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    La Comunidad de Castilla y León pretende elaborar una nueva norma autonómica sobre Función Pública en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, regulando aquellos aspectos en los que el legislador básico así lo posibilita, pero evitando reiterar cuestiones ya reguladas en la legislación básica cuya aplicación resulta directa sin necesidad de ulterior desarrollo por la comunidad. Los límites temporales quedarán definidos en la norma por remisión a la regulación estatal básica en la materia.
    En la selección de personal temporal al servicio de la Administración en ningún caso se adjudican puestos de trabajo ni a personal funcionario ni a personal laboral sin haber superado el correspondiente proceso selectivo para el ingreso en los respectivos Cuerpos, escalas o Competencias funcionales.

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    debe quedar clara la situación jurídica del personal funcionario interino.

    Si ahora ya es mérito ser interino para el acceso a la función pública, al sustituir el " no constituirá mérito para la adquisición de la condición de personal funcionario de carrera" por el "no constituirá mérito preferente...", el principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública no se cumple
    Todos los que cumplan los requisitos de acceso a un puesto han de disponer de las mismas posibilidades. Cuestión a parte sería que el trabajo previo sirva para obtener un mejor destino, pero no una plaza
    Solicito que quede como está en la actual Ley de Función Pública.

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    Agradecednos la puntualización y en la tramitación del proyecto normativo se revisará la coherencia y corrección de cada precepto, incluida la del art. 18.
    En relación al contenido previsto en el artículo 19, se estará a la nueva redacción del artículo 10 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. El nuevo precepto estatal básico establece una regulación completa sobre la naturaleza de dicho personal, los supuestos tasados para su nombramiento y las causas y consecuencias del cese, mientras que la normativa en materia de altos cargos y la legislación presupuestaria contemplan previsiones adicionales en relación a incumplimientos o irregularidades en el desempeño del cargo.

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