Anonymous

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    Muchas gracias por vuestra participación. La respuesta final a la sugerencia planteada es la siguiente:

    Desde el punto de vista de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, corresponde a aquel las principales atribuciones en relación a las materias fiscal y laboral, al tratarse de legislación básica estatal, a fin de conseguir un denominador común aplicable en todo el territorio nacional y con un limitado margen regulatorio reservado al legislador autonómico. Sin perjuicio de lo anterior y dentro de las facultades con que cuenta la Comunidad de Castilla y León, el art. 25, en su apartado 3º letra b) reconoce la importancia de las medidas de carácter fiscal, las cuales deberán incorporarse dentro del Plan de Apoyo a la creación de empresas que se deberá elaborar de forma coordinada por todas las Consejerías.

    El anteproyecto de ley dedica un artículo, el 23, a recoger las medidas…

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    Muchas gracias por vuestra participación. La respuesta final a esta sugerencia es la siguiente:

    El anteproyecto de ley recoge claramente los dos aspectos, tanto el de creación de la empresa como el relativo a su instalación.

    A estas cuestiones son a las que pretende responder el texto legal con soluciones como la tramitación preferente, concurrente y urgente, la reducción de plazos, el silencio positivo, la generalización de las declaraciones responsables y la nueva figura de las autorizaciones provisionales.

    Todos los procedimientos administrativos están sujetos a plazos máximos para su resolución y notificación. Plazos que se encuentran recogidos en las normas reguladoras de cada procedimiento, las cuales además contienen el sentido del silencio administrativo en cada caso.

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    Totalmente de acuerdo con anonymus. Hay que recordar que recientemente la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Fianancieras, aprobada el 28 de febrero de 2012, ha refundido las Comisiones Territoriales de Prevención Ambiental y de Urbanismo, en una sola, denominada Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, además de modificar otras normas simplificando trámites y reducciendo plazos. Parece ser que se están empezando a dar pasos importantes a través de múltiples medidas.

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    Muchas gracias por vuestra participación. La respuesta final a esta sugerencia es la siguiente:

    Compartimos la presente idea en su totalidad, si bien, entendemos que tal grado de concreción debe quedar fuera del contenido de una ley que debe ser más abstracto. No obstante, se estudiará más en profundidad la propuesta de cara a su inclusión en el texto definitivo.

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    Muchas gracias por vuestra participación. La respuesta final a esta sugerencia es la siguiente:

    De alguna manera esta idea entronca con el contenido del Plan de Apoyo a la Creación de Empresas que se establece en el art. 25, en cuya letra f), se establece como uno de los objetivos del citado Plan: Incentivas la llegada de talento a Castilla y León a través de programas de atracción de emprendedores.

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    Muchas gracias por vuestra participación. La respuesta final a esta sugerencia es la siguiente:

    Un conciso resumen del texto legal, aunque entendemos que debería destinarse un mayor protagonismo a las medidas de apoyo a los emprendedores, las cuales, muy diversas, van desde el apoyo al desarrollo inicial de la idea de negocio, pasando por las medidas de apoyo a la producción y comercialización, a la financiación y finalmente a la innovación. Medidas todas ellas que deberán formar parte, una vez que se apruebe la ley, de la agenda del Gobierno Regional y de la Administración para los próximos años.

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    Totalmente de acuerdo con Ricardo Rivero, es preciso recordar que Castilla y León fue una de las primeras Comunidades Autónomas en aprobar una Ley reguladora de las relaciones entre los ciudadanos y la Administración desde la óptica de los derechos de aquellos y no desde la potestades de ésta como ha venido siendo tradicional en nuestro Derecho Administrativo. Me refiero a la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública.

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