(2021/06) Anteproyecto de Ley de Función Pública de Castilla y León. (Cerrado)

La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene atribuidas en el Estatuto de autonomía competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen estatutario de sus funcionarios. Dichas competencias tienen que desarrollarse en la actualidad dentro del marco establecido por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Este texto normativo, dictado al amparo de las competencias atribuidas al Estado por el artículo 149.1.18ª de la Constitución española, pretende establecer, y ello con carácter básico, un marco común para todos los empleados públicos incluidos en su ámbito de aplicación, que a la vez, habilita a los legisladores autonómicos para el desarrollo de aquellas materias concretas que el propio texto señala, todo ello con el fin de posibilitar la delimitación de modelos propios de organización y gestión.

La actual Ley 7/2005, de 24 de mayo de la Función Pública de Castilla y León data de una época anterior al dictado de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, norma que, a su vez, fue objeto de sucesivas modificaciones e incorporaciones de preceptos dispersos en diferentes normas, finalmente refundidas y armonizadas en el Real Decreto Legislativo de 2015, y que, a su vez, se ha visto modificado de nuevo en los últimos años. Dado su carácter de norma básica, la ley autonómica se ha visto precisada de diferentes modificaciones parciales para su adaptación a los cambios operados en la materia por el legislador estatal.

La Comunidad de Castilla y León pretende elaborar una nueva norma autonómica sobre Función Pública en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, regulando aquellos aspectos en los que el legislador básico así lo posibilita, pero evitando reiterar cuestiones ya reguladas en la legislación básica cuya aplicación resulta directa sin necesidad de ulterior desarrollo por la comunidad.

La norma tiene por finalidad desarrollar la normativa básica contenida en el texto refundido del estatuto y actualizar, clarificar y simplificar la normativa autonómica aplicable.

No se aprecian alternativas no regulatorias al encontrarnos en presencia de materia reservada a la ley.

La posible alternativa regulatoria a la presente propuesta de elaboración y aprobación de un texto nuevo íntegramente ajustado a la normativa estatal básica en la materia, es, en puridad, elaborar y aprobar modificaciones puntuales y parciales de la actual Ley 7/2005, de 24 de mayo, de Función Pública de Castilla y León, norma que, debido a las sucesivas modificaciones operadas desde su redacción original en muchos de sus preceptos, resulta de difícil aplicación por sus destinatarios, además de haber quedado desfasada terminológica y conceptualmente. En la actualidad, para la correcta aplicación de la norma autonómica, resulta necesario efectuar operaciones jurídicas de comprobación de vigencia e interpretación normativa tanto en preceptos modificados en sucesivas ocasiones, como también en aquellos artículos o disposiciones nunca modificadas que pudieran haber quedado desfasadas respecto a las novedades introducidas en la normativa básica estatal, circunstancias ambas que aconsejan la elaboración de un nuevo texto que, además de proceder al desarrollo normativo previsto por el legislador estatal, proporcione la necesaria seguridad jurídica a los empleados públicos destinatarios de la norma.



Anteproyecto de Ley de Función Pública de Castilla y León.



Fecha de publicación 14 de junio de 2021


El plazo para realizar aportaciones a este espacio de participación finalizó a las 09:00 horas del 5 de julio de 2021.


  1. Nuevo artículo 20

    El artículo 20.2 debería quedar redactado de la siguiente manera:
    "En ningún caso la prestación de servicios en calidad de personal funcionario interino se considerará mérito para el acceso a la condición de funcionario o para la promoción interna".

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  2. Comisión Permanente de Selección

    Debería aprovecharse la nueva Ley para crear una Comisión Permanente de Selección, como en la Administración General del Estado.

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  3. Relaciones de puestos de trabajo

    La competencia para aprobar las relaciones de puestos de trabajo debería seguir en manos de la Junta de Castilla y León, en lugar de pasar a manos del Consejero/a competente en materia de Función Pública.

    Y deberían eliminarse los supuestos de exención del requisito de figurar en las RPTs previstos en el artículo 80.2.

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    La aprobación y modificación de las Relaciones de Puestos de trabajo debe seguir un procedimiento ágil y sencillo que logre adaptar dichas relaciones a las necesidades cambiantes de la organización, por lo que se estima más conveniente residenciar tal competencia en el titular de la Consejería competente en materia de Función Pública, previa negociación.

  4. Principios rectores de la Función Pública

    Echo en falta los principios rectores y valores éticos de la Función Pública que vienen recogidos en el artículo 3 de la actual Ley de la Función Pública.

    Si empezamos olvidándonos de los principios, mal vamos.

