(2012/08) Anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado (Cerrado)

La convivencia escolar es un requisito básico para un proceso educativo de calidad, siendo igualmente su resultado, así se viene considerando en Castilla y León, desarrollando, a partir de ello, un conjunto de actuaciones y medidas con la finalidad de conseguir un adecuado clima en los centros educativos de la Comunidad. Convivencia adecuada y calidad educativa son dos ámbitos estrechamente relacionados y necesitados del respeto y garantía de los derechos de todos los sectores de la comunidad educativa y, en especial, del profesorado, por el papel fundamental que desempeña en todo el proceso educativo.

Para que los profesores puedan realizar con éxito su tarea es preciso transmitir que, además de la autoridad que les confiere su saber, estén investidos de una autoridad institucional por ejercer la función primordial de la docencia y ser, por ello, garantes inmediatos del derecho constitucional a la educación.

La Ley de Autoridad del Profesorado corolario de todas las actuaciones en materia de convivencia escolar que se vienen llevando a cabo en Castilla y León desde el año 2004, reconoce al profesorado como autoridad pública incluyendo los aspectos legales derivados de dicho reconocimiento y será de aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León que imparten enseñanzas no universitarias en las tareas desarrolladas por el profesorado en el interior del centro, en las actividades extraescolares y complementarias que se realicen fuera de dicho recinto, así como en las que se lleven a cabo durante la realización de otros servicios educativos como el transporte y el comedor escolar.

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  1. Para que se reconozca la autoridad del Profesorado es fundamental que los profesores tengamos el respeto de la sociedad.

    No está mal una ley que nos proteja, pero eso no aumentará nuestra autoridad.
    La autoridad viene del respeto (no al revés). Y el respeto en las aulas viene del respeto en la sociedad. Mientras en la calle se nos considere unos vagos, mientras los políticos azucen al pueblo contra nosotros (que tenemos muchas vacaciones, que cobramos mucho, que no trabajamos), ya pueden sacar todas las leyes que quieran, que los alumnos continuarán pensando que los profesores no merecemos el más mínimo respeto y, de este modo, no tendremos ninguna autoridad (en todo caso la autoridad la tendrán los jueces…

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    Muchas gracias por vuestra participación. Como se comenta en otra de las respuestas, el término autoridad tiene, al menos, dos sentidos, la que tiene que ver con la autoridad moral, los conocimientos y la experiencia, lo que los romanos denominaban “auctoritas”, muy relacionada con lo que algunos denominan vocación. Por otra parte, la autoridad que tiene que ver con la “potestas” romana, otorgada de acuerdo con aspectos formales bien definidos y que significa un reconocimiento social de facultades públicas a los garantes directos de derechos de la toda la sociedad como es el caso del profesorado.

    Desde luego que la publicación puede tener un efecto directo en la segunda, aunque también ese reconocimiento puede repercutir directamente en aspectos vinculados con la primera acepción. El reconocimiento que la sociedad hace con una norma de máximo rango, como esta ley, impulsa un mensaje de respeto que, desde luego, tendrá que estar acompañado…

  2. Los padres y la toma de decisiones

    Los padres tendrán voz pero no voto, en la toma de decisiones en el consejo escolar. Las sugerencias que estos presenten en el consejo escolar se tendrán en cuenta, y posteriormente será el claustro de profesores, que decidirá si dichas sugerencias son adecuadas o no, para ser incluidas en la mejora de la práctica educativa.
    A los padres se les informará en el consejo escolar de todas las decisiones que tome el claustro de profesores, que les implique a ellos o la educación de sus hijos y no de otras cuestiones de la profesión educativa.

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  3. Artículo 5. Propuesta de una nueva redacción:

    "El profesorado en el ejercicio de las potestades de gobierno, docentes y disciplinarias que tengan atribuidas, tendrá la condición de autoridad pública y gozará de la protección y de las obligaciones reconocidas a tal condición por el ordenamiento jurídico. Sin menoscabo de que el profesorado tenga que ganarse la autoridad a través del ejemplo, el respeto y su buen hacer".

