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Carencias y peligros del proyecto de Decreto

- El proyecto es consecuencia de uno de los puntos que negociaron CSIF, UGT y CCOO en el Acuerdo Marco publicado en el BOCYL de 5-1-2016, que dice literalmente lo siguiente: “Modernizaremos las RPT avanzando hacia un sistema de ordenación de puestos de trabajo que permita adaptar con agilidad la estructura de la Administración a las necesidades del servicio público”. Gracias a esta frase, que parece mentira que fuera aprobada por los representantes sindicales citados, los trabajadores de la Junta pasaremos a tener una regulación de nuestros puestos mucho más débil que la que teníamos (hay realmente una desregulación de nuestras condiciones de trabajo), pudiendo cambiar la Administración nuestro estatus con mucha más facilidad. Esta es la crítica principal. En las demás que aparecen a continuación un aspecto muy importante es el oscurantismo en cuanto a muchos de los motivos de la futura regulación.
- La denominación del proyecto no recoge aspectos sustanciales de su contenido: catálogo de puestos y modificaciones de Decretos 56/1991, 221/1994, 115/1996 y 36/2002.
- El preámbulo no justifica muchos de los cambios que introduce el proyecto, por lo que hay una falta clara de motivación. El hecho de no publicarse en Gobierno Abierto la Memoria que debe acompañar al proyecto junto a este, impide conocer las auténticas motivaciones del mismo.
- El preámbulo dice que el Decreto quiere dar pautas de coordinación de actuaciones que en materia de organización competen a otros órganos. Si realmente es esta la finalidad, es erróneo el instrumento jurídico utilizado, pues para dar Instrucciones está el instrumento previsto en el artículo 21 de la Ley 30/1992 (que precisamente las llama Instrucciones). Por otra parte si se trata de coordinar, qué buen momento para hacerlo respecto a la reducción de los puestos de libre designación, por ejemplo.
- En el artículo Primero se recogen unas unidades administrativas distintas en los órganos directivos centrales (Servicio y Sección) y en las Delegaciones Territoriales (Secretaría Territorial, Servicio, Sección y Negociado), sin que se explique realmente el motivo. Además, en su apartado 4 se exceptúan del rango jerárquico de las unidades, sin que se conozca el motivo, diversos supuestos.
- El artículo Segundo, relativo a los requisitos de creación de las unidades administrativas, está lleno de conceptos jurídicos indeterminados: “…evidentes necesidades administrativas…”, “…cometidos de contenido homogéneo y diferenciado de otros…”, “…gran volumen de gestión…”, “…sin menoscabo de su eficacia…”, “…que esté dotado de autonomía suficiente…”. La discrecionalidad para crear o suprimir estas unidades va a ser muy grande, en función de la interpretación que se haga de dichos conceptos. Además, agravando aún más la situación, para la creación de una unidad se exige la existencia de varios factores de los cuatro previstos (a),b),c) y d)), actuando como si sólo uno de ellos no fuera suficiente, y sí en cambio cualquier otra combinación de los mismos.
- En el artículo Quinto se introduce para los funcionarios un Catálogo de puestos de trabajo que hasta ahora no existía, sin que se conozca el motivo ni la necesidad de esta figura. Hay una remisión para ello al artículo 24.1 de la Ley de Función Pública, sin que este artículo mencione para nada ese Catálogo. Además, sin conocerse tampoco los motivos, se excluyen del “novedoso” Catálogo los puestos docentes, sanitarios… (en definitiva, una gran parte de los puestos de la Administración de la Comunidad). Según la disposición final segunda es la Junta la que aprobará dicho Catálogo.
- En el artículo Sexto se prevé que cuando se haga una nueva relación de puestos de trabajo, los que estén ocupados por trabajadores y no respondan a las características de los “puestos tipo” del Catálogo, serán transformados o amortizados de forma automática. Aquí se modifica la situación de los trabajadores sin respetar su situación anterior (ganada por ejemplo en base a los escasos concursos de traslados que existen), lo que puede ser contrario a diversas normas.
- En la disposición adicional primera, que solo menciona en su título los efectos de la “supresión” (no de la “modificación”) de órganos y unidades sobre los titulares de los puestos, se señala que la alteración (aquí ya no se utiliza el término “supresión”) de unidades por las Órdenes de desarrollo de las estructuras orgánicas provocará una modificación de los puestos de trabajo. Esto en la práctica puede suponer de nuevo ir en contra de situaciones adquiridas por los trabajadores. En su párrafo segundo se introduce un concepto denominado “modificación sustancial”, que no aparece explicado en ningún momento. ¿Cuándo una modificación es o no sustancial y a efectos de qué? También es un concepto indeterminado señalar que permanece el “núcleo funcional del puesto modificado”. Todo ello puede dar lugar a arbitrariedad e indefensión. En esta disposición solo se garantiza que la transformación de puestos respetará dos cosas (retribuciones y carácter de su provisión), pero no el resto de características de los mismos, lo que también puede ser contrario a situaciones consolidadas.
- Espero que UGT, CCOO y CSIF mediten sobre lo que puede suponer esta nueva regulación para los trabajadores de la Junta y los defiendan debidamente de estos cambios que tienen todo el aspecto de ser para peor respecto de los trabajadores.

