(2015/02) Proyecto de Decreto por el que se regulan los procedimientos de autorización sanitaria de funcionamiento y comunicación previa de actividad de los establecimientos y empresas alimentarias y se crea y regula el Registro de Actividades (Cerrado)

El Reglamento (CE) nº 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, impone a los operadores de las empresas alimentarias la obligación de notificar a la autoridad competente los establecimientos que estén bajo su control y que desarrollen alguna actividad en la producción, transformación y distribución de alimentos, con el fin de proceder a su registro. La finalidad última de las autorizaciones e inscripciones en el ámbito de la seguridad alimentaria es la protección de la salud a través de la información que facilitan los operadores, para llevar a cabo una adecuada programación de los controles oficiales y, en supuestos de detección de un peligro para la salud, posibilitar que las autoridades sanitarias puedan acometer las actuaciones necesarias. En Castilla y León los procedimientos de autorización sanitaria de funcionamiento de las industrias, establecimientos y actividades alimentarias se han regulado hasta el momento por el Decreto 131/1994, de 9 de junio.

Este nuevo decreto pretende sustituir el citado Decreto 131/1994 de 9 de junio, para aplicar en el procedimiento de tramitación y resolución de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento, la Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León. La Ley 5/2013 tiene como objetivo primordial fomentar las actividades de los emprendedores, apoyando sus iniciativas y removiendo todos aquellos obstáculos que aparezcan en su regulación, sin afectar a la seguridad jurídica y salvaguardando los intereses generales autonómicos. Para la correcta aplicación de lo dispuesto en el Título III de la Ley (supresión y reducción de las trabas y de las cargas administrativas) y mediante el ACUERDO 33/2014, de 10 de abril de la Junta de Castilla y León se ha aprobado una relación detallada de los procedimientos y trámites relacionados con la creación e instalación de empresas que deben tramitarse de forma preferente, entre los que se encuentra el procedimiento de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Industria, Establecimiento o Actividad Alimentaria con número de identificación nacional, por lo que, dicho procedimiento, debe tramitarse de forma preferente con la consiguiente reducción de los plazos establecidos.

En este sentido, el presente decreto se adecua, igualmente, a las exigencias derivadas de la incorporación al ordenamiento jurídico español y de Castilla y León de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, con el objetivo de simplificar el procedimiento establecido para registrar las empresas implicadas en la cadena alimentaria, manteniendo únicamente la exigencia de una autorización previa por parte de la autoridad competente para aquellos establecimientos previstos en el Reglamento (CE) Nº 853/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. Para el resto de empresas y establecimientos alimentarios se requiere únicamente la presentación de una comunicación previa de actividad, sin perjuicio de los controles oficiales que puedan realizarse con posterioridad.
Con fecha 18 de febrero de 2011 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 191/2011, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, que ha simplificado el procedimiento establecido en España para registrar, con carácter nacional y público, las empresas implicadas en la cadena alimentaria, con un importante papel a desempeñar por parte de las Comunidades Autónomas. Así, por una parte, el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, ha concretado los establecimientos y empresas alimentarias que deben ser objeto de inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, previa comunicación o solicitud de autorización e inscripción a través de las Comunidades Autónomas, en la forma que estas últimas dispongan. Este Real Decreto ha excluido de la inscripción en el Registro Nacional a las tiendas minoristas, restaurantes, cafeterías, bares, panaderías, pastelerías, comedores de centros escolares u hospitales y otros establecimientos cuya actividad principal es la venta al detalle o el servicio in situ al consumidor final o a colectividades que comercializan en un ámbito local, si bien, obliga a la inscripción de estos establecimientos en los registros autonómicos que se establezcan al efecto, previa comunicación por parte del operador de la empresa alimentaria a las autoridades autonómicas correspondientes.

La finalidad, por tanto, de este Decreto es, teniendo en cuenta las disposiciones citadas, actualizar la normativa actual (Decreto 131/1994, de 9 de junio) referida a los procedimientos de autorización sanitaria de funcionamiento y comunicación previa de actividad de las empresas y establecimientos alimentarios situados en el territorio de Castilla y León buscando una reducción de las trabas administrativas a la creación de empresas y, por otra parte, adaptar el registro autonómico en el que se inscriben los establecimientos y empresas alimentarias que operan en Castilla y León.

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