(2014/06) Anteproyecto de Ley de Ordenación del Transporte de Castilla y León (Cerrado)

El transporte es uno de los principales activos estratégicos para el desarrollo social y económico de una comunidad organizada y un elemento fundamental para vertebrar y cohesionar el territorio. Una de las políticas comunes más importantes y evolucionadas de la Unión Europea es precisamente la de transportes.

La preservación y mantenimiento de la unidad de mercado en todo el territorio español y la organización y funcionamiento de un sistema común de transporte terrestre en el Estado, están garantizados en sus postulados principales por la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y la Ley 39/2003, de 17 de diciembre, del sector ferroviario, entre otras normas sectoriales. Con la entrada en vigor del Reglamento (CE) 1370/2007, de 23 de octubre, sobre los servicios públicos de transporte por ferrocarril y carretera, que tuvo lugar el 3 de diciembre de 2009, se produjo una importante transformación del marco regulatorio del sector que, unido a los cambios experimentados por el mercado del transporte terrestre de viajeros y mercancías, en el ámbito nacional y europeo, aconsejaron al Gobierno de la Nación llevar a cabo una revisión del régimen jurídico existente, finalmente establecida por la Ley 9/2013, de 4 de julio, que modifica la LOTT precitada.

Este Anteproyecto de Ley de Ordenación del Transporte de Castilla y León se dicta en desarrollo de las competencias de la Comunidad Autónoma y tiene por objeto principal la ordenación de los servicios de transporte público de viajeros por carretera de la Comunidad, las infraestructuras complementarias del transporte público regional y la coordinación de ambos con otros modos de transporte.

Con carácter general, se pretende establecer un marco jurídico estable para el sector ante la transformación radical derivada de la normativa actual en materia de transportes y dar respuesta a las necesidades de movilidad de los ciudadanos de Castilla y León acorde a la nueva ordenación del territorio, a través de un transporte público de calidad, seguro, eficiente, y moderno. Asimismo, se persigue extender el transporte público a todo el territorio autonómico en donde haya un asentamiento fijo de población, generar competencia en el mercado y economías de escala, abordar un marco regulador básico para las infraestructuras de transporte de viajeros y de mercancías y logística (Red CyLoG) desde la óptica de la sostenibilidad y rentabilidad.

El transporte por carretera cubre más del 90% de los desplazamientos que se producen en el transporte interior de viajeros, destacando el vehículo privado sobre el resto de los modos. Sin embargo, dentro de los sistemas colectivos de transporte público, el autobús es el modo dominante por su versatilidad, eficiencia y seguridad. Llega prácticamente a todos los puntos o poblaciones de nuestra geografía, cubre toda clase de demandas y es capaz de dar respuesta a las necesidades de movilidad de la población especialmente cautiva del transporte público. Es el más económico para los usuarios, respetuoso con el medio ambiente y el más seguro, medido en términos de viajeros/km, transportados. En nuestra región el transporte en autocar es vital, no solo por conocidas razones derivadas de la extensión territorial, dispersión poblacional, baja densidad, envejecimiento y niveles de motorización privada inferiores a la media, sobre todo en el ámbito rural, sino porque es un factor de cohesión y vertebración social y territorial de primer orden, garante del derecho de acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos esenciales en óptimas condiciones de igualdad

El texto legal regula los aspectos propios y genuinos de los transportes públicos regulares interurbanos que discurran íntegramente por la Comunidad y se someten a la plena regulación estatal los transportes públicos discrecionales y los transportes privados, tanto de viajeros como de mercancías, al ser unos sectores liberalizados y participar estos desplazamientos de unas características y un régimen que exceden el ámbito de la Comunidad.

También se regulan las infraestructuras complementarias del transporte público regional, especialmente las estaciones de transporte de viajeros y los enclaves de la Red CyloG. Uno de los componentes imprescindibles del sistema de transportes se basa en la adecuada planificación, diseño e implantación de las infraestructuras complementarias del transporte. Una red coordinada e integrada de infraestructuras y servicios permite a los pasajeros y mercancías la comunicación, enlace y transbordo de forma rápida, segura, eficiente y sostenible. Las capitales y ciudades importantes actúan como nodos fundamentales de las redes de transporte, ofreciendo la oportunidad de mejorar la conectividad al fomentar modos más eficientes y sostenibles y optimizar el funcionamiento interno de estos centros nodales. Razones que sirven de fundamento para que la futura Ley aborde un marco regulador básico en la Comunidad Autónoma que marca las pautas y requerimientos mínimos que deben ser de aplicación a las estaciones, y demás instalaciones de viajeros y a centros de transporte y logística de mercancías por carretera e intermodales, en consonancia a su importante y decisivo papel en la cadena de valor del transporte, del que no pueden segregarse por constituir un apoyo necesario y fundamental para el buen término del servicio a los ciudadanos y empresas.

Así mismo, por añadidura, el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 15/2002, de 28 de noviembre, de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León, aconseja igualmente una actualización y modificación parcial de la misma, ante la generación de nuevos patrones de movilidad en estos ámbitos.

