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    Entendemos que la regulación de sistemas que garanticen la estabilidad en el empleo son necesarios. En la nueva ley estableceremos los sistemas que, como complemento de la regulación del estado sean necesarios, y buscaremos vías de estabilización de los puestos actuales también en el marco de la legislación estatal.

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    INFORME SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 19 DE MARZO DE 2020: EN PARTICULAR SOBRE LA FIJEZA DEL PERSONAL TEMPORAL EN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS COMO ÚNICA SOLUCIÓN.

    INFORME DEL DESPACHO DE ABOGADOS HERBERT SMITH FREEHILLS (HSF SPAIN)

    1. Que incumpliendo la Directiva 1999/70, el Estado Español no ha traspuesto internamente esta norma comunitaria en el Sector Público y, por tanto, no ha fijado ninguna sanción específicamente prevista para garantizar el cumplimiento de la Cláusula 5 del Acuerdo Marco que cumpla con los requisitos de esta Norma comunitaria. Ante dicho incumplimiento no es posible otra opción que aplicar la jurisprudencia del TJUE, de conformidad con la cual, si un Estado Miembro para cumplir la Directiva, no ha fijado una sanción disuasoria y proporcionada en un sector determinado, como es el Sector Público, deben aplicarse las normas de régimen general -en nuestro caso, las contenidas en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores- que regulan las relaciones laborales y sancionan la utilización abusiva de contratos o nombramientos de duración determinada mediante su recalificación automática en contratos o nombramientos fijos o de carrera de duración indefinida, si la relación laboral persiste pasada una fecha precisa sin que pueda aplicarse la normativa interna que prohíbe esta transformación. Ello porque para que la normativa interna y la prohibición pueda ser considerada conforme con la Directiva 1999/70/CE, el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro, en este caso España, debe contar, en dicho Sector Público con otra medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar, la utilización abusiva de sucesivos contratos temporales, que NO EXISTE en nuestro país.

    2. Que ello se traduce, en que las Autoridades Administrativas Españolas ESTÁN OBLIGADAS A TRANSFORMAR A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS INTERINOS/TEMPORALES QUE HAYAN SIDO VÍCTIMAS DE UN ABUSO EN SU CONTRATACIÓN TEMPORAL INCOMPATIBLE CON LA DIRECTIVA, EN EMPLEADOS PÚBLICOS FIJOS, según corresponda, O alternativamente, EN EMPLEADOS EQUIPARABLES A LOS FIJOS COMPARABLES, iguales a estos últimos, con sus mismos derechos y sujetos a las mismas causas de cese, despido y extinción de la relación de empleo que la Legislación nacional establece para los fijos o de carrera comparables y como tales, titulares y propietarios del puesto de trabajo que desempeñen.

    Manuel Rivero González y Eduardo Soler-Tappa

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    La Temporalidad irregular o ilícita deriva del uso fraudulento de la ley de contratación y el uso abusivo de la contratación temporal prohibidos por el ordenamiento jurídico nacional y comunitario.
    La Temporalidad irregular es la utilización de la contratación temporal para cubrir necesidades permanentes del empleador, en este caso de la Junta de CyL, por renovación sucesiva de contratos temporales real o tácita o por la modificación sucesiva de las condiciones de trabajo de una única relación de empleo.

    La claúsula 5 del Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70/CE exige a los EEMM que deben prevenir el uso abusivo de la contratación temporal estableciendo:
    .- medidas que justifiquen cada relación temporal
    .- estableciendo límites temporales concretos de la duración máxima de esa contratación temporal
    .- estableciendo el número máximo de renovaciones sucesivas de un contrato temporal

    En nuestro ordenamiento jurídico, el EBEP era la norma que podía prevenir el abuso de la contratación temporal, que sin embargo se ha incumplido reiteradamente por todas y cada una de las AAPP españolas, por lo tanto supone un Fraude de Ley y abuso de la temporalidad, primero por incumplimiento de la Ley y segundo porque el incumplimiento de la norma que hubiese permitido cumplir el objetivo de la Directiva Europea, hace que se incumpla también la propia Directiva.

    Además, la ausencia de medidas en el Sector Público español (en todas las AAPP), para detectar el fraude y el abuso de temporalidad supone ocultar las relaciones temporales abusivas y no disuade a las AAPP empleadoras a continuar haciéndolo.

    Además de vulnerar el ordenamiento jurídico, la temporalidad abusiva no contribuye al objetivo de favorecer el empleo estable y el crecimiento económico, en este caso en nuestra CCAA.

    Una actuación de comprobación previa por la propia Administración de CyL que permita detectar cada caso de abuso y fraude de ley y sancionar el abuso cometido por incumplir las normas nacionales y de la Comunidad Autónoma, preventivas, mediante el mantenimiento indefinido de la relación laboral de las víctimas del abuso hasta que concurran las causas del cese establecidas por el legislador en el art. 63 del EBEP, habiendo comprobado que ya no concurren las causas específicas para cesar la relación laboral temporal, evitaría miles de despidos y se cumpliría el objetivo de reducir la temporalidad irregular al 0% con una medida adecuada, lo que contribuiría al fomento del consumo y la inversión y por lo tanto al crecimiento económico de nuestra Comunidad Autónoma.

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