¿Qué medidas estima necesarias para fomentar la rehabilitación de los edificios y la regeneración de nuestros barrios y ciudades?

Burgos, 31 de enero de 2015 Alegación al Proyecto Decr

Burgos, 31 de enero de 2015

Alegación al Proyecto Decreto por el que se modifica Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
formulada por Pablo Arribas Briones, con domicilio en C/Juan Bravo, 2-5/6 – 09006 Burgos.

Con el tiempo del jubilado (aunque con la merma de una medio gripe que no ha hecho merma en mi humor) formulo las siguientes alegaciones:
El conjunto del Decreto, por el que se modifica el RUCyL, lo veo bien adaptado, consecuente con la Ley 7/2014, con su contenido y su espléndida Exposición de motivos. A ver cuanto dura. Quizás en los últimos tiempos esa nuestra legislación motorizada, en contraste con el exceso de duración de los procedimientos urbanísticos (principalmente por los informes sectoriales; habrá que terminar con esa imagen de “islotes solitarios”, con que nos vienen demostrando, durante demasiados años, los que, a manera de “señores feudales”, detentan competencias concurrentes) habrá que legislar para que deje de ser la gran asignatura pendiente en el urbanismo de Castilla y León, que, en tantas otras cosas, es pionero en España
Del texto poco encuentro que decir:
- Art. 50 ¿Porqué se suprime el apartado 4?

- Art. 58,1b). La declaración responsable, en una Comunidad con miles de municipios (BU, por ejemplo, 371), tiene sus riesgos. Los alcaldes de pueblos pequeños, por razones casi obvias, no suelen andar muy celosos de sus competencias.

- Art. 74, primer párrafo. Es intencionado o una omisión lo de “reforma, reconstrucción (que viene en el 57, f).

- Art. 80, 1.a), epígrafe 4º. Aunque se prescribe en otros artículos, quizás no vendría mal añadirlo… Conservados o recuperados y con las normas de protección que procedan.

- Art. 81. La cautela del 1.d) 3º, “de forma que asegure la pervivencia de los valores naturales o culturales que genera dicha atracción turística”, no veo, en un Reglamento, la necesidad de suprimirla.

- Art. 81.1.f), es la confirmación de una bajada de pantalones (perdónesenos la expresión) consecuente con problemas ante los tribunales de algunos ingenieros que tuvo la Confederación Hidrográfica del Ebro (“aquella tragedia”) y que es hora de corregir: si lo de periodos de retorno de 100 años (cuando los embalses reguladores eran muy pocos), lo de los 500 años es una pasada del todo intolerable; nada tienen que ver las avenidas, con periodos de retorno del siglo XXI (y sí una cuestión que se soluciona como todos sabemos), con las actuales. Debe racionalizarse esta disposición.
- Art. 84, apartado 4º, pondría: El Plan General, con independencia de la catalogación que contenga, puede autorizar que un posterior Plan Especial de Protección concrete y complete …

- Art. 175, apartado 4º. Supongo habrá habido motivos para la supresión de la posibilidad de publicación del 4 in fine. Quizás, en aras del principio de participación, podría ser conveniente ir más allá de la simple oportunidad de recordatorio – “podrá instar” – que es algo ya sabido y legal. Contrasta además con ejemplos como el del 402,3, “En caso de aprobación por silencio – de los instrumentos de planeamiento – la obligación corresponderá a los promotores”.

- Art. 288, a) 2º y el 314 bis.1,a) 3º. Debe aclararse el alcance de lo de las obras de implantación de instalaciones de nueva planta, con lo de la “excepción de las canalizaciones y tendido de distribución de energía y telecomunicación”. En Burgos, al emplearse por las compañías suministradoras la línea de fachada más fácil, en edificios incluso catalogados, el nuevo tendido de abastecimiento de gas natural ha creado problemas.

- Art. 314 quáter, 4. “… contrarios o disconformes con la normativa urbanística o sectorial correspondiente”, añadiría.

- Art. 364,2. La encomienda a los colegios profesionales es algo que me pensaría más; como mínimo, en cuanto a su alcance y legalidad. El casuismo, del que como ha dicho T. Ramón Fernández, nunca hay que huir en Derecho Administrativo, plantea una serie de preguntas en relación con estas encomiendas, su alcance, resultados, responsabilidades, etc.

