¿Qué otras actuaciones, además de las ya contempladas en el anteproyecto de la Ley Agraria, pueden llevarse a cabo para mejorar la competitividad del sector agrario y agroalimentario de Castilla y León?

No deben imponerse contribuciones especiales para sufragar infraestructuras agrarias

No deben las personas físicas y jurídicas ser las pagadoras en algunos casos de costes directos e indirectos como dice el anteproyecto de Ley, derivados de la ejecución de infraestructuras agrarias, sobre todo cuando en los procesos de adjudicación y ejecución, no han tenido ni voz ni voto, porque si particulares, empresas, ayuntamientos....deben sufragar proyecto, técnicos, direcciones de obra, intereses si la Junta de Castilla y León ha tenido que sufragar dicha obra con un crédito...., cuanto menos deberían poder elegir la mejor opción, pues se podría dar el caso de que cualquier persona física o jurídica, obtuviera un mejor precio de ejecución de ese proyecto que la propia Junta de Castilla y León.

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Muchas gracias por su participación.

Uno de los aspectos que pretende abordar la Ley Agraria es el impulso y mejora de las infraestructuras agrarias. Para ello se considera fundamental la participación del sector privado en la financiación y en la explotación de infraestructuras agrarias, dado que la actual coyuntura económica ha afectado de una manera significativa a los recursos financieros de las Administraciones Públicas.
En este sentido la posibilidad de crear contribuciones especiales es una de las fórmulas que pueden servir para este fin.
La Ley Agraria no hace sino recoger una posibilidad ya existente en el ordenamiento jurídico. El artículo 157.1 de la Constitución Española recoge entre los recursos de las Comunidades Autónomas los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; los recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado; así como sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
La peculiaridad de este tipo de tributo, al igual que sucede con las tasas, es que el gravamen recae solamente sobre aquellos en quienes incide expresamente la actividad admİnistrativa, en este supuesto una actividad realizada por la Comunidad de Castilla y León, que obtiene de este modo, una compensación económica de quienes en concreto se ven beneficiados por dicha actividad
Ello deriva del comúnmente denominado principio del “beneficio” para justificar el establecimiento de los tributos, según el cual, dichos tributos se justifican en función del “beneficio” que a los sujetos pasivos de los mismos les reportan los gastos públicos.

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