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    Tal y como se expone en el propio texto del III Plan de Comercio, éste se ha concebido como la hoja de ruta de la política autonómica en materia de comercio a desarrollar durante el período 2016-2019, de tal forma que anualmente se traducirá en medidas y actuaciones específicas en función de las disponibilidades presupuestarias de cada agente involucrado en su ejecución y de las necesidades que se detecten.

    Como tal hoja de ruta, no puede ser comparada con los planes “anuales” de apoyo a la competitividad del comercio de España, dado que estos últimos se vinculan cada ejercicio a un presupuesto ya aprobado y definido, lo que permite una mayor concreción en sus medidas y actuaciones. La Estrategia para el Comercio de Castilla y León tiene, por el contrario, un marco temporal de cuatro años, lo que implica inevitablemente que ha de ser concebido con una mayor flexibilidad, fijando…

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    Muchas gracias por vuestra participación. La respuesta final a esta sugerencia es la siguiente:
    Ante las nuevas normas estatales y comunitarias aprobadas desde la publicación de la normativa autonómica se ha visto la necesidad de llevar a cabo la elaboración de una nueva norma que recoja todas las novedades normativas y atienda las necesidades del consumidor en una sociedad cambiante.
    Respecto a las aludidas remisiones a la legislación estatal, normas de procedimiento y futuras reglamentaciones. No compartimos esta opinión pues entendemos que las remisiones normativas son una mala praxis legislativa por lo que se ha tratado de evitarlas.
    En relación a la aludida “excesiva regulación de la potestad sancionadora”, hay que decir que las medidas coercitivas orientadas a la defensa de la legalidad se configuran como uno de los mecanismos de garantía de protección de los derechos de los consumidores proclamados en la norma, por lo que es necesaria su…

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    Buenos días.
    Muchas gracias por su aportación.
    En relación a su sugerencia, no hay que olvidar que el objetivo de esta norma es fundamentalmente ambiental y buscando la máxima protección de este bien común, con la modificación propuesta se incrementa de manera significativa los supuestos que se someten al régimen de comunicación, con lo que se reduce de manera global las cargas administrativas vinculadas a cuestiones ambientales para la puesta en marcha de instalaciones.
    Ahora bien, en la aplicación de este régimen se han encontrado lagunas legislativas y otras deficiencias que es preciso corregir para evitar situaciones en contra de los principios de celeridad que deben enmarcar este procedimiento en aras de evitar al máximo pérdidas de tiempo y económicas a los promotores.
    De este modo se ha incluido en la modificación propuesta los requisitos mínimos imprescindibles para evitar las lagunas legales, procurar seguridad jurídica y proteger los intereses de…

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