Eduardo

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    La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aplicable en la Comunidad de Castilla y León a partir del 10 de diciembre de 2015, incluye la obligación de publicar información sobre las cuentas públicas y sobre las ayudas y subvenciones concedidas con especial indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios, siempre atendiendo a los límites previstos y a la normativa en materia de protección de datos.
    También establece la obligación de que se haga pública la información relativa a todos los contratos, con indicación del objeto, la duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las…

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    La mayoría de las sugerencias formuladas han sido incluidas en la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE de 10 de diciembre de 2013), aplicable en la Comunidad de Castilla y León a partir del 10 de diciembre de 2015, y han sido acogidas en los siguientes artículos de la referida disposición: 3, 4, 5 apartados 1 y 4, 6, 7, 8, 9 apartado 3, 12, 13, 14 apartados 1, 2 y 3, 16, 17 apartado 3, 20 apartados 2, 5 y 6, 22 apartado 4 y 23.
    En relación con la sugerencia relativa a que la información esté libre de licencias, esta materia se encuentra ya regulada en el artículo 4 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre la reutilización de la información del sector público.
    Por lo que se refiere a sugerencias distintas a las…

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    Los beneficios legales a los que se refiere la sugerencia, en los casos en los que existan y estén reconocidos por una norma, ya son públicos, pues todas las normas han de publicarse en el Boletín oficial correspondiente para reputarse tales.
    La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aplicable en la Comunidad de Castilla y León a partir del 10 de diciembre de 2015, entre la información objeto de publicidad incluye las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley de transparencia y las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo. Debiendo precisar que los altos cargos de la Junta de Castilla y León no perciben retribución, ni indemnización alguna tras el abandono del cargo.
    Por lo que se refiere a los…

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    Las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades del sector público autonómico sea superior al 50 por 100, están incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aplicable en la Comunidad de Castilla y León a partir del 10 de diciembre de 2015 y, también, en el anteproyecto de ley de transparencia, acceso y reutilización de la información pública y participación ciudadana en los asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León.

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    La celebración de referéndums en España, viene regulada por la Constitución Española de 1978 y por la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum
    El artículo 92 de la Constitución Española establece que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos y el artículo 149.1.32 atribuye al Estado la competencia exclusiva para autorizar consultas populares por vía de referéndum. De manera que las Comunidades Autónomas carecen de competencia para regular y para convocar referéndums.

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    Tanto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aplicable en la Comunidades Autónoma a partir del 10 de diciembre de 2015, como el anteproyecto de ley establecen la obligación de publicar abundante información económico-financiera, presupuestaria y estadística sobre las cuentas públicas. Información que se considera lo suficientemente exhaustiva como para poder conocer el destino y la utilidad de los ingresos y gastos de los diferentes organismos públicos.
    Actualmente ya se hace pública en la Web de la Junta de Castilla y León información sobre esta materia en el Perfil del contratante, en Ayudas, subvenciones y becas) y en Información contable y presupuestaria_)

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    El anteproyecto de ley modifica la Ley 11/1990, de 28 de noviembre, de creación del registro de Intereses de los miembros y otros altos cargos de Administración de la Comunidad Autónoma, estableciendo que se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León las declaraciones de bienes patrimoniales de los altos cargos y asimilados tanto al acceder como al abandonar el cargo. Además, presentarán copia de sus declaraciones anuales del impuesto sobre la renta de las personas físicas y, en su caso, del impuesto sobre el patrimonio antes de que finalice el mes de septiembre del correspondiente ejercicio económico.
    Respecto a los familiares directos de los altos cargos y asimilados, no se considera conveniente que este registro deba extenderse a personas distintas al propio alto cargo.

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