¿ Qué prioridades de conservación y cuestiones organizativas considera más relevante para la gestión de la Red Natural 2000 en Castilla y León?

Generar protocolos de compatibilización de explotación de recursos naturales con la conservación sostenible del entorno natural

La explotación de recursos naturales (agrícola, forestal, cinegético, minero, apícola, etc.) constituye una actividad económica que en muchos casos puede ser compatible con el respeto al medio ambiente a la vez que supone un medio de fijación efectivo de población. Los recursos mineros, por ejemplo, no son sustituibles ni movilizables, renunciar a ellos es un verdadero lujo. Se deben poder generar sistemas de compatibilidad de actividades, medidas de compensación en ciertos casos de forma que sea posible generar una actividad económica rentable más allá del simple y ruinoso turismo "verde" bajo el es lícito hipotecar miles de hectáreas para que puedan vivir algunos individuos (que además no fijan residencia en el terreno). No dudo que existan países que pueden sostener ese nivel de vida al igual que no dudo que el nuestro, y en particular nuestra comunidad, no puede hacerlo. Estamos hablando de despoblación y hay que ser serios con eso. Habría que realizar estudios económicos serios del coste real que supondría una Red Natura intocable a la Comunidad Autónoma. Hasta el momento no se han hecho y por ello somos el país que más superficie aporta de Red Natura al espacio europeo (el 27,27% del territorio español frente a un 12,56% que aporta Francia, segundo clasificado) siendo el 5º PIB del espacio europeo en términos absolutos y el 15º PIB per cápita del espacio europeo. Es como comer berzas y limpiarse los restos con billetes.

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Buenos días Señor Atanasio:

En primer lugar agradecerle su participación en este proceso. En cuanto a su sugerencia paso a realizarles los siguientes comentarios.

Evidentemente muchas actuaciones de aprovechamiento de los recursos naturales no sólo son compatibles con la conservación de los valores que justificaron la incorporación de los distintos territorios en la Red Natura 2000, sino que muchas de ellas son necesarias. Así el pastoreo de ganado es imprescindible para el mantenimiento de determinados pastizales propios de los puertos cantábricos, la apicultura para mantener la polinización de muchas especies de flora, etc.

La Directiva Hábitats no es una directiva que, de entrada, convierta nada en santuarios. Su gestión se basa, además de actuaciones positivas para mantener en favorable estado de conservación los valores que lo justificaron, en un proceso de evaluación preventiva. Cualquier plan, proyecto o programa que no sea necesario para su gestión y que pueda tener una incidencia en el Lugar, debe ser sometido a evaluación. La norma europea establece que la autoridad sustantiva no podrá autorizarlo si no se asegura que no tendrá un efecto significativo que afecte a la integridad del Lugar. Este requisito es, evidentemente, contundente y busca conseguir el objetivo final de preservación de la biodiversidad.

No obstante la Directiva permite, en determinados circunstancias que implican la ausencia de alternativas, la consideración de interés público de primer orden, etc, la autorización excepcional de estos proyectos, a pesar de su efecto negativo, previa la fijación de unas medidas compensatorias que garanticen la coherencia global de la Red, y, previa comunicación a, o informe de la Comisión Europea, en función del grado de amenaza de los valores afectados.

El caso de la minería, per se, se encuentra sometido a ese proceso de evaluación. En Red Natura se han autorizado procesos mineros, porque su incidencia sobre los valores no generaba esa afección a la integridad del lugar, mientras que otros, se ha considerado que no podían autorizarse por si ocasionarla. En cualquier caso éstos últimos casos, si se dan todas las circunstancias y, la singularidad del recurso lo avala, se podría plantear la posible excepción a la Directiva, evidentemente con todos los requisitos en ella establecidos y que han sido traspuestos al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y la biodiversidad.

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