En APRI llevamos más de 10 años urgiendo una regulación que permita “normalizar” las relaciones entre grupos de interés y responsables públicos ya que cada vez es más evidente el impacto de la acción política sobre la actividad económica. Esta actividad no solo es legítima, sino que además es deseable, y los poderes públicos tienen el mandato constitucional de establecer las condiciones reales y efectivas de participación de los ciudadanos en los asuntos que les afectan (artículos 9.2, 20.1 y 23 de la Constitución española). Los profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos, apoyamos firmemente el desarrollo de una regulación que contenga todos los instrumentos necesarios para dotar de mayor participación ciudadana y mayor transparencia a la acción ejecutiva y legislativa, con el convencimiento de que la misma resulta imprescindible para la consecución de un mejor servicio a la sociedad, en cuanto garantiza un mejor conocimiento tanto de las actividades desarrolladas por las distintas instituciones y organismos públicos, como de la forma en que se adoptan las decisiones en el seno de los mismos, lo que, al mismo tiempo, constituye una salvaguarda frente a la mala administración. Es por ello que hemos desarrollado una propuesta de regulación de la transparencia de los grupos de interés ante los poderes públicos; propuesta que aborda la participación de los grupos de interés y sus representantes con el fin de garantizar la transparencia en el ejercicio de la representación de intereses y en las decisiones de los responsables públicos.

Siguiendo este ejemplo, muchas Comunidades Autónomas han entendido la importancia del asunto, y ante la falta de una regulación nacional, han regulado la participación y las relaciones con los grupos de interés a nivel autonómico, como el caso de Cataluña, Castilla La Mancha, o más recientemente la Comunidad de Madrid. Aunque sabemos que la Junta de Castilla y León ha avanzado en algunos aspectos como la implementación de la agenda pública y la huella legislativa, creemos que ahora más que nunca y con motivo del reparto de los fondos europeos debe impulsarse una regulación de la participación de los grupos de interés.

A continuación podrán encontrar nuestra propuesta de regulación, que esperamos que se tenga en consideración a la hora de elaborar la ley por la que se regule la participación ciudadana en Castilla y León.