Luis M.

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    Y depende del valor del inmueble.
    No es lo mismo un piso de 100.000 € que de 1.000.000 €.

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    Pero que acto seguido el hijo no venda el inmueble...

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    Esto huele a promoción interna encubierta, aunque sea con carácter temporal (que ya sabemos lo que entiende esta Administración por 'temporal').

    Y para promocionar en la carrera administrativa se exige algo más que poseer la titulación exigida para el ingreso en los Cuerpos o Escalas a los que se aspira a acceder.

    Además de la titulación (para promocionar legalmente), se exige haber prestado servicios efectivos durante al menos dos años como funcionario en Cuerpos o Escalas del grupo de titulación inmediatamente inferior al del Cuerpo o Escala al que pretenda acceder, y reunir los requisitos y superar las pruebas que para cada caso establezca la Consejería con competencia en materia de Función Pública, las cuales se desarrollarán bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad (art. 71.1 Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León).

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    Artículo 78 del TRLEBEP.- Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera.
    1. Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
    2. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública.
    3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer otros procedimientos de provisión en los supuestos de movilidad a que se refiere el artículo 81.2, permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos.

    Artículo 81 del TRLEBEP.- Movilidad del personal funcionario de carrera.
    1. Cada Administración Pública, en el marco de la planificación general de sus recursos humanos, y sin perjuicio del derecho de los funcionarios a la movilidad podrá establecer reglas para la ordenación de la movilidad voluntaria de los funcionarios públicos cuando considere que existen sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades específicas de efectivos.
    2. Las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos o entidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. Los funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos.
    3. En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán proveerse con carácter provisional debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo que señalen las normas que sean de aplicación.

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    Artículo 81.3 TRLEBEP: En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán proveerse con carácter provisional debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo que señalen las normas que sean de aplicación.

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    El trámite de consulta pública previa se desarrolla conforme dispone el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la parte que no ha sido declarado contrario al orden constitucional de competencias por Sentencia del TC 55/2018, de 24 de mayo, que deja a salvo el inciso de su apartado primero «Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública», lo que implica que es un trámite que se lleva a cabo con carácter previo a la elaboración del texto.

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    Con el debido respeto, ¿me pueden ustedes explicar cómo se puede dar la opinión respecto de algo que no existe o no se conoce?
    Digo yo que debería existir un soporte documental que justifique la elaboración del Decreto o es que la Administración de la Comunidad se ha lanzado a elaborar un Decreto a ciegas y a lo loco.

    Y al margen de lo que establece la STC 55/2018, la normativa autonómica dice lo siguiente:

    Art. 75.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: La redacción del texto estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes y por el trámite de consulta previa, cuando éste proceda de acuerdo con la normativa reguladora del procedimiento administrativo común que se efectuará a través del Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León por un plazo mínimo de diez días naturales.

    Disposición adicional primera de la Ley 3/2001: En todo lo no previsto en esta Ley será de aplicación lo establecido en la legislación del Estado con carácter supletorio.

    Por tanto, se puede deducir, que el art. 133.3 de la Ley 39/2015 del PACAP se puede aplicar perfectamente a nuestro caso, dado que es la propia normativa autonómica la que lo faculta.

    Por último, ¿qué pasa con el derecho de acceso a la información pública?
    ¿Para qué están las siguientes normas?
    - Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
    - Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.
    - Decreto 7/2016, de 17 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la Comunidad de Castilla y León.

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    Artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP (Planificación normativa):
    1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.
    2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.

    A pesar de lo previsto en la STC 55/2018, de 24 de mayo de 2018, debió elaborarse un Plan Anual Normativo que incluyese el Decreto que aquí nos ocupa.
    Esto debería ser así en virtud de los artículos 75 y 76 de la Ley 3/2001 (del Gobierno y de la Administración de CyL) pero sobre todo en virtud de la disposición adicional primera de dicho precepto. Parece clara cual era la voluntad del legislador, dadas las constantes remisiones que hace la Ley 3/2001 a la Ley de Procedimiento Administrativo y a la normativa estatal en su conjunto.
    Además, las bases del régimen estatutario de los funcionarios y el procedimiento administrativo común son competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.18ª CE).

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    Los puestos tipo se han configurado a partir de la agrupación de puestos de trabajo preexistentes con las mismas características. La acomodación a catálogo no ha supuesto una alteración de los puestos de trabajo. En los expedientes de las rpts está motivada cada una de las características de los puestos que se creen o modifiquen.

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    En relación a la asignación de los complementos de destino y específico, yo creo que existe una discrepancia entre los artículos 23 y 76 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, sobre a cuál de los dos instrumentos, RPT o Catálogo, le corresponde la determinación de dichos complementos.

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    Se agradece y se acepta su sugerencia. En el Preámbulo del proyecto de decreto, se incorpora una referencia al estudio de puestos que es el que recoge, precisamente la motivación de la que este texto, a su juicio adolece. Revisamos la redacción del decreto para clarificar al máximo algunos de los aspectos que señala, dado que la disposición de carácter general debe fijar criterios claros que se motivan en el estudio y en la memoria del proyecto.

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    Se debe eliminar la frase "No obstante,..." del artículo 3.2.f) del Decreto, en referencia al complemento específico de cada puesto tipo.
    También debería suprimirse la Disposición Adicional y el Anexo II.