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Agradecemos sus sugerencias.

El proyecto de Decreto tiene como finalidad última modernizar las RPT avanzando hacia un sistema de ordenación de puestos de trabajo que permita adaptar con agilidad la estructura de la Administración a las necesidades del servicio público. Cuanto mejor y más ágilmente se atiendan las necesidades de los ciudadanos, mejor garantizada estará la pervivencia de la administración y de sus empleados públicos. El comentario indica de manera genérica que hay una regulación más débil que la que había antes pero no apunta ningún artículo o apartado que refleje esa supuesta debilidad, por lo que no se puede contestar nada al respecto.
El título del proyecto se refiere a su contenido y objeto esencial, de forma clara y concisa permite identificar el contenido y objeto de la disposición, sin que proceda, por razones de técnica normativa, una redacción que incluya o relacione la totalidad de los asuntos en el título del decreto.
El preámbulo justifica y motiva la totalidad del proyecto, dando pautas de coordinación de actuaciones a través de una disposición de carácter general en aras de la seguridad jurídica y al mismo tiempo garantizando a los funcionarios que ocupan puestos en destino definitivo que la adaptación efectiva de la plaza se realizará una vez que la misma quede vacante.
El artículo primero recoge unidades distintas para los servicios centrales y periféricos porque las funciones que tienen encomendadas los servicios centrales y periféricos son muy diferentes entre sí, y sus necesidades de organización, por tanto, también difieren.
Se modifica la redacción de los requisitos funcionales de las unidades administrativas para solicitar la concurrencia de al menos dos de los cuatro factores indicados en el texto.
El artículo quinto recoge el catálogo de puestos, y lo define. Efectivamente el texto excluye expresamente del catálogo de puestos tipo los puestos de trabajo del personal docentes y del personal de centros e instituciones sanitarias.
El artículo sexto prevé una serie de reglas a seguir en la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo, y concretamente en el apartado 2.c) establece:
“Los puestos de trabajo existentes que se encuentren provistos de forma definitiva y que no respondan a las características de un puesto tipo serán transformados de forma automática, en el momento de su vacancia, en el puesto tipo que establezca para cada uno de ellos la relación de puestos de trabajo, salvo que procediere su amortización”. Se respeta por tanto la situación de los trabajadores que están en destino definitivo, ya que la acomodación del puesto al puesto tipo será efectiva sólo en el momento de su vacancia. En todo caso trataremos de mejorar la redacción de este punto.

Se revisa la disposición adicional primera para mejorar la redacción y aclarar su alcance.

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