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    Queremos agradecerle su sugerencia y aportación al anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural de Castilla y León. Sin embargo, queremos informarle que su reflexión no es compartida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ya que la administración tiene la obligación de optimizar todos los recursos, tanto técnicos como humanos, que están a su disposición. Por ello, se ha considerado necesario tener en cuenta que los celadores de medio ambiente pueden ser una gran ayuda a la hora de cumplir los objetivos que persigue esta norma autonómica, y por ello se ha modificado la redacción primigenia para pasar a considerar “A los efectos de este Anteproyecto de Ley y Disposiciones que la desarrollen, tendrán la condición de agentes de la autoridad los agentes medioambientales, los agentes forestales y celadores de medio ambiente, de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como los agentes de la guardia…

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    La ciudadanía agradeceríamos toda esa transparencia. Que se revise lo que se tenga que revisar y que las pruebas de cargo contra los administrados cuenten con todas las garantías: FUNCIONARIOS, AGENTES DE LA AUTORIDAD Y DOCUMENTO PÚBLICO CON REQUISITOS LEGALES. Y que se os diferencie de una vez, para saber ante quién estamos.
    ¡Qué país el de tú más!

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    Esta “otra ley” no justificaría que desde el año 1992 (publicación del Régimen Jurídico), hasta el 2007 (Estatuto Básico del empleado Público), la administración por costumbre hubiese dado valor probatorio a las denuncias de los laborales, y que además una disposición (muy manida ya por quienes buscan atajos) justifique que se siga dando y ampliando incluso a leyes distintas de la 4/96 de caza.
    Curioso país en el que la costumbre no es el mejor intérprete de las leyes, sino que las crea a su antojo; aunque la costumbre expresamente reprobada por el derecho no sea (debería ser) razonable.

    Lo de la promoción de los celadores a funcionarios es una cuestión distinta.

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    Queremos agradecerle su sugerencia y aportación al anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural de Castilla y León. Sin embargo queremos informarle que su reflexión no es compartida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, pues esta administración tiene la obligación de optimizar todos los recursos, tanto técnicos como humanos, que están a su disposición. Por ello, se ha considerado necesario tener en cuenta que los celadores de medio ambiente pueden ser de una gran ayuda a la hora de cumplir los objetivos que persigue esta norma autonómica, y por ello se ha modificado la redacción primigenia para pasar a considerar: “A los efectos de este anteproyecto de Ley y disposiciones que la desarrollen, tendrán la condición de agentes de la autoridad los agentes medioambientales, los agentes forestales y celadores de medio ambiente de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como los agentes de la Guardia…

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    De existir la sola denuncia de un celador, debe prevalecer la presunción de inocencia al no existir ninguna prueba de cargo.
    En la instrucción de expedientes sancionadores, las autoridades competentes deben de tener claro que: una resolución injusta, sabiendo que lo es (no existen pruebas de cargo contra el denunciado) supone un delito de prevaricación. Para hacer cumplir la Ley hay que ser escrupulosos con la Ley, y las denuncias de los celadores, repito, no tienen valor probatorio. Es una lástima que la administración siga disfrazando en sus propias leyes y con los uniformes de Agentes de la Autoridad a celadores y peones forestales, ello puede provocar todo tipo de abusos sobre los ciudadanos.

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    Las denuncias formuladas por celadores de medio ambiente no tienen valor probatorio.
    Ley 30/1996, de 26 de noviembre, del Régimen jurídico.
    Capítulo II. Principios del Procedimiento Sancionador.
    3. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.

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