Son suficientes las estatales.
El el Consejo Económico y Social, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas replican a nivel autonómico órganos análogos estatales que deberían ser únicos y suficientes para todos los territorios de España.
Que no nos obliguen desde fuera a suprimirlos con motivo de un "rescate".
Siss Madrid
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Gracias por su aportación.
La existencia de estas instituciones en el ámbito autonómico constituye una garantía para la defensa y protección de los derechos e intereses de los ciudadanos de Castilla y León, directamente a través de la figura del Procurador del Común, que tiene encomendada esa misión, o indirectamente a través del resto de instituciones que, junto con los mecanismos de asesoramiento y control interno con que cuenta la administración autonómica, garantizan además mediante un control externo que la actividad de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma sea adecuada desde el punto de vista jurídico y económico y que también responda y atienda a los intereses socioeconómicos y laborales de la sociedad castellana y leonesa.
La descentralización política y administrativa supone una mayor proximidad de la actuación de los poderes públicos a los ciudadanos, vinculada al territorio en el que desarrollan sus competencias permite así una democracia más cercana y participada.
Porque esa proximidad y cercanía permite por un lado, que los poderes públicos conozcan directamente y de primera mano las necesidades de la ciudadanía, y por otro que estos ciudadanos puedan participar e intervenir en la actuación de dichos poderes públicos, solicitando la atención de sus intereses y controlando efectivamente su cumplimiento.
Es la verdadera esencia de la democracia que alcanza mayor virtualidad cuanto más cercano se encuentra el poder público a los destinatarios de sus actuaciones, y ello redunda además en una mayor agilidad, eficacia y eficiencia en el funcionamiento de dicha democracia.
Además con este anteproyecto de ley se trata de mejorar la organización y funcionamiento de las cuatro instituciones garantizando una mayor eficiencia y optimizando la gestión de los recursos públicos, todo ello en beneficio de los ciudadanos de Castilla y León, destinatario final de la actuación de las cuatro instituciones.