    Justificación

    La norma no puede hacer abstracción de que el ordenamiento jurídico otorga a la figura de autoridad pública tanto un determinado tipo de protección como de obligaciones. Igualmente, la norma no puede obviar que la autoridad es una condición…

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    Muchas gracias por vuestra participación. El término autoridad tiene, al menos, dos sentidos. Los romanos ya lo tenían bien claro y distinguían perfectamente la “auctoritas” de la “potestas”. La primera tiene que ver con la autoridad moral, con la profesionalidad, el buen ejemplo, el respeto, la dedicación, el diálogo y la comunicación, los conocimientos y la experiencia, en definitiva, como se dice en esta propuesta, con el “buen hacer”. Esta autoridad, muy relacionada con lo que algunos denominan vocación, no se otorga, se construye y se gana en el trabajo diario con el alumnado y con todos los miembros de la comunidad educativa. Sin embargo, la “potestas” si que es otorgada de acuerdo con aspectos formales bien definidos. No es un poder subjetivo basado en la condición personal sino que está relacionado con un reconocimiento social de facultades públicas a los garantes directos de derechos de la toda la sociedad…

  4. Mi opinion es que el respeto y la dignidad en esta profesión nos la han minado los politicos por eso recuperar nuestro dinero , respet p

    Mi opinión es que nos devuelvan el respeto, la dignidad y nuestros sueldos. Han creado una opinión social en contra de lo profesores, los políticos, diciendo cómo somos y cómo trabajamos sin conocer nuestra labor profesional personal. Poca autoridad puede tener aquel al que le hace el gobierno tanto daño en todos los ámbitos(social , económico, profesional). Debemos tener autoridad, claro que es cierto, no menos cierto que profesionalidad, preparación, dignidad, respeto, estima social.

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  5. Es fundamental que la palabra del profesor no valga lo mismo que la del alumno. Pero hay que garantizar mejor los derechos del alumno.

    Cuando se concede autoridad a un funcionario público, por razón de su cargo (fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, por ejemplo), es importante que ante el litigio la palabra del funcionario no valga lo mismo que la del administrado, en este caso alumno o padre. Sin embargo, es importante también que se refuercen los medios para que esa autoridad no derive en un abuso de poder. No se puede reforzar la autoridad del profesor menoscabando la seguridad jurídica de los alumnos ni su protección.

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    Muchas gracias por vuestra participación. Desde luego que en ningún caso la ley pretende menoscabar la seguridad jurídica de ningún miembro de la comunidad educativa. Al contrario, su principal objetivo es reforzar la figura del profesorado, de manera que como garante de un derecho fundamental, como es la educación, se incrementen las garantías y el respeto a los derechos y cumplimiento de los deberes de todos.

  6. Nos dan una ley para acallar el descontento del profesorado, cada día con más trabajo, más alumnos y menos sueldo.

    Los gobernantes que desacreditan la labor del docente cuestionando el trabajo de los profesores de la enseñanza pública, ignorantes de cómo funcionan los centros educativos, ahora quieren darnos más autoridad. Doten de más medios a los centros educativos, hagan de los equipos directivos un cuerpo más (hacen falta profesionales en la dirección), digitalicen todas las aulas, hagan la enseñanza atractiva y déjense de marear la perdiz con leyes. El Reglamento de Régimen Interno de los centros es más que suficiente, sólo hace falta que se aplique.

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    Muchas gracias por vuestra participación. Desde luego las sugerencias que se hacen son de gran interés, algunas como proporcionar recursos o digitalizar las aulas seguro que son suscritas por la totalidad del profesorado y de los diferentes sectores de la comunidad educativa. Otras, como establecer una dirección “profesional”, recuperando situaciones y figuras pretéritas, probablemente cuenten con menos consenso, aunque es también interesante.
    Por lo que respecta a hacer la enseñanza atractiva esa es una tarea en la que la administración hace y puede hacer mucho más, cómo no. Entre otras cosas, además proporcionar recursos y estrategias que permitan al profesorado desempeñar su tarea adecuadamente y acorde con los tiempos y demandas actuales, puede y debe impulsar el reconocimiento social que contribuya a ello. Esa es la principal finalidad de esta ley. Desde luego que el Reglamento de Régimen Interior es un instrumento clave en la vida de los centros; sin…

  7. Ley de autoridad, pero modificando la Ley del menor

    La norma en su actual redacción creo que no será útil.
    Para la mayoría de las situaciones de la vida de un centro educativo es suficiente con las actuales reglamentaciones, con la salvedad de que el proceso sancionador es muy lento y de un garantismo a veces exajerado. Creo que eso se debe modificar, y más aceptando el borrador aquí propuesto a debate.
    Otro tema distinto es el de algunos alumnos, que podemos definir como "objetores escolares" (la denominación coloquial no es mía), que saben muy bien que todo esto no es más que humo de pajas. En clase impiden…

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    Muchas gracias por vuestra participación. Aunque el objetivo y finalidad de la Ley están claramente definidos, hay aspectos que, a partir de su publicación, y en otras normas del ámbito educativo (por ejemplo, del Decreto 51/2007, de 17 de mayo) deberán ser revisados y actualizados en coordinación, y si procede, con otros ámbitos (social, sanitario, judicial, etc.)
    Todo ello con el objetivo de mejorar el servicio educativo que se ofrece a los ciudadanos.

