La Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, dispone en su artículo 56.1, que la Administración autonómica impulsará una cultura de evaluación de la acción pública y, a tal fin, establecerá las medidas necesarias para el desarrollo e implantación de un sistema de evaluación de las políticas públicas que diseña y realiza.

La evaluación de políticas públicas constituye un instrumento generador de información, que mejora la planificación y la transparencia democrática y que proporciona una herramienta fundamental para reformar la gestión pública.

La evaluación permite valorar el adecuado cumplimiento de los objetivos propuestos, introducir mejoras para conseguir los fines planteados y evitar desviaciones entre lo previsto y lo ejecutado, contribuyendo por tanto a mejoras en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas.

Por tanto, la finalidad de este decreto es el desarrollo inicial de las previsiones contenidas en la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, para el establecimiento de un sistema de evaluación de las políticas públicas.

Para el logro de los fines indicados, el proyecto de decreto se estructura en dos capítulos que contemplan, respectivamente, determinadas medidas en materia de evaluación de políticas públicas y la creación y regulación del Registro de Evaluaciones de Políticas Públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Proyecto de Decreto por el que se aprueban medidas en materia de evaluación de políticas públicas y se crea el registro de evaluaciones de políticas públicas de la administración de la comunidad de castilla y león.

Fecha de publicación 11 de marzo de 2021

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