Luis M.

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    Muchas gracias por su aportación.
    El proyecto de Decreto lo que pretende es adaptar la contratación centralizada de la Administración de la Comunidad de Castilla y León a la legislación vigente en materia de contratación administrativa y determinar las competencias de los distintos órganos de contratación en la tramitación de los contratos.

    El proyecto de decreto no contiene, ni se pretende desarrollar, las condiciones y requisitos de acceso a las licitaciones. La solvencia exigida a los empresarios vendrá determinada en la licitación de los acuerdos marco que se tramiten, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público (Libro primero, título II, capítulo II), atendiendo a los principios de vinculación con el objeto del contrato y de proporcionalidad, sin que la misma suponga obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas empresas (Art. 87.4 LCSP).

    No obstante, hay que señalar que, de conformidad con…

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    Artículo 157 (Ley 40/2015). Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración.

    1. Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma. Las Administraciones cedentes y cesionarias podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones cedidas.

    2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información.

    3. Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en el directorio general de aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, si existen soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre que los requisitos tecnológicos de interoperabilidad y seguridad así lo permitan.

    En este directorio constarán tanto las aplicaciones disponibles de la Administración General del Estado como las disponibles en los directorios integrados de aplicaciones del resto de Administraciones.

    En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las Administraciones Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la decisión de no reutilizarla se justifique en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

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    Artículo 158 (Ley 40/2015). Transferencia de tecnología entre Administraciones.

    1. Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, de conformidad con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estos directorios deberán ser plenamente interoperables con el directorio general de la Administración General del Estado, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión.

    2. La Administración General del Estado, mantendrá un directorio general de aplicaciones para su reutilización, prestará apoyo para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.

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    Muchas gracias por su aportación.

    Con este proyecto de Decreto se pretende dotar de un marco normativo regulatorio de la adquisición centralizada en la Administración de la Comunidad adecuado a la normativa vigente en materia de contratación administrativa y determinar las competencias de los distintos órganos de contratación en la tramitación de los contratos.

    A estos efectos hay que distinguir:
    a) La disposición general, que constituye la norma proyectada.
    b) Los Acuerdos Marco y los contratos basados en los mismos, que en ejecución de esta norma y conforme a la legislación básica de contratos vayan a sustanciarse.
    a) La disposición general que constituye la norma proyectada.

    Desde la entrada en vigor del Decreto 51/2003, de 30 de abril, por el que se regula la adquisición centralizada de la Comunidad de Castilla y León, hasta la fecha, la legislación básica en materia de contratación administrativa ha sido objeto de modificaciones sustanciales.…

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    Artículo 158 (Ley 40/2015). Transferencia de tecnología entre Administraciones.

    1. Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, de conformidad con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estos directorios deberán ser plenamente interoperables con el directorio general de la Administración General del Estado, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión.

    2. La Administración General del Estado, mantendrá un directorio general de aplicaciones para su reutilización, prestará apoyo para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.

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    Artículo 157 (Ley 40/2015). Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración.

    1. Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma. Las Administraciones cedentes y cesionarias podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones cedidas.

    2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información.

    3. Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en el directorio general de aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, si existen soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre que los requisitos tecnológicos de interoperabilidad y seguridad así lo permitan.

    En este directorio constarán tanto las aplicaciones disponibles de la Administración General del Estado como las disponibles en los directorios integrados de aplicaciones del resto de Administraciones.

    En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las Administraciones Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la decisión de no reutilizarla se justifique en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

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    Convenios firmados por TI-España con instituciones oficiales y sociales:

    https://transparencia.org.es/convenios-con-otras-instituciones/

    TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

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    EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (INCAU): OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

    El Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) tiene un doble objetivo: Por una parte, realizar una evaluación del nivel de transparencia de los Gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas, y por otra, impulsar y propiciar el aumento de la información que estas instituciones ofrecen a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto.