No es objeto de regulación en este texto legal el transporte por ferrocarril, aunque no cabe la menor duda de que, dentro de los sistemas terrestres, el ferrocarril es un modo esencial, seguro y sostenible, actualmente sometido a un proceso no acabado de transformación y apertura a los mercados nacionales y europeos. Este sector, por su propia naturaleza y características técnicas abarca un ámbito territorial, funcional y organizativo que se extiende más allá de los planteamientos competenciales de la Comunidad Autónoma y, además, ya cuenta con una normativa específica, formada por la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario y sus Reglamentos de desarrollo, que concretan su régimen jurídico y regulan al detalle todos los aspectos del mismo y que actualmente permiten dar respuesta legislativa, práctica y eficaz, a las políticas que la Comunidad Autónoma pretenda desarrollar en este sector. Asimismo, el Estado ha iniciado un proceso profundo de reestructuración y liberalización del modelo ferroviario, con un calendario a largo plazo, que aconseja posponer la futura regulación autónoma a una Ley específica que responda a las necesidades e intereses propios de la Comunidad.

Desde el punto de vista temporal, cabe destacar la oportunidad de esta Ley, como consecuencia del vencimiento contractual de la actual red de concesiones regionales de transporte público que se producirá progresivamente a partir de 2015, y los más de setenta y cinco años de vigencia real del modelo actual de transporte público regular autonómico. Por todo ello se impone un cambio de régimen y una estrategia política regional que facilite esa transición y marque las pautas de la futura red regional de transporte público.

La futura Ley, que nace en un contexto económico y social difícil, está llamada a ser el marco normativo del transporte regional por carretera para los próximos años. Se asienta sobre los mejores postulados del actual sistema concesional, defiende un régimen común de transportes en todo el Estado, la coordinación e interconexión de redes, servicios e infraestructuras y el mantenimiento de la unidad de mercado.

Afianza un sistema de transporte público moderno y genuino adaptado a las nuevas necesidades de movilidad de Castilla y León y refuerza aquellas medidas ya aplicadas que, especialmente, en materia de transporte rural, transporte a la demanda, transporte escolar público y empleo de nuevas tecnologías, están haciendo de la Región un referente en ámbitos territoriales de difícil cobertura. Así, la intención clara y decidida de la Comunidad es realizar un salto cualitativo en el transporte público que permita desarrollar unos servicios universales, eficientes, seguros, eficaces, sociales y de calidad.

Se trata de una Ley garantista, que avanza en la protección del ciudadano que usa un transporte público y responsabiliza a la Administración de la tutela de sus derechos reconocidos por la Unión Europea. Garantiza también su participación y la de sus asociaciones en el sistema de transporte.

Garantiza la coordinación interadministrativa en sectores que convergen con el transporte público, en los que resulta muy conveniente conjugar los diferentes intereses protegidos. Estamos en presencia de una norma que tiene vocación de informar y actuar transversalmente sobre determinadas políticas de la Comunidad Autónoma. Aspectos consustanciales de la ordenación del territorio, urbanismo, espacios naturales, protección civil, igualdad de oportunidades y accesibilidad, son regulados desde la óptica de la movilidad sostenible. Destaca el mandato que se hace a las Administraciones Públicas para fomentar los desplazamientos no motorizados como elementos integrantes de la gestión de la movilidad.

Todas estas finalidades son coherentes con los grandes documentos de orientación y debate que son hoy referencia en el ámbito europeo en el que se integra la Comunidad de Castilla y León; es decir, el Libro Blanco de la Comisión Europea, “La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad” y su revisión intermedia de 2006 “Por una Europa en movimiento. Movilidad sostenible para nuestro continente”, así como con las líneas generales del nuevo Libro Blanco en redacción “Por una política de transportes competitiva y sostenible”.

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    Favorecer la movilidad entre las diferentes localidades de nuestra Comunidad Autónoma. Es urgente fijar un buen plan de comunicaciones de transporte público entre al menos las capitales de provincia de la Región. Que se establezcan frecuencias adecuadas, y combinadas entre el autocar y el tren. Es increíble que el último autocar, por ejemplo, entre Burgos y Valladolid, sea a las seis menos cuarto de la tarde, aunque aquí tienes la opción de tren. Es sorprende que no tengamos comunicación diaria por la tarde (a partir de las siete ...) entre Soria y Burgos. Que de Soria a Valladolid, el último…

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    Muchas gracias por su participación en el foro.
    El Anteproyecto de Ley pone especial énfasis en la sugerencia que Vd. nos traslada al dedidar un Título (el segundo) a la “Ordenación territorial de los servicios de transporte regular en Castilla y León”
    En dicho Título se definen los instrumentos de ordenación a través de los cuales la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ejercerá las competencias que tiene atribuidas en relación con la red de transporte regular interurbano de viajeros por carretera de Castilla y León. Entre ellos destaca por su importancia, el Mapa de Ordenación de Transportes como una documento dinámico susceptible de revisión periódica, a través del cual se analizará, la demanda de movilidad y de la oferta de servicios, carencias o desequilibrios, parámetros básicos de integración y coordinación entre los diferentes modos de transportes, etc…y se determinarán estrategias y medidas para corregir los desequilibirios o…

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