(2019/11) Procedimiento para la elaboración de una ley que regule la Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunidad de Castilla y León. (Cerrado)

← Espacio de participación de la Junta de Castilla y León

Trámite de Consulta Previa Pública en el Procedimiento de Elaboración de Normas

De conformidad con lo previsto en el artículo 75.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en relación con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración de los anteproyectos de ley o de proyectos de normas reglamentarias, se sustanciará una consulta pública.

Consulta pública previa en el procedimiento para la elaboración de una ley que regule la Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunidad de Castilla y León.

Esta ley, que nace con vocación de abordar de forma integral la lucha contra el fraude y la corrupción en la Comunidad de Castilla y León, al incorporar la regulación de la Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes, permite que las aportaciones que se hubieran realizado en la fase de información pública de la modificación de aquélla norma puedan ser tenidas en cuenta para la aprobación de este anteproyecto de ley, sin perjuicio de las que puedan realizarse con ocasión de esta consulta previa.

a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

El fraude y la corrupción se han convertido en uno de los problemas que la sociedad percibe como uno de los males endémicos en las administraciones públicas y que ha supuesto un importante agravio a las arcas públicas, a la vez que una pérdida de confianza de los ciudadanos respecto de quienes tienen encomendada la misión de gestionar los recursos públicos.

Es imprescindible tomar conciencia desde la administración de la necesidad de implicarse en la búsqueda de soluciones para atajar, desde cualquier ámbito, la mala utilización de los fondos públicos. Para ello se ha de contar con el principal activo que tienen las administraciones públicas, los empleados públicos, en quienes ha de generarse o potenciarse una cultura de responsabilidad, cuyos primeros pasos se iniciaron con la aprobación de la citada Ley 2/2016, de 11 de noviembre, si bien, reducido su ámbito al seno de la administración y a unos delitos muy concretos, los delitos contra la Administración Pública regulados en el título XIX del Código Penal.

Esta cultura de la responsabilidad ha de trasladarse también al resto de la sociedad para que los ciudadanos, en cuanto destinatarios de los servicios financiados con fondos públicos, se conviertan también en garantes de una correcta utilización de los recursos.

Por ello, ha llegado el momento de ampliar el ámbito de actuación y hacerlo extensivo a cualquier irregularidad en la toma de decisiones o el manejo de fondos públicos, alcanzando no solamente a quienes intervienen en su gestión desde la administración sino también a cuantas personas físicas o jurídicas pudieran convertirse, a través de los distintos mecanismos jurídicos, en perceptores de fondos públicos.

Como ha manifestado en numerosas ocasiones Transparencia Internacional, la disminución de los niveles de corrupción en una sociedad supone una mayor calificación en las libertades civiles, lo que determina un avance en el desarrollo de las sociedades democráticas.

b) Necesidad y oportunidad de su aprobación.

La aprobación de esta ley se justifica en la necesidad de afrontar por parte de los responsables públicos, de forma determinante, la intervención sobre el fraude y la corrupción, que supone una lacra para el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Los instrumentos con los que se cuenta en la administración resultan insuficientes para abordar la actuación que se pretende de forma global sobre todo tipo de fraude y corrupción, por lo que se requiere dotar a la Comunidad de Castilla y León de un instrumento jurídico que permita abarcar, en toda su amplitud, la vigilancia sobre la gestión pública a través de la toma de decisiones o del manejo de los fondos y recursos públicos.

Por ello surge la necesidad de crear una entidad de carácter público que tenga como función primordial la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en la Comunidad de Castilla y León.

Se crea así la Agencia para la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunidad, con independencia y autonomía en el ejercicio de sus competencias respecto de cualquier administración pública y con el objeto de cumplir la finalidad con la que se crea.

En el ámbito de las administraciones públicas, su ámbito de actuación no ha de limitarse únicamente a la administración general e institucional de la Comunidad de Castilla y León sino que se extiende también a las entidades integrantes de la administración local dentro de su territorio. Asimismo, ha de abarcar al resto de instituciones y entidades integrantes del sector público autonómico y ha de incluir a las personas físicas o jurídicas que reciban fondos públicos, ya sea a través de subvenciones, ayudas, contratos o cualquier otro mecanismo jurídico.

c) Objetivos de la norma.

Esta regulación nace con la intención de abarcar cualquier irregularidad en la toma de decisiones y el manejo de fondos y recursos públicos a través de la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción.

Pretende lograr no sólo una adecuada gestión pública por parte de quienes tienen encomendada esta misión sino también una correcta utilización por quienes reciben fondos públicos, ya sean entidades públicas o personas físicas o jurídicas privadas.

Tiene como objetivo, además, difundir la cultura de la responsabilidad en la lucha contra el fraude y la corrupción tanto en los empleados públicos, que por su cercanía a la gestión pública son quienes primero tienen acceso a posibles riesgos y amenazas, como en el resto de la sociedad, en tanto destinatarios de los servicios públicos que la administración presta, y que constituyen su fin primordial.

En su lucha contra el fraude y la corrupción, la norma pretende dar respuesta, mediante la prevención, a través de la creación de alertas y mapas de riesgos o cualquier otro método preventivo que ayude a detectar amenazas y posibles riesgos de fraude y corrupción, y mediante la sanción de tales conductas, cuando se constate su existencia.

Para la consecución de los objetivos pretendidos resulta indispensable la implicación de los empleados públicos y de los ciudadanos, y para ello es imprescindible la adopción de medidas destinadas a proporcionar a los posibles denunciantes un marco de protección ante posibles represalias que pudieran derivarse de la denuncia presentada.

d) Posibles soluciones regulatorias y no regulatorias

No existe otra solución alternativa a la regulación de esta materia mediante norma con rango de ley.

Fecha de publicación 7 de noviembre de 2019.

El plazo para realizar aportaciones a este espacio de participación finalizó a las 14:00 horas del 22 de noviembre de 2019.

¿Qué opina sobre estos cuatro aspectos?

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AGENCIAS ANTICORRUPCIÓN. CALIDAD DE SU DISEÑO NORMATIVO

LAS AGENCIAS ANTICORRUPCIÓN. UNA PROPUESTA DE LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD DE SU DISEÑO NORMATIVO

R.I.T.I. nº 3 Enero-Abril 2017

“El estudio analiza la razón por la que unidades administrativas específicas anticorrupción pueden ser útiles para prevenir y luchar contra este fenómeno, analizando sus posibles funciones, sus posibilidades y límites, así como cuál debería ser su posible diseño óptimo. Se considera el ámbito de sus funciones (lucha contra la corrupción y promoción del buen gobierno y del derecho a una buena administración de los ciudadanos) y se tienen en consideración en el trabajo las más recientes experiencias en la materia, incluyendo los casos de las ciudades de Barcelona y Madrid. Este trabajo propone una concreta lista de comprobación con 10 ítems (subdivididos en subtemas) que podría ayudar a un regulador a tomar la mejor decisión posible y contribuir a un análisis crítico posterior de los ejemplos ya surgidos y que vayan surgiendo en España”.

“El presente trabajo tiene por objeto un tema poco estudiado, tanto internacionalmente como, menos aún, en España: una reflexión sobre el papel de unidades en la organización administrativa diseñadas específicamente para promover la transparencia y desarrollar la lucha contra la corrupción y el fraude.

Además de existir pocos estudios sobre el tema, hasta fechas muy recientes no hemos tenido ejemplos de oficinas anticorrupción en España y aún son más nuevas las (pocas) experiencias de unidades anticorrupción a nivel local. Este tipo de unidades, no forman parte, pues, de nuestra tradición administrativa, como tampoco han formado parte, desde una perspectiva más general, el impulso de la transparencia, el buen gobierno y la buena administración y la prevención de la mala administración y la corrupción, que sólo han entrado de forma relevante en la agenda política y en el ámbito administrativo en fechas muy recientes, como es sabido.

Avanzando, pues, por un campo poco explorado, el presente trabajo va a dividir su estructura en tres partes.

En primer lugar, abordará por qué puede ser una buena idea generar unidades específicas en la Administración para luchar contra la corrupción.

En segundo lugar, este análisis se preguntará para qué puede plantearse en España la creación de una oficina o agencia anticorrupción, analizando las posibles razones que pueden estar detrás de dicha creación y exponiendo cuáles pueden ser legítimas y razonables y cuáles podrían condicionar negativamente, desde el principio, la unidad que se cree.

Finalmente, el trabajo se preguntará sobre cómo diseñar del mejor modo posible, esto es, del más eficiente, económico y eficaz (de conformidad con los principios constitucionales de buena administración contenidos en los arts. 31.2 y 103.1 CE) una unidad anticorrupción para intentar garantizar, desde el principio, el éxito futuro en su misión.

