Nueva Directiva europea para proteger a los denunciantes de corrupción
“La Comisión Europea ha aprobado la propuesta de una nueva Directiva para proteger a todos aquellos denunciantes que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea. Estas medidas establecen unos canales protegidos de denunciasy prohíbe cualquier represalia contra quienes se atrevan a sacar a la luz irregularidades en empresas privadas y organismos públicos.
“La nueva Directiva va a suponer un paso muy importante para que los ciudadanos de cualquiera de los países de la UE se sientan legalmente protegidos para denunciar aquellos casos de corrupción o actividades delictivas que puedan conocer. Y en España hemos de pasar del concepto chivato, demasiado vigente en el pasado, al de denunciante, como ciudadano cumplidor de sus deberes éticos y sociales” ha manifestado Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional España.
Los denunciantes, tal como destaca la Comisión, tienen un rol fundamental en la investigación y sanción de quienes incumplen las leyes, y también ayudan a los periodistas a obtener información indispensable para hacer su trabajo. Pese a su aportación social, los denunciantes sufren persecución laboral, daños en su reputación y problemas de salud. De acuerdo con la encuesta Global Business Ethics de 2016, un 36% de los trabajadores que hicieron públicas las irregularidades manifestaron haber sufrido algún tipo de represalia.
Los mecanismos incluyen el establecimiento de canales de denuncias, tanto dentro como fuera de las organizaciones, en los que estará garantizada la confidencialidad. Se considera un proceso de denuncias en tres niveles: primero, en las vías internas de la organización; si esto no funciona, a las autoridades competentes; y si no se toman medidas en este sentido o si hay peligros inminentes, entonces se prevé la utilización de los medios de comunicación.
“Es realmente importante que esta norma supranacional proteja tanto a los denunciantes del sector privado, como a los de las instituciones públicas, ya que tanto las empresas de más de 50 empleados o 10 millones de euros de ingresos, como las instituciones públicas regionales o locales con más de 10.000 habitantes, tendrán la obligación de establecer canales confidenciales de denuncias”, según señala Jesús Lizcano.
La propuesta de la Comisión considera la protección de los denunciantes que informen sobre asuntos relacionados con las compras públicas, los servicios financieros, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la seguridad del transporte, la protección ambiental, la seguridad nuclear, la seguridad alimentaria, la salud de los animales, la salud pública, la protección a los consumidores, la protección y la seguridad de los datos y sistemas de información, y las regulaciones tributarias e intereses financieros de la UE.
Por otra parte, las empresas y las instituciones públicas tendrán la obligación de responder a los informes de los denunciantes en un plazo máximo de tres meses desde que se hace la denuncia a través de los canales internos”.
Acceso a la propuesta de Directiva Europea
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA
Luis M.
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Luis M.
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“Uno de los cambios legislativos más radicales de los últimos tiempos para los Estados miembros de la Unión Europea, está a punto de convertirse en realidad. Se trata de la conocida como Directiva de protección de los denunciantes de corrupción, que recibirá dentro de diez días su aprobación definitiva por el comité de ministros de la UE, en concreto el próximo lunes 16 de septiembre de 2019. El instrumento de denuncias anónimas está ya plenamente operativo.
La Directiva de Protección de Denunciantes de la UE tendrá que ser transpuesta por los Estados miembros dentro de los dos años posteriores a su adopción, lo que supone un plazo que finalizará en septiembre de 2021. Para ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el Juez Presencia “la Directiva introducirá un cambio tan radical en la interpretación y aplicación de las leyes vigentes, casi tan importante como el que supuso la perspectiva de género en los ordenamientos jurídicos de los estados miembros de la Unión Europea”.
Como señala Fernando Presencia, “el cambio va a ser brutal” sobre todo en la manera de actuar frente a los denunciantes de corrupción. Para septiembre de 2021, todas las organizaciones con 250 o más empleados (incluida la administración pública) deben proporcionar un canal seguro para que los empleados y otras personas puedan formular denuncias anónimas. “Lo que se pretende con la Directiva es evitar que los denunciantes de corrupción sean represaliados” apunta el magistrado, para quien resulta insostenible la situación actual en los juzgados donde “los denunciantes ven archivadas sus denuncias por corrupción, sobre todo cuando el denunciado es un compañero (un juez o un fiscal). El sistema es tan perverso que en estos casos, después de archivar la denuncia, te condenan por calumnias por no haber probado la denuncia. Es de locos”.
La total ausencia en España de una normativa integral de protección de los denunciantes de corrupción y la inminente publicación de la Directiva sobre la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, aconseja la adaptación urgente de los mecanismos tradicionales de quejas y denuncias en la administración pública, y en particular en la administración de justicia bajo la competencia del Consejo General del Poder Judicial, para lo que ACODAP propone la reforma del Reglamento 1/1998, del Consejo General del Poder Judicial, de tramitación de quejas y denuncias relativas al funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, a fin de regular un «instrumento de denuncias anónimas dependiente de los juzgados decanos en todos los partidos judiciales de España…”.
DIARIO 16 – Por Roberta Biancarelli - 05/09/2019
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Luis M.
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La Directiva de Protección de Denunciantes de la UE tendrá que ser transpuesta por los Estados miembros dentro de los dos años posteriores a su adopción, lo que supone un plazo que finalizará en septiembre de 2021.