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Menor seguridad para los ciudadanos

El hecho de incrementar las actividades empresariales sometidas al régimen de comunicación, eliminando la necesidad de que antes de que se realicen dichas actividades exista una autorización expresa de la Administración, supondrá una ventaja para las empresas (menor carga), pero sin duda una menor protección para los consumidores. Ello se debe a que se está pasando de un régimen de control previo a otro prácticamente sin control, pues no consta en ninguna norma la obligación de la Administración de hacer cada cierto tiempo un control obligatorio sobre todas las actividades que se han comunicado. Tampoco consta que se estén incrementando objetivamente los medios de control de la Administración (más bien lo contrario, pues cada vez se van más funcionarios y se incorporan menos). Para cualquier persona que se vea dañada por una actividad que antes era autorizada por la Administración y ahora no lo sea, ya no podrá exigirse ante los Tribunales responsabilidad a la propia Administración autorizante (pues ya no existirá como tal entidad autorizante). Solo le quedará intentar que la empresa le indemnice, pero como esta no disponga de dinero, no podrá hacerlo. En definitiva, muy bien para los empresarios pero muy mal para los ciudadanos de a pie.

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