En concreto, el estudio propondrá una lista de comprobación de 10 indicadores que un regulador debería tomar en consideración antes de tomar la decisión de crear una de estas unidades…”.

https://revistainternacionaltransparencia.org/wp-content/uploads/2017/04/Julio-Ponce.pdf

‘LAS AGENCIAS ANTICORRUPCIÓN. UNA PROPUESTA DE LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD DE SU DISEÑO NORMATIVO’

Revista Internacional TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

Julio Ponce Solé
Director del Instituto de investigación de la Universidad de Barcelona TransJus.
Acr. Catedrático de Derecho Administrativo

LAS AGENCIAS ANTICORRUPCIÓN. UNA PROPUESTA DE LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD DE SU DISEÑO NORMATIVO

R.I.T.I. nº 3 Enero-Abril 2017

“El estudio analiza la razón por la que unidades administrativas específicas anticorrupción pueden ser útiles para prevenir y luchar contra este fenómeno, analizando sus posibles funciones, sus posibilidades y límites, así como cuál debería ser su posible diseño óptimo. Se considera el ámbito de sus funciones (lucha contra la corrupción y promoción del buen gobierno y del derecho a una buena administración de los ciudadanos) y se tienen en consideración en el trabajo las más recientes experiencias en la…

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Código de Lucha contra el Fraude y la Corrupción

“Con este Código de lucha contra el fraude y la corrupción se trata de atender a la demanda tanto de los profesionales e investigadores como de toda aquella autoridad, funcionario o simple ciudadano que deban hacer uso de la profusa y dispersa legislación en la materia. Los primeros encontrarán sistematizada y puesta al día el conjunto de normativa vigente en materia de prevención y represión de lucha contra la corrupción. Los segundos podrán localizar la norma aplicable a los problemas de gestión vinculados con la aplicación de medidas antifraude, la reclamación de responsabilidades o la interposición de denuncias.

Para la catalogación y estructura de las normas se ha seguido la distinción realizada por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción entre medidas preventivas y represivas, que ha sido comúnmente aceptada desde el punto de vista normativo y profesional. En la perspectiva preventiva se incluirían los apartados de Agencias y Servicios de Prevención, Organismos Colaboradores de la Prevención y Procedimientos Auxiliares de la Prevención. Por su parte, la faceta represiva corresponde a las Responsabilidades Administrativas, Responsabilidades Contables, Responsabilidades Penales y la Recuperación de Activos e Inteligencia.

Desde el punto de vista objetivo se ha tenido en cuenta una concepción restringida del fraude y la corrupción, centrada en el ámbito público y evitando en lo posible la extensión a la normativa propia de los diferentes sectores administrativos, lo que hubiera dado lugar a un texto estéril y de difícil consulta. Por ello, no se aborda la legislación del fraude característica del ámbito fiscal, laboral y seguridad social o de competencia, salvo cuando la importancia a efectos de aplicación práctica o investigadora ha aconsejado su incorporación, con carácter al menos parcial.

Desde la parcela institucional, esta recopilación se limita a recoger las disposiciones legales consolidadas en el Boletín Oficial del Estado, por lo que han quedado excluidas la regulación de la Unión Europea, la normativa de desarrollo de las Comunidades Autónomas y las disposiciones dictadas por las Entidades Locales. A este respecto, en este apartado de Nota de autor se incluyen las disposiciones, referentes a normativa especializada en lucha contra el fraude aprobadas a nivel internacional, comunitario y nacional, publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado, y que no deben incluirse en el conjunto del Código al tratarse de disposiciones no consolidadas”.

“Código de Lucha contra el Fraude y la Corrupción”

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=322_Codigo_de_Lucha_contra_el_Fraude_y_la_Corrupcion&modo=1

Selección y ordenación: José Antonio Fernández Ajenjo
Edición actualizada a 15 de noviembre de 2019
Códigos electrónicos BOE

“Con este Código de lucha contra el fraude y la corrupción se trata de atender a la demanda tanto de los profesionales e investigadores como de toda aquella autoridad, funcionario o simple ciudadano que deban hacer uso de la profusa y dispersa legislación en la materia. Los primeros encontrarán sistematizada y puesta al día el conjunto de normativa vigente en materia de prevención y represión de lucha contra la corrupción. Los segundos podrán localizar la norma aplicable a los problemas de gestión vinculados con la aplicación de medidas antifraude, la reclamación de responsabilidades o la interposición de denuncias.

Para la…

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Más recomendaciones

La Agencia debería estar integrada por personal experto, que goce de la condición de autoridad pública para el ejercicio de sus funciones.

Todas las administraciones y entidades públicas (y privadas) sujetas al ámbito de actuación de la Agencia, sus autoridades y personal, deben tener la obligación de colaborar con celeridad y diligencia, cuyo incumplimiento conllevaría la imposición de las sanciones correspondientes.

La Agencia, institución independiente de todas las administraciones, debería disponer de una partida económica independiente en los presupuestos generales de las Cortes de CyL. Debería tener la consideración de entidad pública, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

Todo el personal de la Agencia debería ser funcionario de carrera procedente de las diferentes administraciones públicas por mandato legal y no existir personal eventual ni contratado laboral. Los procedimientos de provisión de puestos de trabajo deberían ser los establecidos por la Ley de la Función Pública de CyL. No tener, o haber tenido, vinculación alguna con partidos políticos y tampoco haber sido nombrado alto cargo, ni haber desempeñado puestos de libre designación o mediante comisión de servicio (iguales o superiores a Jefe de Servicio o asimilado).

La Agencia debería estar integrada por personal experto, que goce de la condición de autoridad pública para el ejercicio de sus funciones.

Todas las administraciones y entidades públicas (y privadas) sujetas al ámbito de actuación de la Agencia, sus autoridades y personal, deben tener la obligación de colaborar con celeridad y diligencia, cuyo incumplimiento conllevaría la imposición de las sanciones correspondientes.

La Agencia, institución independiente de todas las administraciones, debería disponer de una partida económica independiente en los presupuestos generales de las Cortes de CyL. Debería tener la consideración de entidad pública, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de…

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El nuevo delito de enriquecimiento ilícito

“Como en la Memoria correspondiente a 2017 debemos reiterar la deseable tipificación del delito de enriquecimiento ilícito que sigue sin merecer la atención de nuestro legislador y que llenaría las pocas lagunas punitivas que quedan en materia de corrupción. Decíamos en la referida Memoria, y se sigue constatando año tras año, que los comportamientos relacionados con la corrupción han cambiado mucho en las últimas décadas pues tal y como están hoy tipificados los delitos de cohecho, su acreditación es extremadamente compleja. Relacionar un pago con un contrato es tarea cada vez más difícil. Las dádivas no aparecen necesariamente vinculadas con concretas adjudicaciones y sí con otras fases de la contratación con menor grado de control, como la fase de ejecución del contrato, que permite múltiples posibilidades de ocultación (modificación de las condiciones, facturación de trabajos ficticios o de inferior calidad a la especificada, etc.). En ocasiones, sencillamente, el pago se enmarca en un proceso de engrase de la Administración, sin vinculación temporal con una adjudicación. En cuanto al desembolso en sí, se oculta fácilmente con estructuras triangulares para el pago y para el cobro de las dádivas, con pagos en efectivo, facturas falsas por honorarios de consultoría, servicios falsos, informes inexistentes o sobrevalorados, pagos a empresas pantalla, utilización de servicios en territorios off shore o pagos en especie tales como trabajos gratuitos en domicilios del funcionario o de sus familiares, productos de lujo, viajes de recreo y un largo etcétera.

La impropia solución sancionadora viene con frecuencia de la mano del delito fiscal, que permite castigar de manera residual conductas que poco tienen que ver con la evasión fiscal y sí con la imposibilidad de acreditar conductas de corrupción, de modo que el beneficio producto de tales delitos queda reducido a una ganancia de patrimonio no justificada sujeta a tributación. De esta forma, «los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente», se integran en la base liquidable general (art. 39 de la 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Algunas de las sentencias dictadas en los últimos años por delito fiscal en causas que han tenido amplia repercusión mediática son buena muestra de una realidad en la que las condenas por delito fiscal quedan supeditadas a que no pueda acreditarse que la ganancia procediera de modo directo e inmediato del delito de corrupción, en aplicación de la doctrina emanada de la STS 20/2001, de 8-3 (consolidada en SSTS 1113/2005, de 15-9; 202/2007, de 20-3 o 680/2008, de 30-10, entre otras).

Es en este marco que el delito de enriquecimiento ilícito, contemplado en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, hecha en Nueva York el 31-10-2003 y ratificada por España (BOE 19/6/2006) puede suponer una aportación relevante a nuestro vigente catálogo punitivo. Su artículo 20 establece que «cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito cuando se cometa intencionalmente el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él.» Ya en términos imperativos, la Convención Interamericana contra la Corrupción establece en su art. IX que «… los Estados Partes que aún no lo hayan hecho, adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito el incremento del patrimonio de un funcionario público […]» Países como Argentina, Perú o Colombia han incorporado a sus Códigos penales esta solución.

Por incremento de patrimonio ha de entenderse no solo un aumento del activo de cualquier naturaleza sino también la disminución del pasivo, representada por la condonación de deudas, supresión o cancelación de cargas o gravámenes, etc.

