consejería competente en materia de patrimonio cultural.”

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    En relación con esta sugerencia se propone que los bienes individuales que cuenten con expediente incoado anterior a la Ley 12/2002 se declaren por ministerio de la nueva Ley, cuyo Anteproyecto se informa, como Bienes de Interés Cultural en su respectiva categoría. En cuanto a las áreas patrimoniales en la misma situación administrativa deberá concluirse el expediente de declaración en un plazo no superior a cuatro años.

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    No se puede desde la Legislación sectorial de Patrimonio Cultural legislar en otras materias que no sean de su competencia
    La generalización de la administración electrónica ha tenido su plasmación en la Ley de Procedimiento Administrativo del año 2015. Por ello, desde la Junta de Castilla y León se están implantando las medidas para dar cumplimiento a la administración electrónica.

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    El Anteproyecto contempla la libre circulación de bienes muebles culturales particulares, si bien establece un control, que se lleva a cabo a través de la autorización, de modo que cualquier traslado de un bien mueble declarado de interés cultural o inventariado requerirá autorización previa de Consejería competente en materia de patrimonio cultural.
    En cuanto a la disgregación de las colecciones de bienes muebles declarados, el Anteproyecto no establece una prohibición expresa; dispone que podrán disgregarse excepcionalmente y por motivos justificados previa autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio cultural.

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    No todo el “patrimonio arqueológico” es de dominio público, se considera “bien de dominio público” los objetos y restos materiales muebles de carácter arqueológico que posean los valores propios del Patrimonio Cultural de Castilla y León y sean descubiertos por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier otra índole, con independencia de que estos bienes se hallen en inmuebles de titularidad privada.
    Por su parte, en ningún caso podrá considerarse un “fraude de ley” la “demanialidad” de los citados bienes y mucho menos la expropiación de un derecho de propiedad privado, toda vez que el poseedor de dicho bien en ningún momento adquirió un título de propiedad sobre el mismo precisamente por la naturaleza demanial del bien.

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    El anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León se basa en la misma fuente que la ley estatal, es decir, en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobada por UNESCO en 2003 y ratificada por España en 2007. Por otro lado, la propia ley nacional señala que se limita a perfilar un conjunto de líneas maestras que no impiden que a su vez las Comunidades Autónomas puedan dictar asimismo sus regulaciones específicas sobre la misma materia.

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    La colaboración entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la Iglesia Católica se regula por los Acuerdos suscritos por el Estado Español y la Santa Sede.
    En relación con el resto de confesiones religiosas, la propia ley viene a recoger la posibilidad de establecer cauces de colaboración.

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    El artículo 7 atribuye a las Administraciones públicas, tanto autonómica como local, la función de impulsar la participación social en la gestión de los bienes culturales, entre otras acciones, mediante la promoción de la inversión empresarial a través de incentivos fiscales, cuya regulación específica se realizará reglamentariamente.
    El cumplimiento de los fines que persigue el Anteproyecto solo puede conseguirse mediante la articulación de un sistema de medidas de fomento recogidas en el capítulo I del Título IV, que a su vez sirve como incentivo y proporciona a sus destinatarios el apoyo y asistencia necesarios para afrontar los deberes o limitaciones.
    Asimismo se hace saber que es de aplicación el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que dispone que estarán exentos del Impuesto de Bienes Inmuebles, los Monumentos y Jardines…

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