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    La letra b) del artículo 3.2 del Decreto establece lo siguiente:

    "Los puestos tipo estarán adscritos en exclusiva a uno de los tipos de Cuerpo. No obstante, algunos puestos tipo podrán adscribirse indistintamente a más de un tipo de Cuerpo en los siguientes casos:

    - Cuando su forma de provisión sea la libre designación o el concurso
    específico.
    - Cuando se trate de puestos de dirección o coordinación.
    - Cuando el cuerpo o escala de administración especial exista en el ámbito de esta Administración como consecuencia de un proceso de transferencias, no habiendo existido procesos selectivos tras producirse éstas.
    - Cuando el número de puestos de trabajo necesarios para garantizar la prestación del servicio sea superior al número de funcionarios de un cuerpo o escala concreto, de manera que no sea posible asegurar su cobertura y atender las necesidades existentes".

    No debería existir ninguna de estas cuatro excepciones y cada puesto tipo debería estar adscrito en exclusiva a un solo Cuerpo.
    Desde luego la primera y la cuarta de las excepciones deberían ser eliminadas.
    Eso de que "el número de puestos de trabajo necesarios para garantizar la prestación del servicio sea superior al número de funcionarios de un cuerpo o escala concreto, de manera que no sea posible asegurar su cobertura y atender las necesidades existentes" chirría un poco. Que se cubran todas las plazas existentes y si se necesitan más que se creen.

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    Totalmente de acuerdo.
    No se sabe todavía dónde están los informes y estudios preceptivos y que reclaman las distintas Sentencias del TSJ de Castilla y León. Les da igual, solo les importa que se resuelva el Concurso Abierto y Permanente, aunque sea todo una auténtica chapuza.
    Sigue sin existir una justificación/motivación adecuada del Catálogo.
    En vez de ajustar los puestos de trabajo de las RPTs al Catálogo, se han sacado de la manga un Catálogo basado en las RPTs preexistentes y han hecho las modificaciones que les ha venido en gana sin justificación alguna.
    Falta una mayor concreción de las tareas de cada puesto tipo, por lo que el CPT tiene una utilidad muy limitada, escasa o nula.
    Tampoco se sabe cómo han sido asignados los niveles de complemento de destino y los complementos específicos a cada uno de los puestos tipo.
    Además, al ser las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos una competencia exclusiva del Estado, la creación de normas al respecto por parte de la Comunidad Autónoma debería ajustarse a lo dispuesto en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP.

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    Se debe eliminar la frase "No obstante, podrán abrirse a un máximo de dos" del artículo 3.2.c) del Decreto, en referencia a los subgrupos de cada puesto tipo.

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    Misma situación que se produce para cualquier puesto de técnico, del tipo que sea.

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    Los puestos tipo se han configurado a partir de la agrupación de puestos de trabajo preexistentes con las mismas características. Por ello, solo puede recoger una descripción funcional básica y serán varios factores los que concreten esta definición: las características de la rpt junto con las funciones de los cuerpos y escalas a los que estén adscritos los puestos de trabajo así como los órganos o unidades administrativas en los que se encuadren. El horario especial está asociado a los puestos de trabajo concretos no a los puestos tipo.

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    El artículo 23 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo de la Función Pública de Castilla y León establece que el catálogo de puestos tipo es el instrumento de clasificación y ordenación de los puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
    Las Administraciones Públicas, en desarrollo de lo establecido en el EBEP (concretamente en el artículo 74 que usted cita) y en el ejercicio de su potestad auto-organizatoria, son responsables de la ordenación de sus recursos humanos.

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    Artículo 133.1 Ley 39/2015 (Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos):

    "Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

    a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
    b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
    c) Los objetivos de la norma.
    d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias".

    A este respecto y a modo de resumen:
    - Esta norma no viene a solucionar ningún problema sino más bien a crearlo, solo hay que ver lo que ha sucedido hasta el momento.
    - Como ya se ha dicho, es un instrumento totalmente innecesario: hasta ahora no existía y no se echaba en falta, no existe para el personal laboral de esta Administración y no existe en otras Administraciones.
    - Este instrumento no está contemplado en el TRLEBEP y a la vista del artículo 74, de este Real Decreto Legislativo 5/2015, es incompatible con las RPTs como instrumento de ordenación de los puestos de trabajo.
    - Siguen sin elaborarse los informes y estudios requeridos por las distintas Sentencias del TSJ, vulnerando lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley 3/2001 y en la Ley 39/2015 del PACAP.
    - No elaboran informes, estudios ni memoria porque lleva tiempo y el resultado sería la falta de necesidad y oportunidad.

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    Artículo 129 Ley 39/2015 (Principios de buena regulación):
    - Punto 4: A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.
    - Punto 6: En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

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    El Decreto 33/2016, de 22 de septiembre, en materia de elaboración y aprobación de estructuras orgánicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de elaboración de las relaciones de puestos de trabajo.( BOCYL de 26 de septiembre) ya establecía en su disposición transitoria primera que “los puestos de trabajo que por sus características esenciales se correspondan con un puesto tipo no sufrirán modificación alguna y en consecuencia su acomodación a un puesto tipo no alterará el carácter con el que esté provisto ni las retribuciones de su ocupante”.

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