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    La Comunidad de Castilla y León pretende elaborar una nueva norma autonómica sobre Función Pública en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, regulando aquellos aspectos en los que el legislador básico así lo posibilita, pero evitando reiterar cuestiones ya reguladas en la legislación básica cuya aplicación resulta directa sin necesidad de ulterior desarrollo por la Comunidad Autónoma. Los principios rectores de la función pública autonómica son, como no podía ser de otra forma, los establecidos con carácter básico en el texto refundido del Empleado Público, a los cuales se remite expresamente la norma autonómica.

  5. DESARROLLO DEL GRUPO B, PARA CUERPOS O ESCALAS CON EL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR

    El Estatuto Básico del Empleado Público (y también el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), regula en su artículo 76 los grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera, modificando la clasificación hasta entonces vigente, teniendo en cuenta la evolución experimentada por el sistema educativo y en previsión, particularmente, del proceso abierto de reordenación de los títulos universitarios.
    Así, dicho precepto clasifica los cuerpos y escalas, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en tres grupos, dos de ellos…

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  6. SUGERENCIAS AL ANTEPROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA DE CASTILLA Y LEÓN

    -Artículo 10.
    En relación con la atribución a la persona titular de la Consejería competente en materia de Función Pública del nombramiento como personal funcionario….. (art. 10.2 l)), por coherencia debería añadirse la atribución de “Aceptar la renuncia a la condición de funcionario…. “, elevando así la atribución de esta competencia a rango de Ley y no reglamentario que actualmente ostenta en el Decreto 275/1993.

    -Artículo 31. Retribuciones complementarias del personal funcionario de carrera.
    El contenido del artículo 31.1 e) denominado Complemento de atención continuada contradice lo establecido en el artículo 29 de este anteproyecto sobre Retribuciones del personal funcionario…

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    Las propuestas serán objeto de estudio y consideración.

    Art. 68. Convocatorias de procesos selectivos:
    La tradicional diferencia sobre el contenido de las convocatorias de procesos selectivos para el ingreso en cuerpos y escalas de personal funcionario y en competencias de personal laboral estriba en la identidad sustancial de los puestos de trabajo englobados en las respectivas competencias funcionales frente a la diversidad orgánica y funcional de los puestos de trabajo de cada Cuerpo, Escala y especialidad de personal funcionario, circunstancia que, unida a la potestad de autoorganización de la Administración convocante, aconseja mantener el actual sistema.

  7. Debe incluirse la clasificación del personal funcionario de carrera

    Debe incluirse la clasificación del personal funcionario de carrera, al igual que viene regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público. No tiene ningún sentido regular el resto de condiciones, situaciones, etc de los funcionarios públicos y no incluir dicha clasificación, que debe recoger, además todos los Grupos: Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2.
    Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del
    título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título
    universitario será éste el que se tenga en cuenta.
    La clasificación…

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    La Comunidad de Castilla y León pretende elaborar una nueva norma autonómica sobre Función Pública en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, regulando aquellos aspectos en los que el legislador básico así lo posibilita, pero evitando reiterar cuestiones ya reguladas en la legislación básica cuya aplicación resulta directa sin necesidad de ulterior desarrollo por la Comunidad Autónoma. Se agradece la sugerencia, pero resulta innecesario, además de técnicamente incorrecto, reiterar el contenido de preceptos básicos en la ley autonómica. El art. 76 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula dicha clasificación, no permite desarrollo legislativo por las Comunidades Autónomas.

  8. La experiencia laboral debe contar a todo el personal temporal o fijo para todos sus efectos

    Debe unificarse el criterio acerca de la experiencia laboral. En unos casos, la experiencia previa cuenta para trienios o sexenios, en otros no; en unos casos, la experiencia previa computa para los concursos de traslados, en otros no; en algunos casos hay tiempos de servicio que cuentan para oposición y no para otros efectos, etc. La experiencia laboral previa es un mérito y haber prestado servicios a la administración debe reconocerse a todos los efectos.
    De la misma forma, los interinos que se incorporen, por oposición o por concurso, a la función pública deben incorporarse con sus méritos a todos…

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  9. Eliminación del personal interino y eventual

    Deberían eliminarse tanto el personal interino como el eventual.

    Si es necesario cubrir algún puesto de trabajo, y siempre que sea de forma temporal, que se haga un contrato de trabajo temporal, que en ningún caso pueda tener una duración superior a un año, prorrogable por otro más, y luego a la calle.

    Al final, al personal interino le están aplicando la legislación laboral, pues que se sustituya por un contrato de trabajo (celebrado con los aspirantes que estén en la bolsa de empleo) y se acabó, y que se elimine la figura del personal interino.