    En esta cuarta edición del INCAU (2016) se ha procedido a la evaluación de la transparencia de las diecisiete Comunidades Autónomas españolas, o más concretamente de los Gobiernos responsables de dichas CC.AA. El procedimiento se basa fundamentalmente en contrastar si estas instituciones publican la información relativa a un conjunto de 80 indicadores, que tratan de abarcar las áreas más importantes de la información que los responsables del gobierno de una Comunidad Autónoma deberían poner públicamente a disposición de la sociedad. En la selección de estos 80 indicadores han venido colaborando especialistas y técnicos de numerosas instituciones.

    Con la aplicación de ese conjunto de 80 indicadores cada Comunidad Autónoma obtiene una puntuación individual, de forma que surge así un Ranking o Clasificación del nivel de transparencia de las diecisiete Comunidades.

    Las seis Áreas de transparencia que se evalúan en el INCAU 2016 son las siguientes: A) Transparencia activa e información sobre la Comunidad Autónoma. B) Página web, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, y participación ciudadana. C) Transparencia económico-financiera. D) Transparencia en las contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los servicios. E) Transparencia en materias de Ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas. F) Derecho de acceso a la información.

    Otro objetivo del INCAU, además de esta evaluación del nivel de transparencia, es fomentar la cultura informativa de las propios organismos autonómicos, ya que se les ofrece la posibilidad, durante un plazo determinado, de que incorporen en sus respectivas webs la información solicitada por TI-España, lo cual contribuye, aparte de mejorar sus respectivas puntuaciones en el INCAU, a lograr un aumento del nivel de la información útil e importante que dichos organismos ofrecen a los ciudadanos y a la sociedad.

    Aparte de la situación individual de cada Gobierno autonómico, con el INCAU se llegan a conocer, además, aquellos aspectos en los cuales los organismos a nivel colectivo presentan mayores o menores niveles de transparencia, bien en cuanto a su información económico-financiera, contratación de servicios y suministros, ordenación del territorio, etc.

    A través del INCAU se busca, en definitiva, propiciar un mayor acercamiento de las instituciones autonómicas a la sociedad española, fomentando el aumento de la información que los ciudadanos reciben de las mismas en relación con el gobierno y la administración de las respectivas Comunidades Autónomas.

    TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

    https://transparencia.org.es/objetivos-y-caracteristicas-basicas-incau-2016/

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    La Comunidad de Castilla y León obtiene un 94,40 sobre 100 (estando la media nacional en 94), ocupando el puesto 10 de 17 CCAA.
    Estos datos corresponden al año 2016 (último disponible).

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    Ah! Y que la concesión dure tantos años es de juzgado de guardia.
    No debería exceder de 4 ó 5 años, como mucho.
    Lo dicho, estas concesiones administrativas seguro que vulneran todas las normas europeas sobre competencia.

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    Yo le paso la revisión al coche todos los años en el concesionario oficial.
    ¿Por qué además de eso tengo que pagar la ITV?
    Se supone que sigo las indicaciones del fabricante para que el vehículo esté en perfectas condiciones de uso.
    Si, además de las pautas marcadas por el fabricante, hay que hacer alguna prueba más que se haga, que me lo certifique el taller oficial y así me ahorro la ITV.

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    Pues anda que no hay cada vehículo que supera la inspección... no sé cómo.
    Y luego te ponen algunas faltas leves en el informe que son de chiste.
    Yo creo que cualquier persona normal, con dos dedos de frente, hace los mantenimientos regulares a su vehículo, por su propio interés y el de su familia.
    El que no lo hace es porque no puede (económicamente) o es un cafre.
    Y anda que no hay gente por ahí sin la ITV.

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    La más barata en gasolina es Andalucía (26,19 euros para vehículos de menos de 1.600 cc).
    Y la más barata en diésel es Extremadura (28,39 euros).
    Ambas con gestión pública directa de las estaciones de la ITV, sin empresa concesionaria.

