(2020/06) Proyecto de Decreto por el que se regula el registro industrial de CyL y las responsabilidades de los agentes en materia de seguridad industrial. (Cerrado)
Antecedentes
La Ley 21/1992, de 16 de julio de industria, establece en su artículo 21.2 que la creación del Registro de Establecimientos Industriales de ámbito estatal se entenderá sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas para establecer registros industriales en sus respectivos territorios.
La Ley 6/2014, de 12 de septiembre, en su artículo 36, crea, con carácter informativo, el Registro Industrial de Castilla y León. El artículo 38.1 establece que reglamentariamente se determinará el contenido de la comunicación, de modo que se incluyan los datos necesarios para el mejor cumplimiento de las funciones que la Administración tiene encomendadas. Por su parte, el apartado 2 del mismo artículo establece que se determinará reglamentariamente el concepto de ampliaciones o modificaciones sustanciales. También se establece en el artículo 11.1.c que los proyectistas y directores de obra deberán disponer de un seguro de responsabilidad profesional con la cobertura que se determine reglamentariamente. Asimismo, la disposición final segunda establece que “La Administración podrá desarrollar reglamentariamente el contenido, estructura y funcionamiento del Registro Industrial de Castilla y León, y cuantos aspectos se consideren necesarios para su operatividad y el mejor cumplimiento de sus fines”.
Por otro lado, se hace necesario desarrollar los artículos 11 y 12 de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, en lo referente a las obligaciones y responsabilidades de los distintos agentes de la Seguridad Industrial.
Necesidad
Para el cumplimiento de las competencias en materia de industria, atribuidas por el Estatuto de Autonomía a la Administración de Castilla y León, es imprescindible tener un conocimiento profundo del entramado industrial de la Comunidad en cada momento, y para ello es necesario disponer de una herramienta dinámica que incorpore los datos esenciales de las industrias y de todos los agentes implicados en la actividad industrial de Castilla y León. Todo ello sin que implique ningún tipo de traba o cortapisa a la libertad de establecimiento ni suponga una carga administrativa excesiva e innecesaria. Lo que se plasma en el artículo 38 de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, con la presentación de una comunicación para aquellas actividades no sometidas a régimen de autorización o declaración responsable.
Estructura del proyecto de decreto
El presente proyecto de decreto consta de tres capítulos, cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones derogatorias y dos disposiciones finales.
En el capítulo I se fija el objeto del decreto y las definiciones de los términos específicos que se utilizarán en el mismo. El capítulo II, dividido en cinco secciones, desarrolla ámbito y fines del Registro Industrial de Castilla y León, el deber de información, su contenido y organización, procedimiento y las condiciones de acceso a la información y confidencialidad. El capítulo III regula la responsabilidad de los agentes en materia de seguridad industrial y fija el seguro de responsabilidad profesional establecido en el artículo 11 de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre.
Las disposiciones adicionales regulan cuestiones diversas, como el traslado de datos al Registro Integrado Industrial de ámbito nacional, la identificación del personal inspector administrativo, la placa de inscripción de las instalaciones industriales y la incorporación de datos procedentes de las bases de datos de la Administración de la Junta de Castilla y León.
La disposición derogatoria primera deroga el Decreto 11/1996, de 18 de enero, por el que se regula la intervención de las empresas instaladoras e instaladores, mantenedores o conservadores y otras entidades, en actividades derivadas de los Reglamentos de Seguridad Industrial, mientras que la disposición derogatoria segunda deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este decreto.
La disposición final primera habilita a la Consejería competente en materia de industria a desarrollar el presente decreto o a modificar el anexo mediante orden. La disposición final segunda establece la entrada en vigor de la norma.
Fecha de publicación 10 de junio de 2020
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Proyectistas y Directores de Obra
1) El concepto de "modificación sustancial" de actividades debería ser similar al contemplado en la normativa medioambiental para simplificar trámites y evitar confusiones.
2) El importe cubierto por seguro de responsabilidad civil exigible (art. 20) no debería ser independiente del tamaño/importe de la instalación. Se deberían hacer tramos de menor importe obligado para instalaciones menores.
