Anonymous

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    Muchas gracias por vuestra participación. La respuesta final a esta sugerencia es la siguiente:

    Compartimos la presente idea en su totalidad, si bien, entendemos que tal grado de concreción debe quedar fuera del contenido de una ley que debe ser más abstracto. No obstante, se estudiará más en profundidad la propuesta de cara a su inclusión en el texto definitivo.

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    El anteproyecto de ley recoge claramente los dos aspectos, tanto el de creación de la empresa como el relativo a su instalación.

    A estas cuestiones son a las que pretende responder el texto legal con soluciones como la tramitación preferente, concurrente y urgente, la reducción de plazos, el silencio positivo, la generalización de las declaraciones responsables y la nueva figura de las autorizaciones provisionales.

    Todos los procedimientos administrativos están sujetos a plazos máximos para su resolución y notificación. Plazos que se encuentran recogidos en las normas reguladoras de cada procedimiento, las cuales además contienen el sentido del silencio administrativo en cada caso.

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    Creo que hemos leido un texto distinto. La Ley distingue claramente los términos creación de empresas e instalación de empresas, de modo que entiendo que pretende diferenciar el momento jurídico de nacimiento de una entidad empresarial del momento en que esa empresa se instala en el territorio. Y también parece que la Ley quiere atajar los problemas de los retrasos injustificados en la concesión de licencias y autorizaciones ambientales, urbanísitcas, etc, puesto que si no me equivoco, el plazo máximo de resolución conjunta de todos los procedimientos no podrá superar los tres meses. Pero es que además se prevé la existencia de una autorización provisional que permitirá que en diez días el empresario obtenga los permisos de forma provisional. Estas previsiones ya resultan de por sí bastante novedosas.

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    Atendiendo al indudable valor de nuestro mundo rural existen preceptos concretos a lo largo del anteproyecto con especial mención al ámbito rural, como por ejemplo los artículos 21 letras a) y f) y 23.

    La autorización provisional es una figura creada por la Ley para agilizar y anticipar la obtención de autorizaciones y licencias bajo la responsabilidad y buena fe del solicitante, lo cual no puede condicionar la decisión administrativa definitiva que deberá controlar el cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación.

    El art. 8. 2, dentro del proceso de racionalización administrativa, prevé la necesaria coordinación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León con el resto de Administraciones públicas, entre ellas, fundamentalmente, la Administración local, para el impulso de la racionalización de los procesos dirigidos a emprendedores, la mejora de su eficiencia,…

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    Pues la cierto es que si atendemos al título de medidas de apoyo a los emprendedores parece que se ha tenido muy en cuenta a la nueva ADE, Agencia de Innovación y Financiación Empresarial, algo que puede ser muy loable en nuestros días, donde ha de primarse la eficacia y la eficiencia. Establecer derechos para los emprendedores y obligaciones para la Administración por medio de una norma de rango legal parece ser el objetivo de la norma y si, por otro lado, se cuenta ya con un ente que puede realizar buena parte de esas obligaciones, tendremos una norma con vocación de ser cumplida.

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    De alguna manera esta idea entronca con el contenido del Plan de Apoyo a la Creación de Empresas que se establece en el art. 25, en cuya letra f), se establece como uno de los objetivos del citado Plan: Incentivas la llegada de talento a Castilla y León a través de programas de atracción de emprendedores.

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    Un conciso resumen del texto legal, aunque entendemos que debería destinarse un mayor protagonismo a las medidas de apoyo a los emprendedores, las cuales, muy diversas, van desde el apoyo al desarrollo inicial de la idea de negocio, pasando por las medidas de apoyo a la producción y comercialización, a la financiación y finalmente a la innovación. Medidas todas ellas que deberán formar parte, una vez que se apruebe la ley, de la agenda del Gobierno Regional y de la Administración para los próximos años.

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