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    En Castilla y León el precio es de 37,20 para los coches de gasolina y de 44,59 euros para los diésel, incluido el IVA (21%) pero no la tasa de Tráfico (4,10 euros).

    Para que podáis comparar y opinar.

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    Está claro que donde sale más barato pasar la ITV es en aquellas CCAA donde está gestionada por una empresa pública.

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    "Pasar la ITV al coche o a la moto no tiene el mismo precio en todas las comunidades autónomas. La asociación de consumidores Facua ha analizado el precio de las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), un control obligatorio. El informe que han presentado este lunes confirma que "hay diferencias de hasta el 74,4% en los turismos con motores de gasolina y del 98,8% en los diésel, en función de la comunidad autónoma en la que se realice". Según Facua, "el precio medio de la ITV en las diecisiete comunidades autónomas en la actualidad es de 35,44 euros para los turismos de gasolina y de 42,11 euros para los equipados con motor diésel".

    La ITV más cara para los gasolina

    Euskadi es la comunidad con la tarifa de ITV más alta para turismos de gasolina, 44,48 euros. En segundo lugar, Cantabria, con 41,95 euros. La tercera, la Comunidad de Madrid, donde la media de las estaciones encuestadas, que fijan las tarifas sin regulación autonómica, es de 40,37 euros.

    La ITV más barata para los gasolina

    Las comunidades que registran las tarifas más económicas para las inspecciones de turismos de gasolina son Andalucía (26,19 euros para los vehículos de menos de 1.600 centímetros cúbicos y 35,40 euros en el resto), Murcia (26,40 euros en la única estación explotada directamente por el Gobierno autonómico, en la localidad de Alcantarilla) y Extremadura (28,39 euros en las estaciones bajo control directo de la Administración).

    La ITV más cara para los diésel

    En cuanto a las tarifas de las ITV para turismos diésel, la Comunidad de Madrid es la más cara, 56,44 euros de media. Le siguen los 48,73 euros que supone en las ITV privadas en la Región de Murcia (frente a los 35,00 euros en la única de gestión pública). En tercer lugar, los 48,35 euros que cuesta en Mallorca (en Baleares las tarifas son aprobadas por cada consell insular).

    La ITV más barata para los diésel

    En cuanto a las tarifas más bajas para las ITV de los turismos diésel, son las de las estaciones públicas de Extremadura (28,39 euros), Navarra (29,40 euros) y las de Andalucía para turismos de menos de 1.600 cc. (30,79 euros).

    La ITV para motocicletas

    La tarifa media de las tarifas para pasar la ITV de una motocicleta en las diecisiete comunidades autónomas de 20,11 euros. Las más caras están en la Comunidad de Madrid, donde el precio medio de las estaciones comparadas por Facua -tienen las tarifas liberalizadas- es de nada menos que 35,96 euros. En el otro extremo, Canarias, donde supone 14,27 euros. La diferencia alcanza el 152,0%.

    ¿Dónde sube más la ITV?

    El análisis de las ITV realizado por FACUA este año refleja que la Comunidad Valenciana es la que ha experimentado más cambios. De hecho, es la comunidad con la mayor subida (un 7,1%) para las inspecciones de los vehículos de gasolina y con la mayor bajada (un 9,3%) para las de diésel.

    Aragón, Euskadi y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han experimentado incrementos del 2,3% en todas las tarifas analizadas (gasolina, diésel y motocicletas).

    ¿Dónde sube menos la ITV?

    Los precios han bajado en Cantabria (un 2%), Comunidad de Madrid (un 0,1% en turismos de gasolina y un 0,5% en vehículos diésel y motocicletas) y Región de Murcia. En este último caso, se ha producido un descenso del 2,1% en las estaciones privadas, mientras que en la única de gestión pública ha bajado el 2,2% en la tarifa para turismos de gasolina y el 6,4% en los de diésel".

