Raúl José García Fernández

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    La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dictada en uso de las competencias exclusivas atribuidas al Estado en los artículos 149.1.1.ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución, tal como establece la propia Ley en su disposición final octava, ha establecido el sentido del silencio, fijando el carácter desestimatorio de las solicitudes no resueltas expresamente en el plazo estipulado (artículo 20.4).
    El derecho de acceso a la información, en la regulación de la referida Ley 19/2013, está sujeto a límites que necesariamente han de valorarse al dictar la resolución, entre ellos, los relativos a la protección de datos personales de terceros, o de propiedad intelectual o industrial, la seguridad nacional, etc., si se estableciera que la falta de resolución en plazo supone la estimación de la solicitud, se podría estar vulnerando la protección de tales datos, motivo por el que se…

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    El anteproyecto de ley crea la Comisión y del Comisionado de Transparencia de Castilla y León. Estos órganos tendrán como finalidad, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La Comisión de Transparencia atenderá las reclamaciones potestativas contra las resoluciones que se dicten en materia de acceso a la información.
    El Comisionado y la Comisión de Transparencia, en el ejercicio de sus funciones, gozarán de la autonomía, independencia y objetividad que otorga al Procurador del Común su ley reguladora.

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