Luis Gerardo Puertas

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    Agradecemos su propuesta y la tendremos en cuenta en el diseño del nuevo modelo de orientación de Castilla y León. Al igual que usted, consideramos prioritario, en nuestro sistema educativo, trabajar para lograr reducir la ratio de alumnos por orientador para ir ajustándonos a las recomendaciones de los organismos internacionales.
    Por tanto incluimos su sugerencia en la actuación 1.2.7. Actualización de la normativa vigente referida a evaluación, criterios de escolarización, profesorado , servicios de apoyo, adaptaciones curriculares y atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y 1.4.4. Revisión y actualización de la normativa.

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    Agradecemos su participación y consideramos la orientación educativa como un derecho y como un elemento estratégico de calidad en el sistema educativo de Castilla y León, de esta manera encontrará en el Plan muchas referencias a los servicios de orientación y en especial en las primeras etapas educativas como establece la Línea Estratégica 2 del Plan.
    Por otro lado en cursos anteriores se trabajó en el nuevo modelo de orientación educativa para Castilla y León y se consensuó con los agentes implicados que en enseñanzas de educación infantil y primaria serían atendidos por equipos de orientación y en enseñanzas secundaria por departamentos de orientación. De todas formas, en el proceso de tramitación del Modelo de Orientación se retomará nuevamente el estudio de este posible modelo de atención en Primaria.

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    Muchas gracias por su sugerencia que consideramos fundamental en la actualidad y por ello ha sido incorporada dentro de la línea estratégica 5, objetivo 1: Mejorar la base de datos ATDI.
    Para su conocimiento la última revisión de la ATDI se ha realizado en fecha 9 de julio de 2015 y a lo largo del Plan se continuará incorporando mejoras a esta aplicación.

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    Muchas gracias por su aportación. Consideramos fundamental para adaptarnos a las nuevas demandas de la sociedad la actualización normativa en materia de atención a la diversidad. Por tanto incluimos su sugerencia en la actuación 1.2.7. Actualización de la normativa vigente referida a evaluación, criterios de escolarización, profesorado y servicios de apoyo, adaptaciones curriculares, atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y 1.4.4. Revisión y actualización de la normativa.

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    Agradecemos su aportación.
    En la actualidad ya se encuentran contempladas estas reuniones en el horario de los maestros en las horas complementarias y es el equipo directivo quien organiza y planifica este tipo de reuniones dentro del ámbito de autonomía pedagógica y organizativa de los centros.

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    Agradecemos su sugerencia y le indicamos que está incluida en la revisión de la normativa y por supuesto en la línea de formación en educación inclusiva se encuentran la formación específica del profesorado de este nivel educativo para lo cual nos gustaría que hicieran aportaciones concretas al mismo.

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    Y no únicamente en la formación básica, sino también en la específica. Formación específica para el profesorado de FP de este nivel y en grupos adaptados a las necesidades (un alumno acnee en un taller requiere mucha más atención PROFESIONAL.)

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    El anteproyecto de ley tiene por objeto regular la transparencia de la actividad pública, el derecho de acceso a la información pública, la reutilización de la información del sector público y la participación en los asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León. Mientras que su sugerencia se refiere a la normativa reguladora de la función pública por lo que por lo que queda fuera del objeto del anteproyecto que nos ocupa.

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    El anteproyecto de ley tiene por objeto regular la transparencia de la actividad pública, el derecho de acceso a la información pública, la reutilización de la información del sector público y la participación en los asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León. Mientras que su sugerencia se refiere a la normativa reguladora de las sugerencias y quejas en relación al funcionamiento de los servicios públicos, por lo que queda fuera del objeto del anteproyecto que nos ocupa.

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    El anteproyecto de ley se remite al capítulo III del título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que regula el derecho de acceso a la información pública, que incluye el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de acceso a la información. La regulación estatal reconoce en los términos del artículo 105 b) de la Constitución el derecho a acceder a la información pública y, en su artículo 14, relaciona los límites aplicables cuando el acceso a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y…

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    Los datos publicados en el BOP, BOE o BOCYL ya son públicos y por tanto no se puede alegar protección de datos en solicitud de datos basados en listas públicas (bolsas de trabajo, adjudicaciones a personas, personas que ocupan plazas, subvenciones a entidades o personas...)

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    La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aplicable en la Comunidades Autónoma a partir del 10 de diciembre de 2015, establece el silencio administrativo negativo para las solicitudes de acceso no resueltas en plazo.
    El instituto jurídico del “silencio administrativo” se configura como una garantía para los ciudadanos ante la inactividad de la Administración, pues, al entrar en juego la presunción de que ha existido una resolución, positiva o negativa, en función de cómo esté regulado el sentido del silencio en cada procedimiento, el interesado puede realizar las actuaciones que correspondan en defensa de sus derechos o intereses. En el caso del silencio negativo, se abren las vías de impugnación administrativas o judiciales.
    Además, el silencio administrativo negativo no hace desaparecer la obligación de la Administración de resolver expresamente, pero, ante su inactividad, de acuerdo son la referida ley estatal,…

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    El anteproyecto de ley tiene por objeto regular la transparencia de la actividad pública, el derecho de acceso a la información pública, la reutilización de la información del sector público y la participación en los asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León. Mientras que su sugerencia se refiere a la normativa en materia de función pública por lo que no puede ser objeto de regulación en esta norma.

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    El anteproyecto no incluye esa obligación dada la gran variedad y distinta naturaleza de la información del sector público objeto de publicidad activa, lo que desaconseja adoptar una decisión común y uniforme para información tan heterogénea, y por considerar que en los casos en los que no se mantengan los datos históricos, el interesado puede solicitarlos al amparo del derecho de acceso a la información pública.
    Actualmente, la Junta de Castilla y León, en el Portal de Gobierno Abierto, incluye la serie histórica cuando por la naturaleza de los datos se considera que resulta útil para el reutilizador. Por ejemplo, tanto en el portal de contratación como en el portal Open Data se mantienen los datos históricos de licitaciones y se puede consultar el histórico de datos de calidad del aire.

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    Muchas gracias por su participación en el foro.

    Los aspectos referentes al profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del ciclo formativo de Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural, son los establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero.

    EL Real Decreto tiene carácter de norma básica, al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la constitución. Se exceptúa del carácter de norma básica el artículo 13.2 y la disposición transitoria única punto 2.

    Al tener carácter de norma básica las administraciones educativas tienen que acatar la norma.

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    Muchas gracias por su participación en el foro.

    Los aspectos referentes al profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del ciclo formativo de Técnico en Aprovechamiento y conservación del Medio Natural, son los establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 1071/2012, de 13 de julio.

    EL Real Decreto tiene carácter de norma básica, al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la constitución. Se exceptúa del carácter de norma básica el artículo 13.2 y la disposición transitoria única punto 2.

    Al tener carácter de norma básica las administraciones educativas tienen que acatar la norma.

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