    "¿Dónde es más caro y más barato pasar la ITV?" - Cadena SER - hace 2 días

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    Yo no digo que la liberalización sea la mejor solución pero sí es mejor que la gestión a través de la concesión del servicio.
    Además, la liberalización si se hace bien y bajo estricto control de la Administración, mediante las inspecciones correspondientes, y con una fijación del precio máximo (que no debería exceder de la media del coste del servicio en el conjunto del país), no debería ser como en Madrid.
    Por otro lado, si tu le pasas una revisión anual a tu vehículo, conforme establezca el fabricante y cumpliendo las pautas establecidas para la ITV, no debería ser necesario pasar ninguna ITV de forma expresa.
    Esto de la ITV es un invento para hacernos pasar por caja, ni más ni menos, ni seguridad vial ni leches.
    El mantener en perfecto estado tu vehículo es responsabilidad de cada uno y el principal interesado es el conductor y propietario del mismo.

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    Me hace gracia que no les tiemble la mano a la hora de privatizar servicios públicos esenciales (sanidad, educación, servicios sociales...) pero se resisten como 'gato panza arriba' a abrir ciertos servicios a la libre competencia, como lo es la concesión de la ITV, favoreciendo a unos pocos en detrimento de la mayoría.
    Seguro que se está incumpliendo la normativa europea en materia de competencia.

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    La creación y gestión de las concesiones de la Inspección Técnica de Vehículos por toda la geografía nacional ha sido una 'merienda de negros' (con perdón de la expresión) desde sus inicios, utilizando como excusa la seguridad vial, la protección del medio ambiente, etc.
    Y sino mirad lo que ha sucedido en Cataluña... y porque no investigan a fondo al resto de CCAA (incluida esta nuestra)...

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    Además, si tú le pasas la revisión anual al vehículo, según las recomendaciones del fabricante y siempre que estas estas se ajusten a lo establecido por la norma reguladora de la ITV, no haría falta pagar expresamente por pasar la ITV, con pagar la revisión estaría todo solucionado. Emitiendo el taller el correspondiente certificado.

    Otra cosa es que la ITV tenga un ánimo recaudatorio, lo que se solucionaría pagando a mayores de la revisión una pequeña tasa 'simbólica'.

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    Se entiende, la evolución de los salarios en relación a la evolución de los precios de los bienes y servicios.

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    Esto de las concesiones administrativas es como lo de los monopolios (seguro que están prohibidas por la normativa comunitaria).
    Así que la ITV o se gestiona de manera pública (directamente por parte de la Administración) o se privatiza (con una supervisión estricta por parte de la Administración y con precios regulados).

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    Esto de hablar de tarifas, precios, impuestos... sin referenciarlos al nivel de renta de los 'paganinis' (o sea todos nosotros) es un cachondeo.
    Seguro que tenemos la ITV más cara de toda España en relación con los salarios.

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    Se utilice el IGC para la revisión de las tarifas de la ITV o cualquier otro índice, se debería limitar el precio máximo del servicio.

    Según Facua, "el precio medio de la ITV en las diecisiete comunidades autónomas en la actualidad es de 35,44 euros para los turismos de gasolina y de 42,11 euros para los equipados con motor diésel".

    Como quiera que Castilla y León está en la mitad de las tablas de todos los indicadores macroeconómicos, en comparación al resto de CCAA, la tarifa de la ITV en la Comunidad de Castilla y León, en ningún caso, debería exceder de la media nacional.

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    En términos económicos indexación (neologismo del inglés indexation) es el procedimiento por el cual se ajustan valores de cualquier tipo (precios de bienes o servicios, salarios, deudas, impuestos, multas, rentas, tipos de interés etc.) de acuerdo con la variación de un índice de referencia a lo largo de un periodo de tiempo.

    Esta práctica se realiza para compensar las posibles pérdidas de valor producidas por la inflación o desvalorizaciones monetarias.

