¿Cuales serías las condiciones mínimas exigibles para acceder a las ayudas de vivienda?

Observaciones Generales de Amnistía Internacional Castilla y León - Falta de enfoque de derechos humanos

Falta de enfoque de derechos humanos
El Proyecto de Plan de Vivienda de Castilla y León incorpora, como uno de sus objetivos (art. 2 del Proyecto de Decreto), “garantizar el derecho a la vivienda a los castellanos y leoneses de acuerdo con sus características personales, económicas y sociales”. No obstante, más allá de esta genérica declaración, no hay prácticamente nada en el contenido del Proyecto que indique que efectivamente se haya adoptado un enfoque de derechos humanos a la hora de elaborarlo. Un enfoque de derechos humanos, en efecto, implica que, a la hora de elaborar el Plan, se tenga en cuenta de manera prioritaria el impacto de las políticas públicas en materia de vivienda sobre la accesibilidad efectiva del derecho a la vivienda para todas las personas que viven en Castilla y León, sin discriminación alguna, promoviendo un avance progresivo en dicha accesibilidad.
En particular, una política de vivienda con enfoque de derechos humanos implica:
1- Elaborar y aplicar protocolos con las autoridades judiciales y los ayuntamientos para garantizar una vivienda alternativa adecuada a las personas que se enfrentan a un desalojo y no pueden procurarse una.
2- Destinar más recursos a ampliar el parque de vivienda social y las ayudas a la vivienda.
3- Llevar a cabo consultas genuinas con los afectados con vistas a mitigar los efectos de los desahucios de viviendas en alquiler y garantizar transparencia, así como el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.
4- Evaluar y dar a conocer el probable impacto de las políticas sobre vivienda, especialmente en los menores, las mujeres y las personas con discapacidad, y, en particular, su impacto en los grupos de mujeres de alto riesgo, como las que tienen familias a su cargo y las que han sobrevivido a la violencia de género.
5- Llevar un censo actualizado de viviendas vacías y analizar la disponibilidad de casas vacías de propiedad privada como posible recurso para hacer efectivo el derecho a la vivienda.
6- Garantizar la coordinación efectiva de los servicios sociales, de vivienda y enfocados a las víctimas de violencia de género para garantizar una vivienda alternativa adecuada a las personas desalojadas que no pueden procurarse una.
Si se contrastan estas exigencias con la realidad del texto del Proyecto de Decreto que ahora se somete a consulta, se puede comprobar que el mismo no contiene ninguna de dichas medidas (que tampoco aparecen contenidas en ninguna otra norma autonómica). Por el contrario, el texto del Proyecto de Decreto se limita a contener tres grupos de medidas: ayudas económicas a arrendatarios, ayudas económicas para la construcción de nuevas viviendas y ayudas para la rehabilitación de viviendas. Dejando de lado estas últimas (que apenas tienen que ver con la protección del derecho a la vivienda), lo cierto es que en los dos primeros los contenidos del Proyecto no permiten garantizar en absoluto el cumplimiento de las exigencias de protección del derecho, puesto que no se prevé, a la hora de aplicar dichas ayudas, ninguna de las garantías exigidas.

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