No se trata, como pudiera pensarse en una apresurada aproximación a esta figura penal, de una conducta que entrañe la inversión de la carga de la prueba. Corresponderá a la acusación probar el incremento patrimonial. Pero demostrado este, compete ya al acusado facilitar una explicación plausible exculpatoria acreditando una actividad económica o comercial que elimine el efecto incriminatorio del indicio que representa el incremento en el patrimonio de quien tiene la condición de funcionario público, con unos ingresos y un régimen de incompatibilidades legalmente establecidos. El estándar probatorio se asemejaría a la consolidada doctrina jurisprudencial sobre la prueba indiciaria, conforme a la cual no supone inversión de la carga de la prueba ni daña la presunción de inocencia exigir al acusado que facilite para lograr su exculpación aquellos datos que está en condiciones de proporcionar de manera única e insustituible (SSTEDH de 8 de febrero de 1996, Murray contra Reino Unido; de 1 de marzo de 2007, Geerings contra Holanda; de 23 de septiembre de 2008, Grayson y Barnahm contra Reino Unido; SSTC n.º 137/98 de 7 de julio y 202/2000 de 24 de julio; y SSTS n.º 1504/2003, de 25 de febrero, 578/2012, de 26 de junio y 487/2014, de 9 de junio)”.

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA – Memoria 2019

https://www.fiscal.es/documents/20142/183863/memoria2019_fiscalia_anticorrupcion.pdf/bf933261-3bfc-249f-6b14-9eee30469b30

“Como en la Memoria correspondiente a 2017 debemos reiterar la deseable tipificación del delito de enriquecimiento ilícito que sigue sin merecer la atención de nuestro legislador y que llenaría las pocas lagunas punitivas que quedan en materia de corrupción. Decíamos en la referida Memoria, y se sigue constatando año tras año, que los comportamientos relacionados con la corrupción han cambiado mucho en las últimas décadas pues tal y como están hoy tipificados los delitos de cohecho, su acreditación es extremadamente compleja. Relacionar un pago con un contrato es tarea cada vez más difícil. Las dádivas no aparecen necesariamente vinculadas con…

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Potestades de la Agencia

Hay que dotar a la Agencia de amplias potestades tanto en el sector público como en el privado, entre ellas la potestad sancionadora.

Deberá estar preparada para colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, con el resto de Agencias/Oficinas antifraude españolas y con los órganos e instituciones de la UE.

Deberá estar especialmente vigilante en la lucha contra el fraude y la corrupción en materia de subvenciones y contratación pública (lo que preocupa enormemente a la Comisión Europea).

También debería vigilar estrechamente el cumplimiento de la normativa en materia de incompatibilidades tanto de los miembros de la Junta y demás altos cargos como del resto de empleados públicos, así como también de los procuradores de las Cortes autonómicas y del personal del resto de Instituciones de la Comunidad.

Hay que dotar a la Agencia de amplias potestades tanto en el sector público como en el privado, entre ellas la potestad sancionadora.

Deberá estar preparada para colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, con el resto de Agencias/Oficinas antifraude españolas y con los órganos e instituciones de la UE.

Deberá estar especialmente vigilante en la lucha contra el fraude y la corrupción en materia de subvenciones y contratación pública (lo que preocupa enormemente a la Comisión Europea).

También debería vigilar estrechamente el cumplimiento de la normativa en materia de incompatibilidades tanto de los miembros de la Junta y demás altos cargos…

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Propuestas Junta de Personal de Funcionarios Servicios Centrales
PROPUESTAS DE LA JUNTA PERSONAL DE SERVICIOS CENTRALES A LA “LEY DE LA AGENCIA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN” DE CASTILLA Y LEÓN

Dependerá orgánicamente de las Cortes de Castilla y León, estará sometida únicamente al ordenamiento jurídico, y ejercerá sus funciones con plena independencia y autonomía de actuación.

Será una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, con patrimonio y tesorería propia, autonomía administrativa y económica, y plena capacidad de obrar y actuar.

La ubicación de las instalaciones de la Agencia tiene que permitir cumplir los principios de confidencialidad y neutralidad que inspiran su creación.

Deberá contar con portal de internet y el Director de la Agencia dictará las instrucciones necesarias para determinar el contenido de la sede electrónica, el portal de transparencia y la información de la Agencia que considere útil para la ciudadanía.

La Agencia habilitará un formulario, en la sede electrónica, para facilitar la presentación de las denuncias y para que estas sean accesibles a toda la ciudadanía.

El anagrama institucional de la Agencia estará formado por el símbolo y el logotipo que determine su Director.

El Director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción no recibirá instrucciones de ninguna autoridad y se somete a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico.

El Director podrá contratar consultorías, firmar convenios, protocolos y acuerdos de colaboración y cooperación en las materias que son competencia de la Agencia.

Los medios personales, materiales y económicos de la Agencia, tendrán una consignación aparte en los presupuestos de la Comunidad, y tendrán prioridad en su asignación. Su solicitud anual dependerá del Director.

La falta de cobertura del 10% de la plantilla de la Agencia durante un año supondrá el cese automático del Consejero de Presidencia y del Consejero de Hacienda.

Las resoluciones de la Agencia serán siempre ejecutivas.

La relación de puestos de trabajo incluirá, como mínimo, la denominación, las características esenciales, las retribuciones básicas y complementarias y los requisitos para proveerlos.

Todos sus miembros deben ser funcionarios de carrera (incluido el Director), y hayan aprobado la oposición desde al menos hace 8 años.

El Director de la Agencia será un Funcionario de la Junta de Castilla y León, elegido por 4 años y por mayoría de 3/5 en las Cortes de Castilla y León, de entre una terna de candidatos, que serán propuestos por los siguientes órganos:

Fundaciones Antifraude sin ánimo de lucro (Hay Derecho, CIVIO, etc.)

Por la Junta de Personal de Servicios Centrales de Castilla y León

Por las Juntas de Personal Periféricos de Castilla y León

El Director de la Agencia podrá estar como máximo 8 años en ese cargo.

Los todos los puestos de Director y responsables de departamento o inspectores deberán tener régimen de dedicación absoluta y exclusiva, de forma que son incompatibles con el ejercicio de cualquier otra actividad pública o privada, que no sea la administración de su propio patrimonio personal o familiar, las actividades de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de estas, así como con la colaboración y la asistencia ocasional como ponente a congresos, seminarios, jornadas, conferencias o cursos de carácter profesional, siempre que no sean consecuencia de una relación de ocupación o de prestación de servicios o puedan suponer menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes.

Todas las plazas se deberán cubrir mediante concurso ordinario y no podrá haber puestos de libre designación.

En esta Agencia no podrá haber funcionarios interinos, funcionarios en comisión de servicio, ni funcionarios en atribución temporal de funciones.

Los miembros de esta Agencia tendrán la consideración de autoridad y la no colaboración con la Agencia tendrá la tipificación de delito.

Se deberá proteger la identidad de la persona denunciante y podrá solicitar expresamente que se declaren secretas las actuaciones.

Las denuncias o alertas en que no conste la identidad de la persona o las personas que las presentan o que no reúnan todos los requisitos indicados serán objeto de análisis e informe de evaluación final.

El funcionario implicado directa o indirectamente en una denuncia, y que actúe de forma maliciosa contra el denunciante, será sancionado como falta muy grave. Y el alto cargo inhabilitado de por vida para ejercer cargo público.

De oficio o a instancia del denunciante para garantizar la protección de los derechos ante cualquier tipo de actuaciones de intimidación, castigo, sanción o discriminación por haber presentado la denuncia, se instará al órgano competente para que adopte las acciones correctoras o de restablecimiento que sean necesarias y se extenderán por el tiempo que la Agencia determine mientras se tramita.

En caso de represalias contra el funcionario denunciante, se revertirá la carga de la prueba y las personas causantes de los actos deberán demostrar fehacientemente su inocencia ante la Agencia.

El funcionario denunciante tendrá los mismos derechos que una víctima de acoso laboral o de violencia de género.

Un miembro de la Agencia deberá entrevistar al denunciante como mínimo cada año, y al menos durante 10 años o más tiempo si se percibe que ese funcionario puede estar en riesgo de sufrir persecución, donde se evalúe el riesgo de persecución de este funcionario. Como conclusión final de esta entrevista, el miembro de la Agencia deberá determinar si este funcionario está sufriendo acoso, y en ese caso, adoptar las medidas necesarias.

El 10% del dinero público que se recupere por una denuncia, irá al denunciante.
PROPUESTAS DE LA JUNTA PERSONAL DE SERVICIOS CENTRALES A LA “LEY DE LA AGENCIA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN” DE CASTILLA Y LEÓN

Dependerá orgánicamente de las Cortes de Castilla y León, estará sometida únicamente al ordenamiento jurídico, y ejercerá sus funciones con plena independencia y autonomía de actuación.

Será una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, con patrimonio y tesorería propia, autonomía administrativa y económica, y plena capacidad de obrar y actuar.

La ubicación de las instalaciones de la Agencia tiene que permitir cumplir los principios de confidencialidad y neutralidad que inspiran…
- PROPUESTAS JUNTA PERSONAL LEY DE LA AGENCIA ANTICORRUPCIÓN.docx 18 KB
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Más interventores menos chitinguitos

Fraude y corrupción son conceptos técnicos que no recogen todo. La mayor parte del problema lo engloban malas praxis que podrían corregirse con interventores de gasto. Se precisa más control de gasto y menos chiringuitos para gastar.

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Convenio contra la corrupción con la implicación de funcionarios
SÍNTESIS DE LOS DOCUMENTOS:

Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de la Unión Europea o funcionarios de los países de la Unión Europea

Acto del Consejo por el que se establece el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de la Unión Europea o funcionarios de los países de la Unión Europea

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL CONVENIO Y DEL ACTO?

