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    Entendemos que la regulación de sistemas que garanticen la estabilidad en el empleo público son necesarios, pero en la Ley de Función Pública autonómica deberá estarse a la regulación estatal básica en la materia actualmente en tramitación parlamentaria. Dentro del marco que la legislación básica establezca, buscaremos vías de estabilización.

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    Entendemos que la regulación de sistemas que garanticen la estabilidad en el empleo son necesarios. En la nueva ley estableceremos los sistemas que, como complemento de la regulación del estado sean necesarios, y buscaremos vías de estabilización de los puestos actuales también en el marco de la legislación estatal.

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    CONCLUSIONES DEL INFORME JURÍDICO DLA PIPER SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 19 DE MARZO DE 2020 Y SUS CONSECUENCIAS EN RELACIÓN CON LAS POSIBLES MEDIDAS A ADOPTAR

    Primera.- En nuestro ordenamiento jurídico-administrativo no existe a fecha de hoy
    ninguna disposición o medida que pueda considerarse como adecuada a efectos de
    sancionar los abusos derivados de la utilización o relaciones laborales de duración
    determinada respecto de los funcionarios interinos.
    Segunda.- En el hipotético caso de que no existiera normativa alguna a la que
    acudir, ni las Administraciones pueden abstenerse de aplicar la Directiva 1999/70/CE,
    excusándose en la inexistencia de disposiciones legales de derecho interno, ni los
    órganos jurisdiccionales pueden amparar este comportamiento omisivo de las
    Administraciones Públicas, sino que antes al contrario, aquéllas y éstos tienen del
    deber positivo de resolver sujetando sus pronunciamientos a la normativa
    comunitaria, aunque tales pronunciamientos sean contrarios a lo que disponga la
    normativa interna y las leyes nacionales españolas ( vid. STC núm. 145/2012, de 2
    de julio, RTC 2012/145).
    Tercera.- La cuestión puede, sin embargo, resolverse en el ámbito del
    ordenamiento jurídico interno, que se basa en un principio de plenitud, y que ha
    previsto los instrumentos adecuados para integrar las lagunas jurídicas: entre ellos el
    de la aplicación analógica de las normas. De acuerdo con el artículo 4 del Código civil
    “procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un
    supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad
    de razón”.
    Cuarta.- Entre contratados temporales y funcionarios interinos existe una similitud
    y una identitas ratio. Lo pone de manifiesto, ante todo, su común pertenencia al ámbito
    de la Directiva 1999/70. Un fundamento común que ya destacó la Sentencia del TJUE
    de 14 de septiembre de 2016 (TJCE 2016, 107) ( Asunto C-16/15, apartados 27 y 47),
    señalando que "no puede admitirse que nombramientos de duración determinada
    puedan renovarse para desempeñar de modo permanente y estable funciones
    incluidas en la actividad normal del personal público fijo".
    Quinta.- La STJUE de 25 de octubre de 2018, asunto C-331/17, dictamina que si la
    normativa nacional no establece una sanción en el sector público, dado que la
    normativa nacional sí contiene normas aplicables a los contratos de trabajo de
    régimen general que sancionan la utilización abusiva de sucesivos contratos de
    duración determinada, previendo su recalificación automática en contratos de
    duración indefinida cuando la relación laboral persista pasada una fecha precisa (vid.
    artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores), esta medida debe aplicarse también a
    ese sector público, pue al no permitir en ningún caso, en un sector, la transformación
    de los contratos de trabajo de duración determinada en contrato de duración
    indefinida, la normativa nacional controvertida en el litigio principal puede suponer una
    discriminación entre los trabajadores de duración determinada del citado sector y los
    trabajadores de duración determinada de los demás sectores, que, previa
    recalificación de su contrato de trabajo en caso de infracción de las normas relativas
    a la celebración de contratos de duración determinada, pueden pasar a ser
    trabajadores con contratos de duración indefinida comparables en el sentido de la
    Cláusula 4.1 del Acuerdo marco”.
    Sexta.- No es admisible la objeción de que la transformación de los funcionarios
    interinos en funcionarios de carrera está prohibida por la legislación español, que
    exige para el acceso a dicha categoría la superación del correspondiente proceso
    selectivo. En primer lugar, porque no se plantea el acceso a la condición de
    funcionario de carrera, sino sencillamente el reconocimiento de la estabilidad en el
    puesto de trabajo, sujetándolos a la mismas condiciones de trabajo y a las mismas
    causa de cese, ya que si un funcionario interino o temporal ocupa la plaza de un
    funcionario fijo o de carrera, realiza sus mimas funciones ordinarias y estables, con
    sus mismas obligaciones y responsabilidades, y con su misma permanencia
    prolongada en el tiempo más allá de lo plazos máximo legales, debe disfrutar de sus
    mismo derechos.
    Septima.- Adicionalmente, porque no se vulnera con ello los principios de mérito y
    capacidad, que el artículo 103 CE exige con carácter general para “el acceso a la
    Función Pública” (no a la condición de funcionario de carrera). Y que son principios
    que, de acuerdo con el artículo 10.2 EBE, deben respetarse también en “la selección
    de funcionarios interinos”. Si por las razones que fueran la Administración hubiese
    omitido estos requisitos en la selección de algún funcionario interino, habrá que
    concluir que esta irregularidad no puede perjudicar a la víctima del abuso, sino a
    quienes lo cometieron.

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