- Art. 427,9. Con perdón; algo se le ve la oreja al viejo corporativismo.
El nuevo título VIII, Actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, lo considero acertado.
- Contenido de la Memoria. Podría ser conveniente, para suavizar un poco las exigencias de los apartados b), c) y d), explicitar la colaboración de los ayuntamientos.

- Art. 447 in fine, ¿Que es lo de situaciones graves de pobreza energética?

- Art. 450. Laudables los puntos c) y f).

- Art. 451, 1er párrafo. La viabilidad económica de la actuación fijada tanto en términos de rentabilidad (añadiría social) como de equidistribución de beneficios y cargas. Creo que va más en consonancia con el resto del articulado.

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, recuerdo que, en materia económica, el Gobierno está metido en una especie de “estafa piramidal” (los últimos préstamos obtenidos lo son, no para amortizar la deuda pública, sino exclusivamente para abonar sus intereses); este extremo de penuria duradera que afecta de manera particular a los vecinos inmersos en las actuaciones de este nuevo Título VIII, no puede ser marginado.

En la Exposición de Motivos de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, se habla como de un añadido al deterioro de las viviendas, “la carencia de recursos de sus habitantes, dramáticamente agravada en los últimos años”. Y aunque en los artículos 454 y ss algo se tiene en cuenta, pienso que no es suficiente.

- Art. 466. Laudables medidas de fomento que explicita el mandato realista de la Ley 7/2014.

- Art. 467. No rima este artículo con el realismo de los artículos anteriores. O es una obviedad o falta algo

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Siguiendo el orden de los apartados de la sugerencia:
 Art. 50: se suprime el apartado 4 como consecuencia de la supresión del precepto legal correspondiente mediante la Ley 7/2014, la cual a su vez respondió al convencimiento de que se trataba de una intromisión injustificada en las competencias municipales.
 Art. 58.1.b): la búsqueda del equilibrio entre el rigor procedimental y la proporcionalidad en la exigencia administrativa aconseja un empleo prudente de la técnica de “prueba y error” en los ajustes normativos.
 Art. 74, primer párrafo: simplemente se mantiene la redacción vigente excepto en la sustitución automática de “municipios sin planeamiento” por “terrenos sin determinaciones de planeamiento urbanístico”.
 Art. 80.1.a) 4º: el inciso “las normas de protección que procedan” se suprime porque estas ya no forman parte de la ordenación general, sino de la ordenación detallada (lo que implica sobre todo cambios procedimentales). Ver art. 92.2.c) y 96.
 Art. 81.1.d) 3º: se valorará conservar el inciso suprimido.
 Art. 81.f): la redacción se ha consensuado con las administraciones competentes para la prevención de riesgos y la gestión del recurso hidráulico.
 Art. 84.4: no se aprecia mejora normativa en la sugerencia.
 Art. 175.4: la publicación tras la aprobación por silencio sigue siendo posible, pero se arbitra la intervención de la Consejería para evitar pasadas experiencias de publicación directa de actos que realmente no habían sido aprobados por silencio.
 Art. 288.a) 2º y 314 bis.1.a) 3º: las canalizaciones y tendidos de distribución de energía y telecomunicación quedan sometidos al régimen de declaración responsable
 Art. 314 quáter 4: se incorporará la sugerencia.
 Art. 364.2: la encomienda a los colegios profesionales es una opción a disposición de los Ayuntamientos, solo complementaria de la utilización de sus propios servicios o de los de la Diputación Provincial. Lógicamente el Ayuntamiento tendrá que justificar por qué no le conviene (o no puede) emplear las fórmulas citadas.
 Art. 427: la crítica es compartida por otros agentes, y el eventual despliegue del sistema está en cuestión.
 Art. 445: la exigencia proviene de la legislación básica; pero sin duda su plasmación concreta en la planificación deberá de modularse a la realidad de nuestros Ayuntamientos y sus medios humanos y materiales.
 Art. 447 in fine: la terminología proviene de la legislación estatal; se entiende que se refiere a quien carece de medios para adecuar su vivienda.
 Art. 451, primer párrafo: se incluirá la precisión.
 Art. 467: la voluntad del legislador de Castilla y León es integrar las actuaciones R+R+R en la práctica urbanística, y por tanto de evitar el surgimiento de una planificación sectorial separada, que sería posible al amparo de la Ley estatal 8/2013.

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