El Convenio: • tiene por objeto asegurar que cada país de la Unión Europea (UE) adopte las medidas necesarias para penalizar la corrupción con la implicación de funcionarios; • ha sido diseñado para luchar contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios europeos o funcionarios nacionales* de los países de la UE y para reforzar la cooperación judicial entre los países de la UE en esta lucha.

El Acto marca la celebración del acuerdo del Consejo por el que se establece el Convenio.

PUNTOS CLAVE

• En virtud del Convenio, cada país de la UE debe adoptar las medidas necesarias para penalizar los actos de corrupción activa* y de corrupción pasiva* cometidos por funcionarios. El Convenio contempla tanto la complicidad como la instigación a dichos actos de corrupción.
• Las sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Además, los países de la UE deben permitir que los jefes de empresa o toda persona que ejerza poderes de decisión o de control en una empresa puedan ser declarados penalmente responsables en casos de corrupción activa cometidos por una persona sometida a su autoridad o que actúe por cuenta de la empresa.
• Cada país de la UE debe establecer su competencia respecto a las infracciones, de acuerdo con las obligaciones que se derivan del presente Convenio, cuando:
• la infracción se cometa, total o parcialmente, en su territorio;
• el autor de la infracción sea uno de sus nacionales o uno de sus funcionarios;
• la infracción se cometa contra funcionarios de la UE o nacionales, o contra un miembro de las instituciones de la UE, que sea al mismo tiempo nacional de la Unión;
• el autor de la infracción sea un funcionario de la UE al servicio de una institución, agencia u organismo de la UE, que tenga su sede en el país de la UE de que se trate.
• Si un procedimiento relativo a una infracción tipificada de acuerdo con las obligaciones que se derivan del presente Convenio afecta al menos a 2 países de la UE, estos deben cooperar en la investigación y en las diligencias judiciales, así como en la ejecución de la sanción impuesta.
• Los países de la UE deben aplicar el principio de que no cabe emprender dos acciones judiciales por la misma infracción (también conocido como principio ne bis in idem), pero es posible que haya excepciones a este principio.
• Los países de la UE pueden adoptar disposiciones legales internas cuyo alcance sea mayor que el de las obligaciones recogidas en el Convenio.
• En caso de litigio entre países de la UE acerca de la interpretación o la aplicación del Convenio, y a falta de una resolución mutua, el asunto debe ser estudiado por el Consejo tal y como se establece en el título IV del Tratado de la Unión Europea. Si el Consejo no llega a una solución en el plazo de 6 meses, una de las partes en el litigio podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este también será competente en litigios entre un país de la UE y la Comisión Europea.

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

El Convenio entró en vigor el 28 de septiembre de 2005 y se han adherido a él todos los países de la UE.

ANTECEDENTES

La penalización de la corrupción activa y pasiva ha sido abordada por varios instrumentos internacionales y europeos en las 2 últimas décadas.

Ámbito internacional

• La penalización de la corrupción activa y pasiva está regulada por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es un tratado internacional de alcance universal. Entró en vigor el 14 de diciembre de 2005. En diciembre de 2014, todos los países de la UE habían ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y la UE se convirtió en parte contratante en 2008 (Decisión 2008/801/CE).
• El Convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales (en vigor desde 1999) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos establece unas normas legalmente vinculantes para penalizar el soborno de funcionarios extranjeros en transacciones comerciales internacionales y ofrece diversas medidas conexas para que tengan efecto. Se centra en el ámbito de la corrupción internacional relacionado con el «suministro».

Ámbito europeo

• El Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa (en vigor de 2002) también es un instrumento ambicioso concebido para la penalización coordinada de las prácticas corruptas. También contempla medidas de Derecho penal complementarias y la mejora de la cooperación internacional en las diligencias judiciales contra las infracciones relacionadas con la corrupción.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33027
SÍNTESIS DE LOS DOCUMENTOS:

Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de la Unión Europea o funcionarios de los países de la Unión Europea

Acto del Consejo por el que se establece el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de la Unión Europea o funcionarios de los países de la Unión Europea

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL CONVENIO Y DEL ACTO?

El Convenio: • tiene por objeto asegurar que cada país de la Unión Europea (UE) adopte las medidas necesarias para…
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Creación de la Fiscalía Europea

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO:

Reglamento (UE) 2017/1939: establecimiento de una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE REGLAMENTO?

• Crea una fiscalía independiente y descentralizada de la Unión Europea (UE) con competencias para investigar, procesar y llevar a juicio los delitos contra los intereses financieros de la Unión.
• Establece un sistema de competencias compartidas entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales para abordar este tipo de casos.

PUNTOS CLAVE

Países participantes

El Reglamento que crea la Fiscalía Europea en el marco de una cooperación reforzada se aplica a veintidós países de la UE participantes: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia.

Los demás países de la UE pueden unirse en cualquier momento.

Ámbito de aplicación

• La Fiscalía Europea es una fiscalía independiente y descentralizada de la UE con la potestad de investigar, procesar y llevar a juicio (a través de los tribunales nacionales) los delitos contra el presupuesto de la UE, tales como el fraude (superior a 10 000 euros), la corrupción o el fraude en materia de IVA transfronterizo superior a 10 millones de euros.
• Los organismos de la UE existentes, como la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude), Eurojust (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal) y Europol (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial), carecen de la potestad de llevar adelante investigaciones penales y ejercer la acción penal. La Fiscalía Europea mantendrá una estrecha relación con estos organismos de la Unión basada en la cooperación mutua en el marco de sus respectivos mandatos.

Organización

La Fiscalía Europea se basa en dos niveles:

• El nivel central consiste en una oficina central situada en la sede de la Fiscalía Europea en Luxemburgo. El nivel central está integrado por el Fiscal General Europeo, sus dos adjuntos, los Fiscales Europeos (uno por cada país de la UE participante) y el Director Administrativo.
• El nivel descentralizado está integrado por los Fiscales Europeos Delegados establecidos en los países de la UE participantes.
Independencia
• El personal de la Fiscalía Europea actuará en interés de la UE en su conjunto y no debe pedir ni aceptar instrucciones de ninguna parte ajena.
• La Fiscalía Europea es estructuralmente independiente de cualquier otra institución o servicio de la UE.
• El Fiscal General Europeo es seleccionado al término de un procedimiento de convocatoria abierta y será nombrado por el Parlamento Europeo y el Consejo. La duración de su mandato es de siete años y no es renovable.
• El Fiscal General Europeo solamente puede ser destituido mediante una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a instancia del Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión.
• Los Fiscales Europeos Delegados deben ser totalmente independientes de las autoridades de la fiscalía nacional.

¿A partir de cuándo está en vigor el Reglamento?

Está en vigor desde el 20 de noviembre de 2017.

ANTECEDENTES

• Cooperación judicial (Comisión Europea),
• Fiscalía Europea (Comisión Europea).

DOCUMENTO PRINCIPAL

Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, pp. 1-71)

DOCUMENTOS CONEXOS

Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 28.7.2017, pp. 29-41)
Decisión (UE) 2018/1094 de la Comisión, de 1 de agosto de 2018, por la que se confirma la participación de los Países Bajos en la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 196 de 2.8.2018, pp. 1-2)
Decisión (UE) 2018/1103 de la Comisión, de 7 de agosto de 2018, por la que se confirma la participación de Malta en la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 201 de 8.8.2018, pp. 2-3)

última actualización 17.09.2018

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=legissum:4319113

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO:

Reglamento (UE) 2017/1939: establecimiento de una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE REGLAMENTO?

• Crea una fiscalía independiente y descentralizada de la Unión Europea (UE) con competencias para investigar, procesar y llevar a juicio los delitos contra los intereses financieros de la Unión.
• Establece un sistema de competencias compartidas entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales para abordar este tipo de casos.

PUNTOS CLAVE

Países participantes

El Reglamento que crea la Fiscalía Europea en el marco de una cooperación reforzada se aplica a veintidós países de…

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Riesgos relativos a la contratación pública a escala regional y local

“La contratación pública a escala regional y local plantea problemas específicos ante los que las autoridades locales gozan de poderes discrecionales que no se compensan con los suficientes controles y equilibrios: se asignan porcentajes significativos de fondos públicos a este nivel, al mismo tiempo que los mecanismos de control interno y externo son débiles. En los países en convergencia, donde una parte muy sustancial de la inversión pública es cofinanciada por los Fondos Estructurales, estos riesgos se mitigan con los requisitos de gestión y control de los fondos. No obstante, su aplicación efectiva supone un auténtico reto.

En unos pocos Estados miembros, los mecanismos de control han puesto de manifiesto casos en que funcionarios se sirvieron de recursos de la administración local para concluir transacciones con empresas vinculadas a ellos. En algunos municipios y regiones, se consolidaron redes «clientelares» en torno a pequeños grupos de interés. En la mayoría de los casos se trata de acusaciones o denuncias de financiación ilegal de los partidos, enriquecimiento personal ilícito, desvío de fondos nacionales o de la UE, favoritismo y conflictos de intereses. En algunos Estados miembros, se han dado casos en los que algunos jefes de la delincuencia organizada a nivel municipal han creado sus propios partidos políticos o se han infiltrado en los consistorios municipales para influir en los servicios coercitivos o judiciales y amañar las licitaciones públicas. Para abordar este riesgo, algunos municipios han aplicado medidas de lucha contra la corrupción, como el establecimiento de sistemas de gestión y de control financiero interno.

