Jimena Calleja

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    Se cuestiona la posible invasión de competencias del voluntariado en sectores profesionales o en competencias de la propia administración.

    El anteproyecto de Ley establece la acción del voluntariado para la gestión y/o difusión de los bienes, sin que ello afecte a las tareas ni de los profesionales de la conservación y/o restauración ni a las acciones de cautela y supervisión que detenta la administración. Toda acción sobre un bien o actividad cultural corresponde a sus propietarios o portadores que bien pueden ceder la iniciativa de la gestión a asociaciones, colectivos o voluntarios, como incluso a administraciones, sin que ello supongo o condiciones el incumplimiento de las normas de actuación y las autorizaciones, en su caso, correspondientes.

    La ley trata de ampliar la participación ciudadana y, en buena, parte ésta puede canalizarse a través del voluntariado.

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    Efectivamente el voluntariado tiene sus riesgos, y por tanto si se abre este campo debe ser de una forma muy precisa, pautada y hasta tutelada, que debe quedar por tanto reflejado

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    El artículo 11 recoge los órganos e instituciones que pueden hacer función consultiva en la aplicación de la Ley. Los primeros son figuras administrativas con competencias determinadas. En cuanto a las instituciones que se incluyen son las vinculadas a organismos públicos y otras corporaciones que se rigen por el derecho público.

    Las asociaciones se rigen por el derecho privado y su inclusión en el texto legal conllevaría una casuística demasiado específica, por lo que no parece adecuado considerar esta petición en el documento actual, indistintamente de que el futuro desarrollo normativo pudiera estudiar la incorporación de algunas otras entidades que detenten determinados requisitos, y así se prevé en el propio texto del articulado.

    Ello, no es impedimento para que este tipo de entidades vinculadas a la gestión del patrimonio puedan tener -así se reconoce y propone en el texto del anteproyecto- un papel destacado en el desarrollo de proyectos y…

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    De este modo se impulsa la Convención de Faro articulando medidas de participación ciudadana en la consulta sobre la defensa del patrimonio.

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    Se solicita concreción en el apartado tercero del artículo 36 sobre la titulación del técnico con competencia para intervenir en el patrimonio cultural, específicamente del titulado oficial de conservador-restaurador.

    El anteproyecto define la necesidad de que las actividades reguladas en el anteproyecto sean dirigidas por técnico competente en la materia de afección, esto es: arquitectura, arqueología, conservación, etc. Será en el posterior Reglamento, si así se considera, donde puedan concretarse determinadas actividades y profesiones cualificadas para acometerlas, así como definir el contenido de los requisitos, proyectos o memorias que exige el anteproyecto de Ley.

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    Se solicita concreción en el apartado tercero del artículo 36 sobre la titulación del técnico con competencia para intervenir en el patrimonio cultural, específicamente del titulado oficial de conservador-restaurador.

    El anteproyecto define la necesidad de que las actividades reguladas en el anteproyecto sean dirigidas por técnico competente en la materia de afección, esto es: arquitectura, arqueología, conservación, etc. Será en el posterior Reglamento, si así se considera, donde puedan concretarse determinadas actividades y profesiones cualificadas para acometerlas, así como definir el contenido de los requisitos, proyectos o memorias que exige el anteproyecto de Ley.

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    Se solicita concreción en el apartado tercero del artículo 36 sobre la titulación del técnico con competencia para intervenir en el patrimonio cultural, específicamente del titulado oficial de conservador-restaurador.

    El anteproyecto define la necesidad de que las actividades reguladas en el anteproyecto sean dirigidas por técnico competente en la materia de afección, esto es: arquitectura, arqueología, conservación, etc. Será en el posterior Reglamento, si así se considera, donde puedan concretarse determinadas actividades y profesiones cualificadas para acometerlas, así como definir el contenido de los requisitos, proyectos o memorias que exige el anteproyecto de Ley.

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