  8. Art. 4 Derechos y deberes en el ejercicio de la función docente

    Todo ejercicio de unos derechos conlleva el cumplimiento de unas obligaciones o deberes en consonancia con aquellos. La norma al no recoger estos últimos resulta incompleta, por eso se debería añadir algo como lo siguiente:

    Al profesorado en el desempeño de su función docente se le reconocen los siguientes deberes:
    a) Cumplir con sus obligaciones docentes y dar ejemplo en el ejercicio de las mismas.
    b) Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad educativa.
    c) No realizar comentarios o mantener actitudes o comportamientos hacia el alumnado que puedan suponer un trato de discriminación por razones…

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    Muchas gracias por vuestra participación. El reconocimiento de la autoridad del profesorado no significa, en ningún caso, la posibilidad de incumplir deberes y obligaciones. El artículo 1 del borrador de anteproyecto de Ley establece que esta tiene por objeto reconocer la autoridad del profesorado y fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con el fin de procurar el adecuado clima de convivencia en los centros docentes de Castilla y León y garantizar el pleno ejercicio, del derecho a la educación de todo el alumnado. Procurar un adecuado clima de convivencia en los centros y garantizar el derecho a la educación de los alumnos conlleva unos deberes que el profesorado, como es su compromiso y obligación, cumple y la Administración educativa, como es el suyo, evalúa, supervisa y garantiza.

  9. Artículo 11. Propuesta para añadir un párrafo al texto:

    "Estas actuaciones se llevarán también a cabo cuando el profesorado incurra en conductas consideradas como agresión física o moral hacia los alumnos y sus familias, de desconsideración o vejación, abuso de autoridad o de su condición, o la adopción de medidas orientadas solo a sancionar y sin una clara finalidad educadora".

    Justificación:
    La Administración tiene que garantizar la adecuada protección del profesorado, pero también, sin detrimento de ello, debe de garantizar el cumplimiento por parte de éste de sus obligaciones.

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  10. Acerca de las disculpas

    Creo que hay ciertas ofensas morales graves que no se pueden solucionar con una petición de disculpas ni con un "mea culpa". ¿Qué sucede si te amenazan? ¿También se soluciona con una petición de disculpas? Yo creo que debería matizarse un poco más.
    Gracias por otorgarnos esta oportunidad para opinar.

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    Muchas gracias por vuestra participación. El artículo 11 del anteproyecto de Ley establece tanto que “se podrá” reparar el daño moral como que dicha reparación será “de acuerdo” con lo que determine el órgano competente y, además, “sin perjuicio” de la posible responsabilidad civil en que se haya podido incurrir.
    Por otra parte, todos los centros educativos tienen establecido en sus documentos organizativos, educativos y de gestión (plan de convivencia, reglamento de régimen de interior, plan de acción tutorial etc.) las actuaciones necesarias para mantener y mejorar el clima de convivencia en el centro y prevenir e intervenir, si es preciso, en los conflictos que pudieran surgir. Lo establecido en dicha documentación y la actuación personal y profesional del profesorado, unida a la necesaria implicación de las familias del alumnado, será lo que contribuya a alcanzar los objetivos académicos establecidos para el alumnado y, desde luego, la excelencia educativa.

  11. Artículo 10. Propuesta de una nueva redacción:

    "La dirección del centro adoptará las medidas educativas oportunas para promover la convivencia en el centro y prevenir las conductas o hechos que la puedan alterar. Promoverá procesos de mediación y resolución de conflictos. Solo en la medida de que estas medidas no surtan efecto o la especial gravedad de la falta lo indique, la dirección del centro comunicará simultáneamente al Ministerio fiscal y a la Dirección Provincial de Educación los hechos que presuntamente puedan ser constitutivos de delito".