La construcción relacionada con el desarrollo urbanístico, así como la gestión de residuos, figuran entre los sectores más propensos a la corrupción a nivel local. Los casos de corrupción de alto nivel con participación de funcionarios regionales y locales en algunos Estados miembros han puesto de manifiesto que, a veces, las decisiones de recalificación se adoptaron bajo presión de los promotores locales en relación con futuros contratos de construcción40.

En algunos Estados miembros, las administraciones locales han elaborado o están elaborando sus propios planes de integridad o de lucha contra la corrupción. Aunque algunos de ellos son una mera formalidad o se aplican desigualmente, por lo que es difícil medir su impacto real, otros han sido pioneros en el desarrollo de modelos que funcionan en la práctica. En algunos Estados miembros, los poderes adjudicadores están obligados a desarrollar sus propios planes de integridad y a evaluar los riesgos de corrupción.

En algunos casos, las iniciativas de la sociedad civil han tenido un efecto beneficioso sobre la responsabilidad de las administraciones locales en lo que respecta a la transparencia del gasto público”.

Iniciativa de gobierno local abierto — Eslovaquia

“En el marco de la supervisión exterior del gasto público, la iniciativa de gobierno local abierto de Eslovaquia clasifica a 100 ciudades eslovacas con arreglo a una serie de criterios basados en la transparencia en la contratación pública, el acceso a la información, la disponibilidad de datos de interés público, la participación pública, la ética profesional y los conflictos de intereses. El proyecto está dirigido por Transparencia Internacional. Puede encontrarse más información en el capítulo de Eslovaquia”.

Directrices para la prevención de la corrupción en la contratación pública a nivel local — Alemania

“Un folleto sobre la prevención de la corrupción en la contratación pública, acordado por la Asociación alemana de ciudades y municipios con la Asociación federal de pequeñas y medianas empresas de la construcción, proporciona una visión general de las medidas preventivas contra la corrupción en la contratación pública en las ciudades y municipios. Entre ellas destacan: sensibilización y códigos de conducta; rotación del personal; estricta observancia de la norma de «doble comprobación»; normativa clara sobre el patrocinio y la prohibición de aceptar donaciones; establecimiento de autoridades centrales de licitación y adjudicación; descripción precisa de la oferta y control de las estimaciones; organización de los procedimientos de licitación, incluida la confidencialidad de las ofertas y la prevención de la manipulación tardía de las ofertas; mayor uso de la contratación electrónica; documentación de la adjudicación y control minucioso por parte de los organismos supervisores; exclusión de las empresas declaradas culpables de delitos de corrupción y establecimiento de listas negras o registros de la corrupción”.

[INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO, Bruselas, 3.2.2014, COM(2014) 38]

“La contratación pública a escala regional y local plantea problemas específicos ante los que las autoridades locales gozan de poderes discrecionales que no se compensan con los suficientes controles y equilibrios: se asignan porcentajes significativos de fondos públicos a este nivel, al mismo tiempo que los mecanismos de control interno y externo son débiles. En los países en convergencia, donde una parte muy sustancial de la inversión pública es cofinanciada por los Fondos Estructurales, estos riesgos se mitigan con los requisitos de gestión y control de los fondos. No obstante, su aplicación efectiva supone un auténtico reto.

En unos pocos…

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Zonas de riesgo y tendencias de la corrupción

“A juzgar por los procesamientos por corrupción en la contratación pública en los Estados miembros, los problemas más frecuentes son: redacción de especificaciones a la medida para favorecer a determinados licitadores; división de las licitaciones públicas en licitaciones más pequeñas para evitar los procedimientos competitivos; conflictos de intereses que afectan a diversas etapas de los procedimientos y que atañen no solo a los funcionarios responsables de la contratación pública, sino también a niveles más altos de los poderes adjudicadores; criterios de selección desproporcionados e injustificados; exclusión injustificada de licitadores; uso injustificado de procedimientos de emergencia; análisis inadecuado de las situaciones en las que los precios ofertados eran demasiado bajos; confianza excesiva en el precio más bajo como el criterio más importante en detrimento de los criterios relativos a la calidad de las prestaciones y la capacidad de prestación; excepciones injustificadas a la obligación de publicar la licitación. Aparte del procedimiento de contratación pública, las auditorías han apuntado en muchos casos riesgos relacionados con la fase posterior a la adjudicación, donde también pueden darse sobornos y, por ejemplo, la calidad de las prestaciones se ve comprometida intencionadamente. Otras tendencias de la corrupción con posterioridad a la adjudicación incluyen la justificación insuficiente de modificaciones de los contratos públicos y la modificación posterior de contratos que alteran el pliego de condiciones y elevan el presupuesto.

Un estudio de 2013 sobre la detección y reducción de la corrupción en la contratación pública en la UE identificó cuatro tipos principales de prácticas irregulares en relación con 96 casos en los que la presunción de corrupción ya se ha confirmado en sentencias definitivas, o en los que existen serios indicios de prácticas corruptas. Estas prácticas consisten en: 1) licitación fraudulenta (en forma de supresión de ofertas, ofertas complementarias, rotación de ofertas y subcontratación), cuando se «promete» el contrato a un contratista con o sin el consentimiento de funcionarios públicos; 2) soborno, cuando el funcionario público solicita o acepta un soborno que se contabilizará en el procedimiento de licitación, incluidos los procedimientos administrativos; 3) conflicto de intereses; 4) otras irregularidades, incluida la mala gestión o la negligencia dolosas, cuando los funcionarios públicos no realizan los controles adecuados o no siguen los procedimientos previstos y toleran o ignoran la manifiesta mala gestión dolosa por parte de los contratistas.

Si bien el uso de los procedimientos negociados y de adjudicación directa está justificado en determinadas circunstancias, hay casos en los que se hace con el fin de eludir las obligaciones del procedimiento abierto a la competencia. En algunos Estados miembros, el uso de procedimientos no competitivos es considerablemente superior a la media de la UE. La utilización injustificada de los procedimientos negociados también aumenta el riesgo de prácticas corruptas. Con vistas a contrarrestar el riesgo de una utilización abusiva de los procedimientos negociados o de adjudicación directa, algunos Estados miembros contemplan la obligación legal de notificación previa del procedimiento negociado sin publicación de anuncio a los órganos de supervisión y revisión de la contratación pública.

Construcción, energía, transporte, defensa y sanidad son los sectores más vulnerables a la corrupción en la contratación pública.

En varios Estados miembros donde se han presentado denuncias por financiación ilegal de los partidos políticos, se dan casos en los que dicha financiación se concedió presuntamente a cambio de decisiones beneficiosas en materia de adjudicación de contratos públicos. En otros casos, las denuncias se referían a la existencia de vínculos demasiado estrechos entre empresas y responsables políticos a nivel central o local que fomentaron las presuntas prácticas corruptas relacionadas con la adjudicación de contratos públicos” [INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO, Bruselas, 3.2.2014, COM(2014) 38].

“A juzgar por los procesamientos por corrupción en la contratación pública en los Estados miembros, los problemas más frecuentes son: redacción de especificaciones a la medida para favorecer a determinados licitadores; división de las licitaciones públicas en licitaciones más pequeñas para evitar los procedimientos competitivos; conflictos de intereses que afectan a diversas etapas de los procedimientos y que atañen no solo a los funcionarios responsables de la contratación pública, sino también a niveles más altos de los poderes adjudicadores; criterios de selección desproporcionados e injustificados; exclusión injustificada de licitadores; uso injustificado de procedimientos de emergencia; análisis inadecuado de las situaciones…

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Control de la correcta aplicación de las normas de contratación pública de la UE

“En cumplimiento de su función de guardiana de los Tratados, en los casos de posible vulneración de las normas europeas de contratación pública, la Comisión actúa por denuncia o por iniciativa propia. A este respecto, la Comisión se esfuerza por garantizar el cumplimiento de las normas de contratación pública, independientemente de las razones de su infracción, de que la infracción se haya cometido deliberadamente o sea el resultado de un conocimiento insuficiente o de errores.

Por regla general, la Comisión no investiga si una infracción de las normas de contratación pública de la UE podría deberse a la corrupción, puesto que es competencia de los Estados miembros. No obstante, los procedimientos de infracción31 se refieren a menudo a irregularidades que revelan puntos débiles en la aplicación de las normas de contratación pública y que son también muy pertinentes a la hora de evaluar la eficacia de los mecanismos de control y prevención de la corrupción.

La revisión anual de la Comisión de la contratación pública en 2012 señaló 97 casos de infracción pendientes por aplicación incorrecta de las normas de contratación pública, más de la mitad de los cuales solo afectan a tres Estados miembros. La mayoría de estos asuntos se referían a denuncias de utilización injustificada del procedimiento negociado sin publicación previa, discriminación, adjudicaciones directas, falta de transparencia, modificación injustificada del contrato, aplicación incorrecta de las normas internas o infracción de los principios generales del Tratado.

A juzgar por el tipo de casos en los que la Comisión incoa procedimientos de infracción por presunta vulneración de las normas de la UE sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, suministros y servicios, el procedimiento negociado sin publicidad es el tipo de procedimiento donde más irregularidades se cometen.

