(2019/04) Procedimiento para la elaboración de un Decreto por el que se modifica el reglamento de urbanismo de Castilla y León en relación con la regulación de las actividades extractivas en suelo rústico. (Cerrado)

Trámite de Consulta Previa Pública en el Procedimiento de Elaboración de Normas

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 75.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en relación con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración de los proyectos o anteproyectos de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública.

Consulta pública en el procedimiento para la elaboración de un Decreto por el que se modifica el reglamento de urbanismo de Castilla y León en relación con la regulación de las actividades extractivas en suelo rústico.

 

1.      Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa:

Las Cortes de Castilla y León han aprobado la LEY 5/2019, de 19 de marzo, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.(Bocyl nº 59 de 26 de marzo de 2019)

La citada Ley 5/2019, modifica la Ley de Urbanismo de Castilla y León en relación con la regulación de las actividades extractivas en suelo rústico. Con carácter general, cualquier cambio en la Ley de Urbanismo provoca la necesidad de adaptar lo antes posible el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

 

2. Necesidad y oportunidad de su aprobación:

La Ley aprobada por las Cortes de Castilla y León señala en su disposición final primera que “en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, la Junta de Castilla y León adaptará el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León a lo dispuesto en la misma”.

 

3. Objetivos de la norma:

El objetivo de la norma se limita a trasladar al nivel reglamentario los cambios legales operados por la Ley aprobada por las Cortes de Castilla y León, y que se justifican en la exposición de motivos de la norma aprobada:

“La Ley 14/2007, de 30 de noviembre de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye en el artículo 70.6 competencia exclusiva en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, a su vez el artículo 71 establece las competencias de desarrollo normativo y de ejecución y en concreto el 71.1.10.º regula la competencia de desarrollo normativo y de ejecución del régimen minero y energético, incluidas las fuentes renovables de energía.

Por su gran incidencia en el sector de la minería, se ha de considerar la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.

Por otra parte, el vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en el artículo 13 regula el contenido del derecho de propiedad del suelo en situación rural estableciendo en su apartado 1. En el suelo en situación rural a que se refiere el artículo 21.2,a), las facultades del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.

Se entiende por lo tanto que el uso extractivo cabe en el suelo rural, siempre y cuando este se desarrolle vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.

Resultando que las actividades extractivas no se pueden, de un modo estricto, programar ni planificar urbanísticamente, pues dependen de importantes factores, se aboga por que la actividad minera requiera exclusivamente de trámites ambientales y urbanísticos que definan y prescriban su desarrollo de manera particularizada, caso a caso, determinando de esta forma su compatibilidad con el medio ambiente y el desarrollo urbanístico, mediante la previsión de actividad autorizable.

Dicho planteamiento está en consonancia con lo dispuesto en el artículo 122 de la propia Ley 22/1973, de 21 de julio de Minas; el cual fue introducido por la disposición adicional primera de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos para evitar prohibiciones genéricas en los instrumentos de ordenación.

En su virtud, y por cuanto respecta a las actividades extractivas, de rocas, minerales industriales y minerales metálicos se considera necesario modificar los artículos 23 y 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León en lo relativo a la definición de los usos excepcionales prohibidos en suelo rústico. La redacción actual, mediante un concepto amplio y general, prohíbe los usos que impliquen un riesgo relevante de erosión o deterioro ambiental; y no permite analizar de forma particularizada cada supuesto. Por ello, resulta procedente establecer una redacción que permita aplicar los mecanismos evaluadores y compensadores, previstos legalmente, como los que prescribe la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, y el RD 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, que pueda determinar, en cada supuesto, la compatibilidad del uso con todas las garantías.

La presente Ley está encaminada a promover la mejor compatibilidad de la protección urbanística en relación al desarrollo de las actividades extractivas”.

 

4. Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias:

A la vista del mandato de la disposición final primera de la Ley aprobada por las Cortes de Castilla y León, no existen más alternativas que la de modificar el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para adaptarlo a los cambios legales operados.

 

Fecha de publicación 26 de marzo de 2019


El plazo para realizar aportaciones a esta consulta previa finalizó a las 14:00 horas del 5 de abril de 2019.

¿Qué opina sobre estos cuatro aspectos?

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  1. El derecho minero no es un derecho absoluto. Está condicionado por el derecho al medio ambiente.

    Adjuntamos argumentos a considerar para templar las ansias de uno de los mayores grupos de presión de esta Comunidad, esperando la derogación de esta aberrante reforma legal en la próxima legislatura.

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  2. La Ley de Minas no impide que el plan urbanístico establezca prohibiciones a las actividades mineras, siempre que las motive adecuadame

    Ley minas Artículo 122.
    “Cualquier prohibición contenida en los instrumentos de ordenación sobre actividades incluidas en la Ley de Minas deberá ser motivada y no podrá ser de carácter genérico.»

    A sensu contrario en los planes urbanísticos municipals sí caben prohibiciones que se encuentren adecuadamente motivadas, cuando no sean genéricas.
    Los ayuntamientos debe tener alguna opción para aplicar este precepto en el nuevo reglamento. No se debe limitar el criterio a los resultados de una Declaración de Impacto Ambiental, sino en el principio de desarrollo sostenible (art. 45 Constitución Española) y el de autonomía municipal.

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  3. Pues no me parece bien que se de vía libre a cualquier explotación minera, que es como queda la ley, y habría que corregirla

    Si existiera un control sobre la extracción, al igual que debería existir sobre otras industrias muy contaminantes, no tendría que haber problema, pero como no es así, como hemos visto en el caso de la mina de uranio en Salamanca, pues seguiremos jodidos los mismos y pagando las consecuencias de unos políticos desastrosos ávidos de dinero y de poder.

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  4. nada

    ¿Dónde está el texto normativo que proponen?

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