    En cuanto al personal…

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    La Comunidad de Castilla y León pretende elaborar una nueva norma autonómica sobre Función Pública en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, regulando aquellos aspectos en los que el legislador básico así lo posibilita. La tipología de personal al servicio de las Administraciones Públicas es legislación básica, y por ende, materia común y uniforme para todas ellas. La naturaleza y funciones de cada tipo de personal se encuentra regulada en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, sin que corresponda al legislador autonómico su modificación o eliminación.

  10. Contemplar el supuesto de excedencia prevista para el personal laboral en el artículo 84.7 Convenio Colectivo

    Tener derecho a reserva del puesto de trabajo durante 1 año. El art. 8.1.c) del Decreto 21/2018 valora hasta 4 puntos los servicios prestados como funcionario de carrera o de personal laboral fijo en cuerpos, escalas, especialidades o en su caso competencias funcionales o especialidades distintas a la de la bolsa objeto de acceso. Ya que se fomenta el acceso a las bolsas, dar facilidades también al personal funcionario para poder volver a su puesto de trabajo.

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  11. Limitación drástica de las libres designaciones

    Estas plazas son un agravio a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y una de las principales causas de la acelerada decadencia de la administración autonómica. La total politización de los puestos superiores es además un brindis a la corrupción, tal y como se ha demostrado en numerosas ocasiones en Castilla y León y en España.

    Quienes decían que iban a terminar con estos nombramientos han tomado el camino contrario, llegando incluso a comunicar los que van a ser nombrados antes de que se realice la convocatoria, que en ocasiones llaman eufemísticamente "concurso de libre designación".

    La discrecionalidad…

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    Entendemos que es conveniente abordar una valoración técnica y organizativa de las características y número de puestos de trabajo que pueden ser provistos por tal sistema, si bien dicha es en el ámbito de la tramitación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo, previa negociación con los representantes de los empleados públicos, donde debe acometerse dicha cuestión. El anteproyecto normativo se limita a desarrollar el precepto básico del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público en estos particulares, reconociendo este sistema de provisión definitiva de puestos como el adecuado para proveer los puestos de mayor responsabilidad y complejidad, previa convocatoria pública y tras la apreciación discrecional que no arbitraria por el órgano competente sobre la idoneidad profesional de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para su desempeño.

  12. Plaza para quien tenga oposicion aprobada

    Se debiera otorgar la plaza o pasar al concurso a quien tenga oposiciones aprobadas sin plaza de convocatorias anteriores.

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    El nombramiento de personal funcionario de carrera o la contratación de personal laboral fijo solo cabe efectuarlo previa superación del correspondiente proceso selectivo, sin que en ningún caso sea ajustado a derecho realizar contrataciones o nombramientos en un número superior al de plazas ofertadas. Cuestión distinta sería analizar la viabilidad de respetar las notas de ejercicios superados en anteriores convocatorias de cara a las siguientes, siempre y cuando el tiempo transcurrido entre ambas convocatorias y la legislación sobre las que versen las respetivas pruebas no lo desaconsejen.

  13. Estabilización de interinos en fraude de ley o abuso de temporalidad

    SI SE HA TRABAJADO
    más de 3 AÑOS para la misma consejería, encima si ha sido de manera continuada, concatenando diversos nombramientos sin mediar ningún día entremedias y para realizar las mismas funciones,
    NO SE DEBERÍA
    tener que pasar por NUEVOS PROCESOS selectivos y más si ya se ha tenido que pasar por los mismos procesos que simultáneamente sirvieron (por respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia) para nombrar a funcionarios de carrera del mismo cuerpo/especialidad y más si ya se consiguieron aprobar [y máxime cuando la no obtención de plaza se debió en primer lugar…

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    Entendemos que la regulación de sistemas que garanticen la estabilidad en el empleo público son necesarios, pero en la Ley de Función Pública autonómica deberá estarse a la regulación estatal básica en la materia actualmente en tramitación parlamentaria. Dentro del marco que la legislación básica establezca, buscaremos vías de estabilización.

