(2013/05) Proyecto de Decreto por el que se adapta la normativa de prevención de riesgos laborales a la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos. (Cerrado)

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, fundamentalmente a través de sus artículos 31.1, 34.3 y 35.4, y la disposición adicional cuarta del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, previeron la necesidad de regular, a través de una normativa específica para las Administraciones Públicas, determinadas cuestiones tales como los derechos de participación y representación, la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, la definición de funciones y niveles de cualificación del personal que las lleve a cabo y el establecimiento de adecuados instrumentos de control que sustituyan a las obligaciones en materia de auditorías, contenidas en el capitulo V del citado Reglamento de los Servicios de Prevención, que no son de aplicación a las Administraciones Públicas.

En cumplimiento de este mandato, la Administración de la Comunidad de Castilla y León aprobó el Decreto 143/2000, de 29 de junio, (BOCYL nº 128 de 4 de julio), de adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración de la Comunidad de Castilla y León, decreto que fue objeto de modificación a través del Decreto 44/2005, de 2 de junio (BOCYL nº 110 de 8 de junio).
Durante el tiempo transcurrido desde la promulgación del Decreto 143/2000, de 29 de junio, se han producido, sin embargo, importantes modificaciones en la normativa general de prevención de riesgos laborales, que han de ser trasladadas al ámbito de la Administración Autonómica. Entre ellas, es necesario citar la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, que profundiza en la necesidad de integrar la actividad preventiva en las organizaciones y establece la obligatoriedad de elaborar Planes de Prevención como medio para conseguir dicha integración; la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, por la que se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; la Ley 2/2007 de 7 de marzo del Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio de salud de Castilla y León que establece la existencia de Planes de Prevención en cada centro e institución sanitaria, exige la constitución de servicios de prevención propios en SACYL e impone la obligación de que exista un plan estratégico de actuación en seguridad y salud laboral para la integración de la prevención en la organización y en los sistemas de gestión de la GRS; el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales referido a la coordinación de actividades empresariales; y el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención, en el que se desarrollan las previsiones de la Ley 54/2003, antes citada, en cuestiones tales como el Plan de Prevención, la obligatoriedad de la presencia de recursos preventivos en determinados trabajos o las auditorías de prevención. Todas ellas afectan de manera directa a los contenidos del Decreto 143/2000 y requieren, por tanto, una nueva adaptación de esta normativa.

En esta línea, la nueva disposición mantiene el compromiso ya recogido en la norma precedente, sustentando el modelo de prevención en las prescripciones que, al respecto, establece el Real Decreto 39/1997, modelo de naturaleza mixta en cuanto que organiza los recursos de Prevención utilizando el abanico de posibilidades que el propio artículo 10 le posibilita. Efectivamente, junto con la inexcusable presencia de servicios de prevención propios, que en todo caso llevarán a cabo su actividad en el ámbito de las especialidades y disciplinas preventivas de Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada, se contempla la concertación de determinadas actividades con servicios de prevención ajenos, en las especialidades de Seguridad en el Trabajo y de Medicina del Trabajo. Por otra parte, en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud, la asunción de las tareas de prevención se realizará, íntegramente, mediante servicios propios de prevención con las cuatro especialidades y disciplinas preventivas citadas.

El modelo descrito se entiende, en definitiva, como el más eficaz al integrarse plenamente en la organización productiva, logrando que todos los directivos, técnicos, mandos intermedios y resto de personal asuman sus responsabilidades en materia preventiva. Se entiende, asimismo que resulta adecuado a la estructura organizativa y territorial de esta Administración y al tipo de riesgos presentes en la misma.

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  1. El art. 5.4 es contrario a los principios legales del art. 37.1 del la ley de PRL

    El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención, no pueden ser considerados como de representación sindical. Dado que la Ley 31/1995 dice lo contrario en su artículo 37.1. Por lo que el proyecto sería contrario en ese art. 5.4 a la Ley 31/1995. Y un proyecto de adaptación a la Ley no debe ser contraria a la misma y menos cargarse un derecho sindical.

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    Muchas gracias por su colaboración y la sugerencia formulada.

    Declarándose como “Ilegal” el artículo 5.4 del borrador de Decreto por el que se adapta la normativa de prevención de riesgos laborales a la Administración General Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos, se ha admitido la sugerencia, no por la “ilegalidad” alegada, que no es tal, sino porque la redacción literal del precepto de la Ley de Prevención de riesgos Laborales (artículo 37.1) transcrito en el borrador, aun no siendo necesaria, parece que pudiera dar mayor claridad a este tema.

  2. Loa servicios de prevención propios regulados en el art. 9 debes ser de todas las especialidades y no sólo higiene hindustrial y ergonomía.

    No es de recibo que a los servicios propios se limiten la Higiene industrial y la ergonomia y psicosocilogía. Reservando a los servicios ajenos la Seguridad y la Medicina del trabajo. Esto sigue siendo una privatización encubierta de los servicios de prevención de la Junta de Castilla y león

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    Muchas gracias por su colaboración y la sugerencia formulada.

    Esta alegación no ha sido admitida, no sólo porque es potestad del empresario, en este caso Administración, la organización de sus servicios de prevención propios y las especialidades que asume, siendo como mínimo dos según se establece en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino porque ha quedado todavía más claro tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia admitiendo el sistema preventivo de esta Administración.

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