    Se usa con frecuencia:

    • El valor de la moneda nacional respecto de otra (dólar, euro, etc.).
    • El precio de algún producto estratégico (petróleo, oro).
    • Los precios de bienes de consumo (IPC).

    Cuando el precio de un bien o servicio se incrementa, los índices de precios como el IPC suben, por lo que automáticamente se incrementan los precios de otros bienes que no tienen nada que ver con el primero, únicamente porque están indexados a este índice.

    Esta espiral tiene el riesgo de generar una mayor inflación y se conoce como “efectos de segunda ronda”.

    El 1 de abril de 2015 entró en vigor la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, cuyo objeto es establecer un sistema por el que los valores monetarios no sean modificados en virtud de índices de precios o fórmulas que los contengan. Se procede por tanto a eliminar la indexación en:

    • El ámbito de la contratación pública.
    • En los precios regulados (tanto directa como indirectamente por la Administración Pública).
    • En todas las partidas de ingresos y gastos de los presupuestos públicos.

    En los casos excepcionales en los que la revisión de valores monetarios sea indispensable, se hará en función de precios individuales e índices específicos de precios (índice con la mayor desagregación posible que mejor refleje la evolución de precios y que pueda ser obtenido con información disponible al público), cuando los cambios en los costes de la actividad lo requieran y se autorice mediante Real Decreto.

    No pueden considerarse específicos el IPC o el de precios industriales (IPI). En cualquier caso, no serán revisables las amortizaciones, costes financieros, gastos generales ni beneficio industrial.

    Se excluyen del ámbito de aplicación de la Ley:

    • La negociación colectiva (salarios).
    • Pensiones y Seguridad Social.
    • Instrumentos financieros.

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    El Índice de Garantía de la Competitividad (IGC) es el dato corregido del Índice de Precios al Consumo (IPC) armonizado de la Eurozona. Este índice tiene un techo y un suelo: no puede bajar del 0% ni sobrepasar el 2%, para asegurar la competitividad de la economía a medio plazo.

    Así, si el índice da un resultado inferior a 0, la renta no se actualiza; pero si es positivo, la revalorización no puede superar la estimación de inflación a medio plazo que estima el Banco Central Europeo (BCE). La ventaja de este índice es su estabilidad y su desventaja, que se publica con dos meses de retraso.

    El problema del IGC es que es poco conocido entre los particulares, a pesar de llevar varios años de funcionamiento, la mayoría de personas no saben cómo funciona ni cómo se calcula.

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    "Pasar la ITV al coche o a la moto no tiene el mismo precio en todas las comunidades autónomas. La asociación de consumidores Facua ha analizado el precio de las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), un control obligatorio. El informe que han presentado este lunes confirma que "hay diferencias de hasta el 74,4% en los turismos con motores de gasolina y del 98,8% en los diésel, en función de la comunidad autónoma en la que se realice".

    Según Facua, "el precio medio de la ITV en las diecisiete comunidades autónomas en la actualidad es de 35,44 euros para los turismos de gasolina y de 42,11 euros para los equipados con motor diésel".

    La ITV más cara para los gasolina

    Euskadi es la comunidad con la tarifa de ITV más alta para turismos de gasolina, 44,48 euros. En segundo lugar, Cantabria, con 41,95 euros. La tercera, la Comunidad de Madrid, donde la media de las estaciones encuestadas, que fijan las tarifas sin regulación autonómica, es de 40,37 euros.

    La ITV más barata para los gasolina

    Las comunidades que registran las tarifas más económicas para las inspecciones de turismos de gasolina son Andalucía (26,19 euros para los vehículos de menos de 1.600 centímetros cúbicos y 35,40 euros en el resto), Murcia (26,40 euros en la única estación explotada directamente por el Gobierno autonómico, en la localidad de Alcantarilla) y Extremadura (28,39 euros en las estaciones bajo control directo de la Administración).

