María

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    No se da la falta de habilitación legal denunciada, pues el art. 57 RUCyL reproduce las previsiones del art. 23 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y en particular los apartados b) y b) bis del art. 57 RUCyL se corresponden (con precisiones de naturaleza reglamentaria) con los apartados b) y b) bis del art. 23.2 de la citada ley.

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    Se agradece y se acepta su sugerencia. En el Preámbulo del proyecto de decreto, se incorpora una referencia al estudio de puestos que es el que recoge, precisamente la motivación de la que este texto, a su juicio adolece. Revisamos la redacción del decreto para clarificar al máximo algunos de los aspectos que señala, dado que la disposición de carácter general debe fijar criterios claros que se motivan en el estudio y en la memoria del proyecto.

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    La presencia de poblaciones de agachadizas chicas y agachadizas comunes en nuestra Comunidad permite su aprovechamiento cinegético sostenible. Analizada su petición, y a los efectos de garantizar esta sostenibilidad, la propuesta de orden contemplará un cupo máximo por cazador y día para ambas agachadizas (computadas de forma conjunta) de 3 ejemplares.
    En cuanto al ánade silbón, la cerceta común y el pato cuchara, los estudios y trabajos de seguimiento de estas tres especies indican unos contingentes y distribución en la Comunidad compatible con su aprovechamiento cinegético.
    Por último, El Decreto 10/2018 por el que se modifica el Decreto 32/2015 excluye al porrón común y al porrón moñudo del listado de especies cinegéticas, por lo que ambas especies no serán objeto de declaración como cazables.
    La propuesta de orden indicará que el número máximo de piezas de codorniz a cobrar por cazador y día sea 25.

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    Gracias por su aportación a este Espacio de Participación.

    Según se establece en el Preámbulo del Decreto 1/2017, de 12 de enero por el que se crea y regula el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, dicho Consejo asume las funciones del órgano de regional de participación previsto en el artículo 12 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León. Por otra parte, el artículo 5.2 del citado Decreto, establece las funciones del Pleno del Consejo Regional de Medio Ambiente, entre las que se encuentran, informar los planes, los programas y las estrategias que elabore la Consejería competente en materia de medio ambiente, además de cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas normativamente (apartados b) y h) de dicho artículo 5.2).

    En consecuencia, las órdenes que se dicten por aplicación de la Ley de Patrimonio Natural, podrán ser informadas al…

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    Muchas gracias por su aportación. Por su propia naturaleza, las normas suelen contener reglas y excepciones. En este caso, creemos que van a servir para dinamizar los órganos de participación en todas las áreas de actuación de la Administración de la Comunidad y para que existan figuras ahora inéditas, como las iniciativas ciudadanas, aumentando el campo de acción de la democracia participativa.

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    Gracias por su aportación.
    Los miembros de la Mesa son seleccionados de entre los representantes de los sectores más directamente implicados en las materias de cuya gestión puede verse afectada la especie. De cada uno de ellos, se ha dado representación tanto a la Administración, como al sector privado, puesto que cada uno de ellos aporta una visión especializada y diferente sobre un mismo campo. Respecto a la presencia del Consejero, su presencia es necesaria como máxima representación de la consejería y con total capacidad para la toma de decisiones que afectan a diversos sectores.
    La misma reflexión puede hacerse en el caso del Comité Científico, tratando de dotarla de la máxima diversidad y calidad técnica. Quedaría incompleto un foro de expertos sin la participación de los responsables técnicos de la Administración, quienes se encargan día a día de la gestión de la especie.
    Siendo fundamentales las aportaciones por parte…

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    Agradeciendo y valorando su participación en este trámite, debe señalarse que el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León se configura como el órgano colegiado de carácter consultivo de la Comunidad de Castilla y León en materia de medio ambiente, se adscribe a la consejería con competencias en dicha materia, y tiene como fin servir de lugar de encuentro y participación de los sectores implicados en la elaboración, consulta y seguimiento de las políticas ambientales.
    En consecuencia, y atendiendo a las funciones que se le encomiendan, en su composición se integran, además de los representantes de las distintas administraciones, los diferentes sectores de la sociedad civil relacionados con la materia.

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    Agradecemos sus sugerencias.

    El proyecto de Decreto tiene como finalidad última modernizar las RPT avanzando hacia un sistema de ordenación de puestos de trabajo que permita adaptar con agilidad la estructura de la Administración a las necesidades del servicio público. Cuanto mejor y más ágilmente se atiendan las necesidades de los ciudadanos, mejor garantizada estará la pervivencia de la administración y de sus empleados públicos. El comentario indica de manera genérica que hay una regulación más débil que la que había antes pero no apunta ningún artículo o apartado que refleje esa supuesta debilidad, por lo que no se puede contestar nada al respecto.
    El título del proyecto se refiere a su contenido y objeto esencial, de forma clara y concisa permite identificar el contenido y objeto de la disposición, sin que proceda, por razones de técnica normativa, una redacción que incluya o relacione la totalidad de los asuntos en…

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    Gracias por su participación en el foro.
    Desde un punto de vista normativo no hay impedimento para que coexistan una categoría de suelo específicamente reservada a las actividades extractivas (donde estas se encuentra directamente permitidas, puesto que ya se ha llevado a cabo previamente el análisis que ha llevado a concluir que es el uso más adecuado), con otras categorías, donde estas actividades pueden estar prohibidas, o ser autorizables mediante un procedimiento especial.

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