¿Desea realizar alguna aportación al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de las Mancomunidades de Interés General?

Esta normativa contradice a la básica estatal

En concreto, el artículo 7 del proyecto, que prevé que solo determinados municipios podrán asociarse en una Mancomunidad de Interés General, impide que otros Municipios puedan formar parte de la misma. Por ejemplo, en el caso de una MIG del ámbito rural, solo podrán asociarse los que formen parte de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rural. Lo mismo pasa para las de ámbito urbano, en la que solo está previsto que se asocien todos o a algunos de los municipios del área funcional estable correspondiente. Esto es contrario, entre otros, al artículo 44.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, que permite sin excepciones el derecho a cualquier Municipio a asociarse con otros en Mancomunidades.Se trata de un intervencionismo desde la Junta que no parece tener amparo en este tipo de figuras asociativas. Su quieren intervencionismo, que creen por ley comarcas, pero que no desvirtúen la figura de las mancomunidades, que parte de la libertad de cualquier municipio de formar parte de ellas.

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finalizada  ·  Consejería de la Presidencia responded  · 

Muchas gracias por su aportación.La definición de las Mancomunidades de Interés General rurales o urbanas como aquellas surgidas de la asociación de municipios que cumplan determinados requisitos, entre los cuales figura formar parte de un determinado ámbito territorial, no afecta al carácter voluntario de dicha asociación, y, por ello, no puede entenderse que se contravenga en modo alguno la normativa básica estatal, y en concreto el artículo 44.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, por el que “se reconoce a los municipios el derecho de asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia”.
El Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de las Mancomunidades de Interés General desarrolla el régimen de estas mancomunidades definidas en el artículo 32.1 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, como “aquéllas cuyo ámbito territorial concuerde sustancialmente con espacios de ordenación territorial para la prestación de servicios estatales, autonómicos o provinciales”, y reguladas en el Título IV de la Ley 7/2013 de 27 de septiembre, de ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León (LORSERGO). Se trata de un tipo especial de mancomunidades declaradas de interés general por orden de la consejería competente, caracterizadas por coincidir sustancialmente con los espacios territorialmente definidos en la propia ley y por disponer de una cartera común y homogénea de competencias y funciones, en el caso de las rurales, pero no por ello pierden su condición de entidades locales de carácter voluntario, como pone de manifiesto el artículo 32.2 LORSERGO. Tampoco la futura constitución de mancomunidades de interés general supondrá por sí misma la desaparición de otras mancomunidades existentes en el mismo ámbito territorial y lo único que se prohíbe es que exista más de una mancomunidad de este tipo dentro de cada uno de los espacios de ordenación territorial a los que la ley se refiere (unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales y áreas funcionales estables). Nada de ello afecta a la libertad de los municipios para asociarse o no en este tipo de mancomunidades o en otras diferentes, que es lo que podría entenderse contrario a la legislación básica estatal.
En todo caso, hay que reiterar que este debate ya se produjo durante la tramitación de la LORSERGO en las Cortes de Castilla y León, sin que allí se pusiera en duda la compatibilidad de las Mancomunidades de Interés General con el carácter voluntario de las mancomunidades en general y con la legislación básica del Estado en este punto en particular, y habiendo obtenido dicha Ley el respaldo de los dos principales grupos parlamentarios que ocupan la casi totalidad de los escaños del parlamento autonómico.

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