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    El Proyecto de Decreto establece prácticas recomendables y prácticas prohibidas, entre las cuales están las que se indican aquí, y se ampara en el régimen sancionador de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, y en el de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León; pero no puede establecer si los operadores económicos han de utilizar facturas u otros medios acreditativos de los pagos. En cualquier caso, la Junta de Castilla y León, velará, dentro de sus competencias, porque se cumplan las normas establecidas para la comercialización de las setas como para cualquier producto alimentario.

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