Francisco Javier Gonzalez

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    Gracias por su participación en el foro.
    Desde un punto de vista normativo no hay impedimento para que coexistan una categoría de suelo específicamente reservada a las actividades extractivas (donde estas se encuentra directamente permitidas, puesto que ya se ha llevado a cabo previamente el análisis que ha llevado a concluir que es el uso más adecuado), con otras categorías, donde estas actividades pueden estar prohibidas, o ser autorizables mediante un procedimiento especial.

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    Apoyo esta alegacion para que no se permita usar los vehiculos pesados por las pistas rurales que no están preparadas para ello, y emitan contaminantes a los cultivos ni los entornos protegidos ZEPA y LIC.

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    Gracias por su participación en el foro.
    La sugerencia parece no entender que precisamente se mantiene la prohibición de las técnicas de extracción no convencionales, entre las cuales destaca la conocida como “fracking”.

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    Gracias por su participación en el foro.
    La sugerencia es contraria a la modificación; la Junta de Castilla y León resolverá sobre la modificación propuesta una vez consideradas todas las alegaciones, sugerencias e informes que se reciban.

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    Gracias por su participación en el Foro.
    La sugerencia es contraria a la modificación; la Junta de Castilla y León resolverá sobre la modificación propuesta una vez consideradas todas las alegaciones, sugerencias e informes que se reciban.

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    Permitir el fracking en base a criterios económicos no es justificable, pero además pretender asignarle ayudas públicas lo hace ruinoso para Castilla y León y lo convierne en un problema público, al tener que controlar los pozos en el largo plazo y obligaria a un control exhaustivo de la calidad de las aguas en busca de componentes que habitualmente no se analizan.
    Estos analisis deben de hacerse fuera de España y son de elevado precio.

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    A la materia medioambiental, a la que se refieren las propuestas, le es de aplicación la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En esta norma se establece la obligación de difundir las autorizaciones con un efecto significativo sobre el medio ambiente y los estudios sobre el impacto ambiental y evaluaciones del riesgo relativos a los elementos del medio ambiente.
    Además, la normativa sectorial, la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el régimen de la minería, establece que, para su autorización, los proyectos de explotación minera se someterán a un periodo de información pública a través de los correspondientes boletines oficiales y de los edictos…

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    A la materia medioambiental, a la que se refieren las propuestas, le es de aplicación la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En esta norma se establece la obligación de difundir las autorizaciones con un efecto significativo sobre el medio ambiente y los estudios sobre el impacto ambiental y evaluaciones del riesgo relativos a los elementos del medio ambiente.
    Además, la normativa sectorial, la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el régimen de la minería, establece que, para su autorización, los proyectos de explotación minera se someterán a un periodo de información pública a través de los correspondientes boletines oficiales y de los edictos…

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