¿Quiere realizar alguna aportación al procedimiento regulado en el proyecto de decreto?

APORTACIONES DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

1. El procedimiento de evaluación propuesto para medir la representatividad de las OPAs no está amparado en la Ley Electoral General como el actual y por tanto, entendemos que es menos garantista, ya que sólo establece garantías similares en algunos ámbitos y no en todos como hasta ahora. Debería considerársele procedimiento electoral y como tal regular las comisiones electorales, el censo y los electores, las mesas electorales, la existencia de interventores en representación de las candidaturas que formarían parte de la mesa electoral, la elección o votación y no consulta, etc.
2. La Ley Agraria 1/2014, en su Art. 175.4., establece que “tendrán la consideración de electores las personas físicas afiliadas a la Seguridad Social por cuenta propia como consecuencia de sus actividades agrarias, y las personas jurídicas que conforme a sus estatutos tengan por objeto exclusivo la actividad agraria, y que efectivamente la ejerzan”. En este ámbito, el borrador de Decreto, en el Art. 4, puntos 2 y 3, se establece una clara discriminación entre los electores bien sean personas físicas o jurídicas; a los primeros se les exige, a mayores de lo establecido en la Ley, figurar en el registro de explotaciones agrarias de Castilla y León, mientras que a las personas jurídicas no; para estos últimos es válido figurar en cualquiera de los siguientes registros: el de explotaciones agrarias, el de cooperativas o el de SAT, si bien la inscripción en cualquiera de los dos últimos para nada sustituye a la inscripción en el registro de explotaciones agrarias, siendo complementarios pero no sustitutivos. De los tres registros, sólo la inscripción en el de explotaciones agrarias sería válida al efecto de demostrar el ejercicio efectivo de la actividad agraria que es lo que requiere la Ley.
3. No se entiende que en unas elecciones democráticas, a las que se convoca a participar a unos electores por cumplir unos requisitos, se pueda solicitar su baja del censo. Elector es la persona que elige o tiene potestad de elegir en un proceso de consulta o en unas elecciones, por tanto, un elector está o no está en un censo. A alguien que no esté se le puede incluir si demuestra que cumple las condiciones para estar, pero a alguien que cumple los requisitos y está no se le puede dar de baja, ni si quiera a solicitud del propio interesado. Por definición, es una contradicción que un elector pueda darse de baja en un censo electoral, puede no ejercer su derecho al voto, pero no solicitar la baja.
4. La elaboración del listado electoral, tanto provisional como definitivo, así como todo lo concerniente al mismo: solicitudes de alta o modificación, sus resoluciones, plazos…, debería hacerse en el seno de la Comisión Central para garantizar plenamente la transparencia del procedimiento de consulta en esa fase.
5. En lo relativo a la participación anticipada en el procedimiento de evaluación, Art. 14, pedimos que se pueda realizar ante la secretaría de la comisión o ante los jefes de todas las Secciones Agrarias Comarcales, si bien, será la secretaría quien lleve el registro, control y custodia de los votos. Cuestionamos la legalidad de la comunicación electrónica diaria a que se hace alusión en la última parte del Art. 14.c), desde el momento en que indica y por tanto identifica a los electores que lo han utilizado antes del día de la consulta, pedimos su eliminación o en todo caso, su sustitución hacia una comunicación de información global a la Comisión Central una vez finalizado el plazo de participación anticipada, pero en ningún caso información individual ni diaria.
6. Entendemos que las alusiones a los representantes de las candidaturas que se hacen en el Art. 15 nada tiene que ver con los del Art. 7.2 y por ello instamos a que los del Art. 15 sean considerados interventores y además regulada como tal su figura y su intervención en las Mesas y Actas en las que estén presentes.

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1. Querer que se aplique la LOREG al procedimiento que regula el proyecto de decreto con el argumento de que proporciona mayores garantías que la normativa reguladora del procedimiento administrativo común es tanto como decir que esta normativa no garantiza los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.
2. La inscripción en uno de estos registros es prueba del ejercicio efectivo de la actividad agraria que se realiza, tal y como exige el artículo 175.4 de la ley agraria.
El registro de SAT es una sección del registro de explotaciones agrarias (disposición adicional primera del Decreto 19/2015, de 5 de marzo, por el que se regula el registro de explotaciones agrarias de Castilla y León).
3. El listado de electores personas físicas debe ser tratado por imperativo legal como un fichero de datos de carácter personal al que es de obligada aplicación la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en virtud de la cual, la Administración debe facilitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en los artículos 16, 17 y 18 de dicha Ley Orgánica.
4. El procedimiento de elaboración del listado de electores le corresponde a la Consejería de Agricultura y Ganadería que cumplirá con todos los requerimientos legales que resulten aplicables a un fichero de datos de carácter personal.
5. Razones de seguridad jurídica justifican que sólo pueda participarse anticipadamente en el procedimiento de consulta ante el/la secretario/a de la comisión provincial.
La identidad de quienes han participado anticipadamente en el procedimiento de consulta será conocida por todos los miembros de las comisiones central y provinciales pues figurará así anotado en el listado de electores que se utilicen en las mesas de consulta.
6. El proyecto de decreto garantiza suficientemente la transparencia en el desarrollo de la consulta el día de la votación presencial.

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