  14. Ampliación de la excedencia por agrupación familiar a las parejas de hecho

    Me gustaría sugerirles que se amplíe la posibilidad de acogerse a una excedencia por agrupación familiar en el caso de las parejas de hecho, sin que tenga que mediar necesariamente matrimonio para obtener esta excedencia.
    En otras Comunidades Autónomas ya se permite esta posibilidad. Por ejemplo, en Castilla la Mancha (artículo 123 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo), en Extremadura (artículo 138 de la Ley 13/2015, de 8 de abril), o en Galicia (artículo 175 de la Ley 2/2015, de 29 de abril).
    Además, se da la circunstancia de que en la Administración de la Comunidad de Castilla…

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  15. Regulación del régimen de cese y toma de posesión de los concursos

    La propia Ley de Función Pública debe establecer el régimen de cese y toma de posesión de los concursos, con sus respectivos plazos. Con esto se evitaría que cualquier iluminado pueda sentir la tentación de hacer una derogación singular de lo dispuesto en el Reglamento de desarrollo de la Ley, estableciendo un régimen "ad hoc" para cada convocatoria en base a argumentos absolutamente discrecionales y arbitrarios. De este modo la infracción pasaría a ser una ilegalidad manifiesta y podría tener incluso consecuencias penales.

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  16. Se debe valorar tener oposiciones anteriores aprobadas

    Para adquirir la condición de funcionario se debería valorar tener oposiciones anteriores aprobadas y pasar directamente al concurso.
    Si se ha aprobado y no se ha conseguido plaza por no tener puntos de experiencia en el concurso, se debería pasar directamente al concurso en las siguientes oposiciones. También se debe adquirir la condición de fijeza a interinos con más de tres años en el puesto de trabajo.

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    La propuesta sobre la valoración de ejercicios aprobados en oposiciones anteriores puede ser objeto de estudio y consideración en el marco de la legislación básica estatal y con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia, siempre y cuando entre uno y otro proceso la legislación no hubiere variado sustancialmente.
    La propuesta sobre adquisición de fijeza de personal funcionario y/o laboral interino por el transcurso del plazo aludido sin haber superado el correspondiente proceso selectivo resulta contraria al ordenamiento constitucional español, y a la jurisprudencia en la materia reiterada por el Tribunal Supremo.

  17. Listas funcionarios sanitarios farmacéuticos y veterinarios; considerar como mérito el tiempo trabajado en otra categoría

    Se debería considerar el tiempo trabajado en otra categoría, al igual que para el resto de bolsas, por supuesto con menor baremo. La parte de derecho administrativo es común a todas los cuerpos.

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  18. Creación de bolsas centralizadas diferenciadas para personal fijo para acceder a categorías superiores

    Para garantizar y facilitar la promoción del personal estatutario o funcionario fijo, deberían existir bolsas diferenciadas y centralizadas por este turno. Los llamamientos podrían ser alternativos entre la bolsa de de turno libre y la bolsa de personal fijo.

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    La promoción interna constituye un derecho individual de los empleados públicos, que debe llevarse a cabo mediante se realizará mediante procesos selectivos que garantizando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, consistirán en la superación de pruebas tendentes a acreditar la adecuación de los aspirantes al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas. Tales previsiones, de carácter básico, impiden la utilización de bolsas de empleo como las aludidas en la aportación, para el ingreso en Cuerpos, escalas o competencias funcionales.

  19. Contemplar una excedencia voluntaria por mejora del puesto de trabajo, que garantice la vuelta y derechos de tu plaza de origen.

    Actualmente si eres personal funcionario o estatutario fijo y te llaman para una plaza de categoría superior, debes presentar excedencia voluntaria por interés particular. En esta excedencia debes permanecer mínimo dos años, y reincorporarte a tu plaza de origen en el primer concurso de traslados, además pierdes tus derechos de personal fijo (como participar en exámenes de promoción interna).
    Con ello es imposible adquirir experiencia, necesaria para sacar una plaza definitiva, de nivel superior pues normalmente son concurso oposición.

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  20. Por qué no esperar a ver cómo queda la reforma del EBEP?

    Teniendo como tenemos encima de la mesa una reforma del EBEP, no hubiese sido mejor esperar unos meses?

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    Se ha valorado como actuación de interés público y en beneficio de los destinatarios de la norma acometer en esta legislatura el desarrollo legislativo del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, actuación normativa que resulta imprescindible habida cuenta de que la actual Ley 7/2005, de 24 de mayo de la Función Pública de Castilla y León data de una época anterior al dictado de la Ley del citado Estatuto aprobado en 2007 y que, a su vez, fue objeto de sucesivas modificaciones e incorporaciones de preceptos dispersos en diferentes normas, finalmente refundidas y armonizadas en el Real Decreto Legislativo de 2015, y que, a su vez, se ha visto modificado de nuevo en los últimos años. Dado su carácter de norma básica, la ley autonómica se ha visto precisada de diferentes modificaciones parciales para su adaptación a los cambios operados en la materia por el legislador estatal.
    La…

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