La mayor parte de los casos de aplicación incorrecta se refieren al sector de infraestructuras, seguido de las aguas residuales y residuos, contratación de servicios de TI, ferrocarriles, sanidad y energía” [INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO, Bruselas, 3.2.2014, COM(2014) 38].

“En cumplimiento de su función de guardiana de los Tratados, en los casos de posible vulneración de las normas europeas de contratación pública, la Comisión actúa por denuncia o por iniciativa propia. A este respecto, la Comisión se esfuerza por garantizar el cumplimiento de las normas de contratación pública, independientemente de las razones de su infracción, de que la infracción se haya cometido deliberadamente o sea el resultado de un conocimiento insuficiente o de errores.

Por regla general, la Comisión no investiga si una infracción de las normas de contratación pública de la UE podría deberse a la corrupción, puesto…

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Pertinencia de las políticas de lucha contra la corrupción en la contratación pública

“Dado el nivel de los flujos financieros generados y otros factores, la contratación pública es un ámbito expuesto a las prácticas de corrupción. Según una investigación de 2008 sobre contratación pública y corrupción, los costes adicionales de un contrato como consecuencia de las prácticas de corrupción pueden ascender al 20 %-25 %, y en algunos casos incluso el 50 %, del coste total del contrato. Como señala la OCDE en sus Principios de integridad en la contratación pública, «la gobernanza deficiente de la contratación pública supone un obstáculo para la competencia del mercado e incrementa el precio pagado por la administración por bienes y servicios, lo cual tiene un impacto directo en el gasto público y, por lo tanto, en los recursos de los contribuyentes. Los intereses financieros en juego y la estrecha interacción entre los sectores público y privado hacen de la contratación pública un ámbito de riesgo importante. [...]».

Un estudio de 2013 sobre la detección y reducción de la corrupción en la contratación pública en la UE concluyó que, en 2010, los costes directos totales de la corrupción en la contratación pública de solo cinco sectores (carreteras y ferrocarriles; agua y residuos; construcción y equipamientos; formación e investigación y desarrollo) en ocho Estados miembros oscilaron entre 1400 millones EUR y 2200 millones EUR.

Las evaluaciones nacionales de este informe señalan la contratación pública como uno de los sectores más vulnerables a la corrupción, como ilustra también una serie de casos de corrupción de alto nivel en los que están involucrados uno o más países. Dado que el nivel de riesgo de corrupción en el proceso de contratación pública es bastante alto, las garantías contra la corrupción y el fraude en la contratación pública constituyen una prioridad para los Estados miembros y para las instituciones de la UE.

Las deficiencias en la prevención y represión de la corrupción en la contratación pública afectan negativamente a la gestión de los fondos nacionales y de la UE” [INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO, Bruselas, 3.2.2014, COM(2014) 38].

“Dado el nivel de los flujos financieros generados y otros factores, la contratación pública es un ámbito expuesto a las prácticas de corrupción. Según una investigación de 2008 sobre contratación pública y corrupción, los costes adicionales de un contrato como consecuencia de las prácticas de corrupción pueden ascender al 20 %-25 %, y en algunos casos incluso el 50 %, del coste total del contrato. Como señala la OCDE en sus Principios de integridad en la contratación pública, «la gobernanza deficiente de la contratación pública supone un obstáculo para la competencia del mercado e incrementa el precio pagado por la…

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Sectores vulnerables seleccionados

“En varios Estados miembros, el análisis ha puesto de relieve algunos sectores que parecen especialmente vulnerables a la corrupción, por lo que requieren respuestas concretas.

El desarrollo urbanístico y la construcción son sectores en general muy vulnerables a la corrupción en la UE. Se señala en el informe que son especialmente propensos a la corrupción en algunos Estados miembros en los que se han investigado y juzgado muchos casos de corrupción en estos últimos años. En respuesta a los riesgos en este ámbito, un Estado miembro ha creado una fiscalía especializada en la lucha contra la delincuencia medioambiental y urbanística, que abarca una amplia gama de delitos, incluida la corrupción.

La planificación medioambiental se ha señalado como un sector vulnerable a la corrupción en un Estado miembro donde la concesión de licencias de planificación, especialmente los proyectos a gran escala, se ha visto afectada por acusaciones de corrupción y la financiación ilegal de los partidos.

La sanidad, otro sector vulnerable a la corrupción en general, sobre todo en lo que respecta a la contratación y la industria farmacéutica, se ha evaluado con más detalle en una serie de Estados miembros. Estos países están desarrollando actualmente estrategias y reformas para luchar contra la corrupción en la sanidad. Sin embargo, hasta ahora son escasos los resultados tangibles. Los pagos informales y la corrupción en la contratación pública y en el sector farmacéutico siguen siendo motivo de preocupación.

La corrupción en la administración fiscal, que fue señalada como un problema grave en un Estado miembro, requiere una respuesta estratégica.

En conjunto, la mayoría de los Estados miembros carecen de mecanismos de evaluación de riesgos coherentes o de estrategias sectoriales específicas para hacer frente a la corrupción en los sectores vulnerables” [INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO, Bruselas, 3.2.2014, COM(2014) 38].

“En varios Estados miembros, el análisis ha puesto de relieve algunos sectores que parecen especialmente vulnerables a la corrupción, por lo que requieren respuestas concretas.

El desarrollo urbanístico y la construcción son sectores en general muy vulnerables a la corrupción en la UE. Se señala en el informe que son especialmente propensos a la corrupción en algunos Estados miembros en los que se han investigado y juzgado muchos casos de corrupción en estos últimos años. En respuesta a los riesgos en este ámbito, un Estado miembro ha creado una fiscalía especializada en la lucha contra la delincuencia medioambiental y urbanística,…

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Normas en materia de conflictos de intereses

“Los conflictos de intereses ponen de manifiesto una situación en la que los funcionarios públicos actúan, o pretenden actuar o crean la apariencia de actuar en beneficio de un interés particular. Los conflictos de intereses se han incluido en el ámbito de aplicación de una amplia gama de instrumentos de lucha contra la corrupción y mecanismos de revisión, incluidos los de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (UNCAC), el GRECO y la OCDE.

Los reglamentos y sanciones aplicables a los conflictos de intereses varían en la UE. Algunos Estados miembros disponen de legislación específica que cubre una amplia gama de cargos públicos electos y designados, así como los organismos especializados encargadas de llevar a cabo los controles. El nivel de control varía de un Estado miembro a otro: algunos tienen organismos independientes que controlan los conflictos de intereses, pero la capacidad de resolver estas situaciones a escala nacional es limitada y el seguimiento de sus decisiones es insuficiente; otros tienen una comisión ética encargada de tales verificaciones y que informa al Parlamento; los controles de los parlamentarios han sido realizados en algunos casos por una comisión parlamentaria o, en otros, por una comisión encargada de efectuar controles de los conflictos de intereses y las declaraciones de patrimonio, si bien a menudo con una capacidad y unas facultades sancionadoras limitadas. Las verificaciones sustanciales son a menudo formales y se limitan fundamentalmente a controles administrativos. La capacidad de control y las herramientas necesarias para llevar a cabo controles sustanciales son a menudo insuficientes.

En todos los ámbitos plantean dificultades especiales las escasas e indulgentes sanciones aplicables a los cargos electos. Cuando regulan los conflictos de intereses, los códigos de conducta de las diversas asambleas elegidas no suelen estar acompañados de sanciones disuasorias. La disciplina y el autocontrol de los partidos pueden no ser lo bastante eficaces a este respecto. Además, la cancelación de los contratos y procedimientos concluidos o celebrados en situación de conflicto de intereses, o la recuperación de los daños estimados, a menudo se remiten al Derecho civil general y no se aplican efectivamente.

Los conflictos de intereses en el proceso de toma de decisiones, asignación de fondos públicos y contratación pública, sobre todo en el nivel local, son recurrentes en muchos Estados miembros. El presente informe analiza los retos particulares en este sentido, a escala regional y local, en aquellos Estados miembros donde estos problemas parecen ser más graves. Hay diferencia (a menudo grande) entre las administraciones regionales y locales, y falta un planteamiento coherente para imponer normas mínimas y sensibilizar a este respecto. Los conflictos de intereses, por regla general, no están tipificados como delitos en los Estados miembros de la UE. En un Estado miembro, los conflictos de intereses están penalizados, aunque no existe aún un registro de procesamientos. Algunas formas de conflictos de intereses (el interés ilegal en una actividad que los funcionarios públicos gestionan o supervisan) están también tipificadas como delitos en otro Estado miembro.

La movilidad laboral entre los sectores público y privado es esencial para el funcionamiento de una sociedad moderna y puede aportar importantes beneficios al sector público y privado. Ello implica, sin embargo, un riesgo potencial de que antiguos funcionarios públicos revelen información sobre sus funciones anteriores que no debía hacerse pública, y que antiguo personal del sector privado asuma funciones públicas que den lugar a conflictos de intereses con respecto a su antiguo empleador. Esta situación se aborda expresamente solo en algunos Estados miembros, y su aplicación es a menudo frágil” [INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO, Bruselas, 3.2.2014, COM(2014) 38].

“Los conflictos de intereses ponen de manifiesto una situación en la que los funcionarios públicos actúan, o pretenden actuar o crean la apariencia de actuar en beneficio de un interés particular. Los conflictos de intereses se han incluido en el ámbito de aplicación de una amplia gama de instrumentos de lucha contra la corrupción y mecanismos de revisión, incluidos los de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (UNCAC), el GRECO y la OCDE.

