¿Qué medidas, no incluidas en el texto, sería conveniente incorporar a la Agenda para la Población, a fin de mejorar la evolución demográfica de Castilla y León?

Obligación de trabajadores y concesionarios públicos de residir en las comarcas rurales donde trabajen

Agentes de desarrollo local, veterinarios, médicos, secretarios de ayuntamiento, maestros, guardas forestales, notarios. Son muchos los profesionales del sector público que desempeñan sus funciones y cobran del medio rural. Si se consigue que esa gente resida en las comarcas se conseguiría:

- Unas cabeceras de comarca viables por la mayor demanda de bienes y servicios.
- Que el guarda o el maestro se casen en el pueblo al que fueron destinados. Eso ahora es imposible porque no paran allí.
- Un rejuvenecimiento de la población, al vivir allí personas jóvenes, que son las que suelen obtener ese tipo de destinos.
- Una revalorización de las viviendas rurales y una mejor conservación del parque de viviendas rurales.

El mecanismo para lograrlo de forma efectiva puede ser pagar parte del sueldo en especie, en mediante la cesión de un inmueble concreto (por ejemplo en el caso de los ayuntamientos) o mediante el pago de un alquiler elegido por el trabajador, salvo que acredite que dispone de un alojamiento en propiedad en la comarca.

De esta forma no se obliga a nadie a vivir en un sitio concreto de forma efectiva, ya que la administración sólo pone a su disposición una vivienda, pero sí se incentiva la residencia en la comarca.

Una posible redacción sería:

Las administraciones públicas que contraten trabajadores en las "comarcas de baja densidad de población" abonarán parte del sueldo bruto mensual cuando el trabajador acredite haber abonado un alquiler mensual en un inmueble de la comarca. En caso de no acreditar este pago no se abonará esa parte del sueldo, que no será inferior al 20% del sueldo bruto mensual ni superior al 40% (es decir, si no se acredita el alquiler se descuenta un 20% de la nómina. Si el alquiler supera el 40% de la nómina sólo se descontará de la nómina el 40% por este concepto). Las administraciones podrán ofrecer al trabajador la cesión de una vivienda de su titularidad, si bien el trabajador podrá optar por el alquiler de otro inmueble de su elección en los términos indicados anteriormente. En caso de optar por ocupar esta vivienda no se podrá descontar al trabajador más del 30% de su nómina bruta mensual por este concepto, incluso aunque el valor de la cesión supere ese valor. Las pagas extras se abonarán íntegramente, sin realizar ningún descuento. En caso de que el trabajador o un familiar hasta el tercer grado acredite disponer de un inmueble en propiedad en la comarca no sera de aplicación lo indicado anteriormente. Cuando dos trabajadores estén casados (o figuras equivalentes) sólo se aplicará a uno de ellos.

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La medida que usted propone supondría retomar una obligación que se abolió hace ya años. La Ley de Funcionarios Civiles del Estado del año 1964 obligaba a los funcionarios “a residir en el término municipal donde radique la oficina, dependencia o lugar donde presten sus servicios”. Esta obligación tenía como finalidad garantizar la buena prestación del servicio público, pues las deficientes vías de comunicación y medios de transporte hacían prácticamente imposible residir en una localidad distante a la del lugar de trabajo, como sí puede ocurrir hoy.

En la actualidad obligar a alguien, sea o no empleado público, a residir en un sitio concreto no es compatible con la libertad de residencia reconocida en la Constitución como un derecho fundamental.

Si lo que plantea es establecer un incentivo económico o en especie para el empleado público, la medida supondría incrementar los costes de la Administración sin que ello supusiera una mejora la calidad del servicio a los ciudadanos, estaríamos por tanto ante una gestión ineficiente de los recursos públicos que no es, en absoluto, lo que demandan los ciudadanos.

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