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José Luis Martínez López-Muñiz

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    Respecto a la necesidad de esta ley señalar que actualmente 13 Comunidades Autónomas cuentan con leyes específicas sobre la materia. Por otro lado, garantizar la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en Castilla y León formaba parte de los programas electorales de casi todos los partidos políticos que conforman en la presente legislatura las Cortes de Castilla y León. Igualmente, impulsar una Ley para garantizar, en el ámbito de las competencias propias de la Comunidad, el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, forma parte del acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Ciudadanos.

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    La Comunidad Autónoma no tiene competencia para una Ley con el contenido proyectado, y especialmente para cuanto incidiría en las libertades ideológica, religiosa, científica, de expresión o de enseñanza, o en el derecho a la intimidad personal y familiar cuyos condicionamientos están constitucionalmente reservados a ley orgánica y por tanto estatal, así como en el régimen de los derechos de la personalidad y en el Derecho de familia, cuya regulación esta constitucionalmente reservada al Estado. La Ley del anteproyecto atentaría además contra la garantía constitucional del contenido esencial de varias de las libertades y derechos afectados por la regulación que establecería y de la igualdad en ellos. Es inaceptable hacer decir a importantes declaraciones, convenciones y tratados internacionales lo que no dicen, tratando además de hacer pasar como exigido por ellos lo que atenta netamente contra ellos. No responde a ninguna necesidad social sino a la presión de un grupo organizado muy minoritario que quiere imponer por las vías propias de la imposición legal la aceptación de sus, cuanto menos, muy discutible concepciones.

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