Los reglamentos y sanciones aplicables a los conflictos de intereses varían en la UE. Algunos Estados miembros disponen de legislación específica que cubre una…

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Sugerencias varias

-Modificación de la Ley 2/2016 para que proteja verdaderamente al empleado público denunciante.
-Limitar la figura de libre designación a la mínima expresión (de directores generales para arriba).
-Regulación estricta de las "puertas giratorias".
-Clausura de los chiringuitos de la administración B.
-Organos de Control Externo: dotación de personal empleado público y cuyos informes sean vinculantes.

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Lucha contra el fraude y la corrupción desde la UE

"El fraude y la corrupción suponen una grave amenaza para la seguridad y los intereses financieros de la Unión Europea (UE). Las instituciones de la UE tienen como prioridad proteger estos intereses, tanto para dar el mejor uso posible al dinero de los contribuyentes, como para luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo, para los que la corrupción es un terreno fértil.

La base jurídica para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE es el Artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el cual encomienda a la UE y a sus países miembros la tarea de proteger el presupuesto de la UE.

A nivel de la UE, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF):

• lleva a cabo investigaciones administrativas independientes sobre el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que implique fondos o ingresos de la UE, con el fin de garantizar que el dinero de los contribuyentes de la UE llegue a proyectos que puedan ayudar a crear puestos de trabajo y a promover el crecimiento en Europa,
• investiga las faltas graves cometidas por el personal de la UE y los miembros de las instituciones de la UE, contribuyendo así a reforzar la confianza de los ciudadanos en dichas instituciones, y
• desarrolla las políticas de la UE contra el fraude en su calidad de Comisión.

Una vez que se haya creado la Fiscalía Europea de acuerdo con el Reglamento 2017/1939, será el primer órgano de la UE con derecho a llevar a cabo investigaciones penales y a perseguir el fraude y la corrupción que afecte a los intereses financieros de la UE.

La Comisión Europea, a través de su Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (DG HOME), combate la corrupción tanto a nivel de la UE como a nivel internacional.

La corrupción crea inseguridad en las empresas, reduce los niveles de inversión e impide que el mercado único funcione correctamente. Y, sobre todo, socava la confianza en los gobiernos, las instituciones públicas y la democracia en general.

Las instituciones de la UE tienen como objetivo:

• racionalizar y modernizar la normativa contra la corrupción,
• hacer un seguimiento de la evolución de la lucha contra la corrupción en los países de la UE como parte del Semestre Europeo y
• apoyar la aplicación de medidas nacionales de lucha contra la corrupción a través de la financiación, la asistencia técnica y el intercambio de experiencias.

El Artículo 83, apartado 1, del TFUE reconoce la corrupción como un «delito contra Europa» y la incluye entre los delitos transfronterizos de especial gravedad".

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/fight_against_fraud.html?root_default=SUM_1_CODED%3D22&locale=es

"El fraude y la corrupción suponen una grave amenaza para la seguridad y los intereses financieros de la Unión Europea (UE). Las instituciones de la UE tienen como prioridad proteger estos intereses, tanto para dar el mejor uso posible al dinero de los contribuyentes, como para luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo, para los que la corrupción es un terreno fértil.

La base jurídica para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE es el Artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el cual…

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Estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión Europea

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO:

Comunicación [COM(2011) 376 final]: estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA?

• Su objetivo es modernizar las políticas de la Unión Europea con el fin de permitir que la Comisión Europea luche contra el fraude contra el presupuesto de la UE de manera más eficaz.
PUNTOS CLAVE
• La estrategia tiene por objeto reforzar la protección de los intereses financieros de la UE mejorando todo el ciclo de la lucha contra el fraude. Por tanto, abarca la prevención y la detección, así como las investigaciones, las sanciones y la recuperación de los fondos apropiados indebidamente.
• Los países de la UE gestionan casi todos los ingresos del presupuesto de la UE. Junto con la Comisión, comparten la gestión del 80 % de los gastos, mientras que el 20 % restante es gestionado directamente por los propios departamentos de la Comisión o junto con otros socios.
Prevención y detección
• Todas las entidades que gestionan fondos de la UE deben prevenir irregularidades y fraudes en detrimento del presupuesto de la UE. La Comisión, los países de la UE y otros socios (como las autoridades regionales o las agencias de desarrollo) están obligados a establecer procedimientos de gestión y control interno destinados a prevenir y detectar irregularidades, errores y fraudes.
• Dado que las responsabilidades de las distintas partes varían según la forma de gestión y el ámbito político, los departamentos de la Comisión deben adoptar estrategias sectoriales de lucha contra el fraude. Estas estrategias deben adaptar al contexto específico de cada sector la prevención, la investigación, la recuperación y las sanciones.
• La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) debe ser proactiva y ayudar a la Comisión a aplicar estas estrategias sectoriales de lucha contra el fraude, así como mejorar la evaluación de los riesgos de fraude.
• La comunicación entre los departamentos de la Comisión debe reforzarse mediante unos sistemas de intercambio de información más amplios y un sistema de detección temprana y exclusión, que sucedió al sistema interno de alerta rápida original.
• El personal de la Comisión, ya sean gestores de proyecto, personal financiero o auditores, debe estar sensibilizado acerca de los riesgos de fraude y contar con la formación necesaria para combatirlo.
Investigaciones
• La OLAF debe investigar toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE. La Comisión presentó una propuesta para reformar la OLAF, concebida para que estas investigaciones sean más eficaces y que dio lugar al Reglamento (UE, Euratom) no 883/2013.
• Debe reforzarse la cooperación entre la OLAF y otros departamentos de la Comisión, en particular los auditores externos, al igual que la cooperación entre la OLAF y los servicios de investigación de otras instituciones en caso de una investigación interna. Los países de la UE deben designar puntos de contacto que sirvan de vínculo directo con la OLAF en las investigaciones, e informar a la oficina tan pronto como descubran un fraude. Los contratistas y beneficiarios de los fondos de la UE deben proporcionar a la OLAF acceso a toda la información sobre la ejecución de los programas y proyectos.
• Asimismo, la Comisión tiene la intención de examinar de qué manera se podría animar a más gente a compartir información sobre irregularidades y fraude, y de qué manera las autoridades en cuestión podrían garantizar que los informantes recibieran una mejor orientación y protección.
Sanciones
• La Comisión actualizará y reforzará el uso de sanciones financieras o administrativas, incluida la exclusión de la financiación de la UE en caso de irregularidades graves, fraude y corrupción.
• Comprobará, asimismo, que las sanciones aplicadas por los países de la UE sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. Considera que las sanciones disciplinarias deberían compartirse con otras instituciones europeas, autoridades nacionales y organizaciones internacionales. Además, anima a los países de la UE a comunicar a la base de datos central de la Comisión los casos de fraude que puedan dar lugar a la exclusión de la financiación de la UE.

Recuperación

• En el caso de la gestión compartida, los países deben recuperar los fondos que no deberían haberse pagado. En la gestión directa, los servicios de la Comisión son los responsables y deben emitir órdenes de recuperación lo antes posible.

ANTECEDENTES

La presente estrategia de lucha contra el fraude forma parte de un enfoque global para combatir el fraude y la corrupción. Complementa las iniciativas de la Comisión, como la reforma de la OLAF, la comunicación sobre la protección de los intereses financieros de la UE a través del Derecho penal y de las investigaciones administrativas y la comunicación sobre la lucha contra la corrupción.

Para obtener más información, véase:

• Política de lucha contra el fraude en el sitio web de la Comisión Europea.

DOCUMENTO PRINCIPAL

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones y al Tribunal de Cuentas sobre la estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión [COM(2011) 376 final de 24.6.2011].

DOCUMENTOS CONEXOS

Reglamento (UE, Euratom) no 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) no 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1-22).

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea a través del Derecho penal y de las investigaciones administrativas: Una política integrada para salvaguardar el dinero de los contribuyentes [COM(2011) 293 final de 26.5.2011].

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo – Lucha contra la corrupción en la UE [COM (2011) 308 final de 6.6.2011].

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Tribunal de Cuentas Europeo – Prevención del fraude mediante el empleo de resultados operativos: un enfoque dinámico del blindaje contra el fraude [COM(2007) 806 final de 17.12.2007].

Comunicación de la Comisión sobre blindaje de la legislación y de la gestión de los contratos contra el fraude [SEC(2001) 2029 final de 7.11.2001].

Comunicación de la Comisión – Protección de los intereses financieros de las Comunidades – Lucha contra el fraude: Por un enfoque estratégico global [COM(2000) 358 final de 28.6.2000]
última actualización 12.09.2016

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=legissum:lf0005

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO:

Comunicación [COM(2011) 376 final]: estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA?

