Mediante la modificación del Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de acceso y disfrute de la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla Y León el objetivo que se pretende es garantizar que ninguna familia beneficiaria de la renta garantizada de ciudadanía reciba menos ingresos como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo ingreso mínimo vital.

Según la normativa actual, la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León es la última red de protección y es subsidiaria respecto a cualquier otra prestación. Recientemente por la Administración General del Estado se ha publicado un Decreto Ley por el que se regula el Ingreso Mínimo Vital, con una finalidad similar a la Renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.

Tras examinar los datos facilitados por el INSS relativos a las primeras prestaciones abonadas de Ingreso Mínimo Vital, se ha verificado la existencia de un porcentaje significativo de familias que reciben del Estado un importe inferior de Ingreso Mínimo Vital al que venían percibiendo de Renta garantizada de ciudadanía y se pretende evitar este efecto.

En definitiva, la voluntad de la Junta de Castilla y León es que ninguna familia perceptora de Renta garantizada de ciudadanía pierda recursos por la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, por ello se pretende modificar la regulación de la prestación de Renta garantizada con la finalidad de que estas familias mantengan la misma cuantía económica que venían recibiendo por parte de la Junta de Castilla y León para que puedan hacer frente a sus necesidades básicas y poder atender la situación real de las personas más vulnerables de la Comunidad.