    La ITV más cara para los diésel

    En cuanto a las tarifas de las ITV para turismos diésel, la Comunidad de Madrid es la más cara, 56,44 euros de media. Le siguen los 48,73 euros que supone en las ITV privadas en la Región de Murcia (frente a los 35,00 euros en la única de gestión pública). En tercer lugar, los 48,35 euros que cuesta en Mallorca (en Baleares las tarifas son aprobadas por cada consell insular).

    La ITV más barata para los diésel

    En cuanto a las tarifas más bajas para las ITV de los turismos diésel, son las de las estaciones públicas de Extremadura (28,39 euros), Navarra (29,40 euros) y las de Andalucía para turismos de menos de 1.600 cc. (30,79 euros).

    La ITV para motocicletas

    La tarifa media de las tarifas para pasar la ITV de una motocicleta en las diecisiete comunidades autónomas de 20,11 euros. Las más caras están en la Comunidad de Madrid, donde el precio medio de las estaciones comparadas por Facua -tienen las tarifas liberalizadas- es de nada menos que 35,96 euros. En el otro extremo, Canarias, donde supone 14,27 euros. La diferencia alcanza el 152,0%.

    ¿Dónde sube más la ITV?

    El análisis de las ITV realizado por FACUA este año refleja que la Comunidad Valenciana es la que ha experimentado más cambios. De hecho, es la comunidad con la mayor subida (un 7,1%) para las inspecciones de los vehículos de gasolina y con la mayor bajada (un 9,3%) para las de diésel.

    Aragón, Euskadi y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han experimentado incrementos del 2,3% en todas las tarifas analizadas (gasolina, diésel y motocicletas).

    ¿Dónde sube menos la ITV?

    Los precios han bajado en Cantabria (un 2%), Comunidad de Madrid (un 0,1% en turismos de gasolina y un 0,5% en vehículos diésel y motocicletas) y Región de Murcia. En este último caso, se ha producido un descenso del 2,1% en las estaciones privadas, mientras que en la única de gestión pública ha bajado el 2,2% en la tarifa para turismos de gasolina y el 6,4% en los de diésel".

    "¿Dónde es más caro y más barato pasar la ITV?" - Cadena SER - hace 2 días

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    Luis M. commented  · 

    La más barata en gasolina es Andalucía (26,19 euros para vehículos de menos de 1.600 cc).
    Y la más barata en diésel es Extremadura (28,39 euros).
    Ambas con gestión pública de las estaciones de la ITV, sin empresa concesionaria de por medio.

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    Luis M. commented  · 

    Está claro que donde sale más barato pasar la ITV es en aquellas CCAA donde está gestionada por una empresa pública.

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    Luis M. commented  · 

    En Castilla y León los precios son 37,20 euros para los vehículos de gasolina y de 44,59 euros para los diésel, incluido el IVA (21%) pero no la tasa de Tráfico (4,10 euros).

    Para que podáis comparar y opinar.

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    Luis M. commented  · 

    No tendría porque ser así si la Administración ejerce sus funciones de inspección con rigor y a la mínima irregularidad cierra el taller.
    De todas maneras, si no te gusta el modelo privado, podemos ir al otro extremo y que hagan públicas (que gestione directamente la Administración) la estaciones de ITV.
    Lo de las concesiones administrativas son auténticos monopolios que no benefician en nada ni al ciudadano ni a la Administración, única y exclusivamente benefician a la empresa concesionaria.

    Y, en cualquier caso, se utilice un modelo u otro, lo que hay que hacer en Castilla y León es regular el precio máximo que debe tener el servicio y que, en ningún caso, debería exceder del precio medio a nivel nacional (y eso siendo muy generosos, porque, si tenemos en cuenta el peso de CyL en la economía nacional, tendría que estar muy por debajo de la media).
    Lo que no se puede es estar a la cabeza de las tarifas de la ITV con sueldos tercermundistas.

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