• Su objetivo es modernizar las políticas de la Unión Europea con el fin de permitir que la Comisión Europea luche contra el fraude contra el presupuesto de la UE de manera más eficaz.
PUNTOS CLAVE
• La estrategia tiene por objeto reforzar la protección de los intereses financieros de la UE mejorando todo el ciclo de la lucha contra el fraude. Por tanto, abarca la prevención y la detección, así como las investigaciones, las sanciones y…

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INFORME SOBRE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA UE

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO

INFORME SOBRE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA UE

Bruselas, 3.2.2014
COM(2014) 38

Eficacia de los organismos de lucha contra la corrupción

“Compete exclusivamente a los Estados miembros decidir qué estructuras institucionales para luchar contra la corrupción exige su contexto nacional, en función del grado y la naturaleza de la corrupción en el país, el marco jurídico y constitucional, las tradiciones, el vínculo con otras políticas nacionales, el marco institucional global, etc.

Varios Estados miembros disponen de organismos centrales de lucha contra la corrupción que combinan prevención y represión, mientras que otros tienen organismos específicos de prevención de la corrupción, algunos de los cuales también están habilitados para ocuparse de la verificación del patrimonio, los conflictos de intereses, las incompatibilidades y, en algunos casos, la financiación de los partidos políticos. Algunos otros países han dedicado los servicios policiales o el Ministerio Público a la lucha contra la corrupción.

Ahora se reconoce, en general, que la creación de organismos especializados de lucha contra la corrupción, centrados en la prevención o la represión, o en ambas cosas, no es la panacea. Los resultados conseguidos varían. Sin embargo, los análisis nacionales de este informe muestran que algunos de estos organismos han liderado eficazmente las reformas de lucha contra la corrupción en su país.

Los logros de algunos organismos de lucha contra la corrupción han sido más sostenibles que otros. Entre los factores que afectan a su éxito (temporal o a largo plazo) figuran: las garantías de independencia y la ausencia de interferencias políticas, la selección y promoción del personal basada en el mérito, la colaboración pluridisciplinar entre equipos operativos y con otras instituciones, el rápido acceso a las bases de datos e información y el suministro de los recursos y cualificaciones necesarios. Estos elementos no aparecen sistemáticamente en todos los Estados miembros.

En algunos Estados miembros, los organismos de lucha contra la corrupción que investigan a los políticos sufren posteriormente presiones directas o indirectas. Esas presiones incluyen declaraciones públicas u otros ataques a la legitimidad de su actuación o a los poderes y competencias institucionales. Es importante ofrecer las garantías necesarias para que estos organismos de lucha contra la corrupción continúen llevando a cabo sus tareas sin presiones indebidas”.

“La fiscalía anticorrupción española tiene un sólido historial de investigaciones y actuaciones procesales, incluso en casos de alto nivel con denuncias de mecanismos complejos de financiación ilegal de los partidos. La Oficina de lucha contra el fraude de Cataluña, organismo regional de lucha contra la corrupción, especializado en la prevención e investigación de la corrupción y el fraude, es único en su género en España. A fin de prevenir e investigar el uso indebido de fondos públicos, tiene asimismo el cometido de orientar a otras entidades”.

Riesgos de corrupción a nivel regional y local

“Los riesgos de corrupción resultan ser más elevados en los niveles local y regional, donde los controles y equilibrios y las auditorías internas tienden a ser más débiles que a nivel central. Existen notables variaciones dentro de algunos Estados miembros en lo que se refiere a la buena gobernanza y la eficacia de las políticas de lucha contra la corrupción.

En muchos Estados miembros, a los amplios poderes discrecionales de las administraciones regionales o locales (que también gestionan recursos considerables) no corresponde un nivel de responsabilidad equivalente y faltan mecanismos de control. Los conflictos de intereses plantean problemas particulares a nivel local. Son necesarios más esfuerzos para difundir las buenas prácticas de algunas administraciones regionales o locales y garantizar la igualdad de trato de los cargos electos y designados a nivel local, especialmente en lo que se refiere a las normas sobre transparencia, declaración del patrimonio, prevención y sanción de los conflictos de intereses, así como el control del gasto público.

Como aspecto positivo, se han observado prácticas preventivas eficaces a escala local o regional. En uno de los Estados miembros, se ha creado una red de más de 200 administraciones regionales, municipales y provinciales que trabajan conjuntamente para prevenir la corrupción y la infiltración de la mafia en las estructuras públicas”.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_es.pdf

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO

INFORME SOBRE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA UE

Bruselas, 3.2.2014
COM(2014) 38

Eficacia de los organismos de lucha contra la corrupción

“Compete exclusivamente a los Estados miembros decidir qué estructuras institucionales para luchar contra la corrupción exige su contexto nacional, en función del grado y la naturaleza de la corrupción en el país, el marco jurídico y constitucional, las tradiciones, el vínculo con otras políticas nacionales, el marco institucional global, etc.

Varios Estados miembros disponen de organismos centrales de lucha contra la corrupción que combinan prevención y represión,…

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Lucha contra la corrupción en la UE

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO:

Comunicación COM(2011) 308 sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTA COMUNICACIÓN?

• Anuncia que se publicará un informe anticorrupción de la Unión Europea (UE) cada dos años. Utilizando datos de diferentes fuentes, el informe tiene por objeto identificar tendencias y deficiencias que deben solucionarse para luchar mejor contra la corrupción.
• Insta a los países de la UE a que hagan uso de los instrumentos existentes para abordar la corrupción, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Convenio Civil del Consejo de Europa sobre la Corrupción. Asimismo, insta a los países de la UE a que incorporen de forma adecuada la legislación europea en materia de corrupción a su legislación nacional.
• Establece el refuerzo de la cooperación entre la UE y organizaciones internacionales, como el Consejo de Europa, a través de la participación de la UE en su Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).
• Subraya la importancia de hacer de la lucha contra la corrupción un elemento clave en todas las políticas de la UE, tanto internas como externas. A escala interna, las medidas incluyen el refuerzo de la cooperación policial y judicial y la modernización de las normas sobre la confiscación de los productos del delito. A nivel externo, la Comisión seguirá supervisando las políticas contra la corrupción de los países que soliciten su ingreso en la UE y estableciendo las medidas contra la corrupción como una condición para la concesión de las ayudas al desarrollo.
Informe anticorrupción
• En sus veintiocho capítulos (uno por país), el primer informe anticorrupción de la UE, publicado en febrero de 2014, muestra que existen disparidades entre los países de la UE tanto en el tipo como en el nivel de la corrupción. Dedica un capítulo a la vulnerabilidad de la contratación pública* frente a la corrupción, un problema que exige especial atención.
• Cada capítulo nacional destaca tendencias y problemas de corrupción, reconoce las buenas prácticas y concluye con recomendaciones concretas.
• El informe también comparte los resultados de dos encuestas que evalúan la experiencia y percepción de la corrupción entre los ciudadanos y las empresas de la UE. En conjunto, el 76 % de los ciudadanos de la UE considera que la corrupción es un problema generalizado en su país.

ANTECEDENTES

La corrupción es una lacra que afecta a toda la UE y que provoca una amplia variedad de problemas económicos y sociales. A pesar de que ya existen instrumentos contra la corrupción, los países de la UE no han sido constantes a la hora de aplicarlos.

Para más información véase:

• Corrupción (Comisión Europea).

TÉRMINOS CLAVE

Contratación pública: la compra de bienes y servicios por parte de entes públicos, tales como la Administración central o administraciones locales. Cada año, el 20 % del PIB de la UE se gasta en contratos públicos.

DOCUMENTO PRINCIPAL

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo: Lucha contra la corrupción en la UE [COM(2011) 308 final de 6 de junio de 2011].

DOCUMENTOS CONEXOS

Informe de la Comisión al Consejo sobre las modalidades de participación de la Unión Europea en el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) [COM(2011) 307 final de 6 de junio de 2011].

Decisión de la Comisión, de 28 de septiembre de 2011, por la que se crea el Grupo de expertos en corrupción (DO C 286 de 30.9.2011, pp. 4-11).

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE [COM(2014) 38 final de 3 de febrero de 2014].

última actualización 02.01.2015

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:lf0004

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO:

Comunicación COM(2011) 308 sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTA COMUNICACIÓN?

• Anuncia que se publicará un informe anticorrupción de la Unión Europea (UE) cada dos años. Utilizando datos de diferentes fuentes, el informe tiene por objeto identificar tendencias y deficiencias que deben solucionarse para luchar mejor contra la corrupción.
• Insta a los países de la UE a que hagan uso de los instrumentos existentes para abordar la corrupción, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Convenio Civil del Consejo de Europa…

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(2019/11) Procedimiento para la elaboración de una ley que regule la Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunidad de Castilla y León. (Cerrado)

¿Qué opina sobre estos cuatro aspectos?

AGENCIAS ANTICORRUPCIÓN. CALIDAD DE SU DISEÑO NORMATIVO

Código de Lucha contra el Fraude y la Corrupción

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El nuevo delito de enriquecimiento ilícito

Potestades de la Agencia

Propuestas Junta de Personal de Funcionarios Servicios Centrales

Más interventores menos chitinguitos

Convenio contra la corrupción con la implicación de funcionarios

Creación de la Fiscalía Europea

Riesgos relativos a la contratación pública a escala regional y local

Zonas de riesgo y tendencias de la corrupción

Control de la correcta aplicación de las normas de contratación pública de la UE

Pertinencia de las políticas de lucha contra la corrupción en la contratación pública

Sectores vulnerables seleccionados

Normas en materia de conflictos de intereses

Sugerencias varias

Lucha contra el fraude y la corrupción desde la UE

Estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión Europea

INFORME SOBRE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA UE

Lucha contra la corrupción en la UE

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