    Justificación

    Antes de proceder a trasladar unos hechos al Ministerio fiscal y a la Dirección Provincial de Educación, el centro educativo…

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    Muchas gracias por vuestra participación. De acuerdo con los datos e informes de los propios centros, la convivencia en los centros educativos de Castilla y León es buena. La mayor parte de las incidencias que se producen son de carácter leve y, en las que tienen una mayor gravedad, el número de alumnos implicados es mínimo con relación al total del alumnado. Por otra parte, y de acuerdo con el contenido de la propuesta, documentos que están en la gestión de todos los centros, como el Plan de convivencia y el Reglamento de Régimen Interior, deben tener previstas medidas para actuar con todo tipo de conductas, las más leves y las más graves. Por lo tanto, y eso está garantizado, en los conflictos en los centros educativos se interviene, y así va a seguir siendo, con medidas educativas. Ello no obsta para que, como se recoge en el artículo 10,…

  12. La presente Ley reconoce la condición de autoridad pública al profesorado

    No entiendo cómo aplicar eso al personal contratado en centros privados que son empresas privadas sin relación con la administración,ya que están contratados por empresas privadas; si lo percibo para funcionarios , tanto de carrera como funcionarios interinos (EBEP)

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    Muchas gracias por vuestra participación. Como ya se indica en otra de las intervenciones, parece oportuno que, aunque los trabajadores o empleados de empresas o instituciones privadas no ostenten la condición de funcionarios públicos a efectos penales, de acuerdo con el artículo 108.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación el reconocimiento como autoridad se haga extensivo a todo el profesorado de centros sostenidos con fondos públicos.

  13. Me parece que era una necesidad y que la Administración actúa correctamente defendiendo al profesorado.

    En el artículo 2, apartado segundo, sustituiría "profesorado" por "personal que imparte docencia", y en vez de "centro docente" "centro educativo", quedando redactado de la siguiente manera:

    "Lo establecido en esta Ley se aplicará a las tareas desarrolladas por el personal que imparte docencia en el interior del centro educativo y a las que, realizadas fuera del recinto del centro, estén directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a algún miembro de la
    comunidad educativa, así como a las que se lleven a cabo durante la realización de otros servicios educativos como el transporte escolar y el comedor escolar."

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    Muchas gracias por vuestra participación. En relación con la sustitución del término “profesorado” por “personal que imparte docencia”, la denominación “profesorado” parece más ajustada a la denominación y finalidad de la ley, al fin y al cabo la ley se denomina “de autoridad del profesorado”. Por otra parte, esta denominación está en consonancia con la terminología utilizada en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en cuyo Título III (Profesorado), Capítulo II, incorpora el “profesorado” de las distintas enseñanzas y así lo sigue haciendo en el resto del articulado.
    Asimismo, en dicha ley, artículo 108 (Clasificación de los centros) se establece que los “centros docentes” se clasifican en públicos y privados. No obstante, es cierto que la utilización “centro docente” ó “centro educativo” se utiliza de modo indistinto en muchos textos normativos.

  14. No entiendo muy bien el párrafo que se refiere a "excusas", en el sentido de que es una obviedad el hecho de pedir perdón, y, por lo tanto,

    el que aparezca en una ley me parece una infantilada.
    ¡Parece que tenemos que pedir perdón por esta "autoridad" que todo el mundo que trabaja en un centro sabe que es necesaria!

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    Muchas gracias por vuestra participación. El artículo 11 (Responsabilidad y reparación) del anteproyecto de Ley recoge la posibilidad de, en casos de conductas consideradas como agresión física o moral al profesorado se podrá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, bien en público o en privado. Este aspecto refuerza lo ya establecido en el artículo 35 (Actuaciones inmediatas) del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y León. En dicho artículo, y con carácter inmediato a la conducta de un alumno que perturbe la convivencia en el centro, el profesor puede llevar a cabo entre otras actuaciones (apartado b)…

  15. En el artículo 4, apartado b hay "barra libre"

    Derecho del profesorado:
    "A la potestad para tomar las decisiones que considere oportunas, respetando los principios de inmediatez, proporción y eficacia, dentro de las funciones que realice de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2."
    El principio de proporcionalidad y de eficacia es tan subjetivo que no tiene más límites respecto a la proporcionalidad a que se note las marcas físicas o mentales. Llevado al extremo, pero en realidad estaría dentro de lo expresado en este apartado tal como está. Por supuesto que los derechos del alumnado existen y la legalidad vigente y el sentido común, pero esto último…

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    Muchas gracias por vuestra participación. Aunque el estilo personal del profesorado puede tener, en mayor o menor medida, ciertas dosis de subjetividad, no hay que confundir lo subjetivo con lo parcial y, mucho menos, con lo claramente tendencioso o, sencillamente, carente de legalidad. Los sistemas educativos modernos disponen de mecanismos precisos para garantizar los derechos de todos los sectores de la comunidad educativa y, muy especialmente, del alumnado. En caso de que el sentido común falle, la legalidad vigente cumplirá con el papel que le ha sido encomendado.

  16. También soy de opinión que las excusas no deben figurar en una ley

    A la vista de la intervención de la Dirección General, que pongan las tres "R" en la ley pero no lo de las excusas.

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