3) El papel del proyectista se elimina o difumina al permitir que la documentación a presentar pueda ser "firmada" por el titular de la instalación.1 vote1) Los objetivos que persigue la normativa de seguridad industrial son diferentes a la normativa ambiental, por lo que puede haber diferencias. Por otra parte el decreto en estudio debe adaptarse preferentemente a los reglamentos de seguridad industrial, algunos de los cuales introducen el concepto de modificación sustancial.
2) El seguro se establece para el ejercicio de la actividad profesional, y no para una obra en concreto. Un profesional puede acometer proyectos u obras de distinta índole y magnitud, por lo que el seguro debe abarcar un ámbito amplio.
3) Los proyectos técnicos deberán ser siempre suscritos por técnico competente con la titulación requerida por la normativa correspondiente. No obstante, de conformidad con la ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, modificada según la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, no todas las actividades industriales necesitan proyecto técnico. En estos casos, la 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria…
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Proyectistas y Directores de Obra
1) El concepto de "modificación sustancial" de actividades debería ser similar al contemplado en la normativa medioambiental para simplificar trámites y evitar confusiones.
2) El importe cubierto por seguro de responsabilidad civil exigible (art. 20) no debería ser independiente del tamaño/importe de la instalación. Se deberían hacer tramos de menor importe obligado para instalaciones menores.
3) El papel del proyectista se elimina o difumina al permitir que la documentación a presentar pueda ser "firmada" por el titular de la instalación.0 votes1) Los objetivos que persigue la normativa de seguridad industrial son diferentes a la normativa ambiental, por lo que puede haber diferencias. Por otra parte el decreto en estudio debe adaptarse preferentemente a los reglamentos de seguridad industrial, algunos de los cuales introducen el concepto de modificación sustancial.
2) El seguro se establece para el ejercicio de la actividad profesional, y no para una obra en concreto. Un profesional puede acometer proyectos u obras de distinta índole y magnitud, por lo que el seguro debe abarcar un ámbito amplio.
3) Los proyectos técnicos deberán ser siempre suscritos por técnico competente con la titulación requerida por la normativa correspondiente. No obstante, de conformidad con la ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, modificada según la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, no todas las actividades industriales necesitan proyecto técnico. En estos casos, la 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria…
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Empresas de suministros medidos por contador.
En el Decreto no se mencionan explícitamente como agentes a las empresas que suministran recursos a los establecimientos e instalaciones industriales como son agua, aire, energía, calor, frío, electricidad, combustibles (sólidos, líquidos y gaseosos).
En el Decreto no se mencionan explícitamente como agentes a las empresas que suministran suministros medidos por contador como responsables de los mismos como parte de las instalaciones industriales en las que se encuentran.
1 voteEl presente proyecto de decreto se redacta en desarrollo de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León. Por tanto debe ceñirse a los agentes regulados en la misma.
Las empresas de suministros no son agentes en materia de seguridad industrial en sentido estricto, y su actuación estará regulada por la normativa específica de cada caso y por los reglamentos de seguridad industrial, como cualquier empresa.
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Mención a reglamentación nacional en vigor.
No se menciona el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, sobre liberalización industrial y la Orden de 19 de diciembre de 1980 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, de liberalización industrial.
¿Es que no se debe cumplir nada de lo que se establece en este Real Decreto?
1 voteEl que no se mencione en una norma otra disposición legal o reglamentaria en vigor no implica que esta no deba cumplirse. De hecho la técnica normativa no aconseja repetir en una norma las disposiciones que ya están recogidas en otra norma anterior, ya que la derogación o modificación de la primera implicaría la necesidad de modificar la segunda.
El Decreto 2135/1980, si bien no ha sido derogado, ha sido en muchos de sus aspectos, ampliamente superado y modificado por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, sobre todo a raíz de su modificación por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
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1 vote
Los agentes que tienen su sede social en otro territorio, y están habilitados en otra comunidad autónoma pueden actuar en todo el territorio nacional. No es necesario que dispongan de edificios o instalaciones en Castilla y León.
Con carácter general la habilitación de los agentes de seguridad industrial es por tiempo indefinido y ámbito estatal.
